Por: Bache3000

El Café del Puerto anunció ayer su cierre luego de meses de funcionamiento en el Puerto San Carlos. En un comunicado publicado en redes sociales, los concesionarios informaron que "la Municipalidad no pudo garantizarnos las condiciones necesarias para seguir" y que por eso decidieron cerrar esta etapa. "Abrimos con una inversión enorme, trabajando de lunes a lunes", señalaron, pero reconocieron que sin las condiciones adecuadas por parte del municipio, prefirieron no continuar. "Si hay algo que tenemos claro es que esta familia las cosas las hace bien, o no las hace. No trabajamos a medias", explicaron.

Fuentes municipales confirmaron a este medio que estaban muy conformes con el trabajo que llevaban adelante los concesionarios en el café, pero reconocieron que nunca pudieron lograr la habilitación del espacio ni brindar las condiciones de infraestructura adecuadas para trabajar, pese a que los concesionarios venían exigiendo estas mejoras desde hace tiempo. Estas eran precisamente las condiciones que el entonces secretario de Turismo Sergio Herrero había prometido al momento de entregar el espacio, y que nunca cumplió.

El cierre pone punto final a un emprendimiento que desde su origen estuvo marcado por irregularidades administrativas que este medio documentó exhaustivamente. La historia del Café del Puerto comenzó cuando Herrero entregó el espacio "de palabra". Esta entrega directa, sin llamado público ni proceso de selección transparente, generó las primeras dudas sobre el manejo del patrimonio municipal.

Durante meses, el café funcionó sin el respaldo legal correspondiente. El municipio confirmó en su momento a este medio que el permiso precario existía pero que "aún no estaba firmada la resolución que debe ser enviada al concejo deliberante para su aprobación". Recién el 12 de agosto apareció la Resolución N° 00001690-I-2025 ratificando un convenio supuestamente firmado el 10 de mayo con los concesionarios, pero ese convenio nunca fue publicado en su totalidad ni enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento, como indica la práctica institucional.

La responsabilidad de estas irregularidades administrativas recae exclusivamente en el municipio, que tiene la obligación de garantizar transparencia en el uso y manejo de los bienes del Estado Municipal. Los concesionarios reclamaron tener todo en regla y las condiciones necesarias para trabajar adecuadamente, pero lo cierto es que el municipio nunca logró regularizar la situación administrativa del espacio ni brindar la infraestructura prometida. Esa responsabilidad corresponde a la autoridad municipal que debe asegurar que los procedimientos se cumplan y que las condiciones estén dadas antes de permitir el funcionamiento de cualquier emprendimiento en un bien público.

La respuesta del municipio al pedido de informes del concejal Leandro Costa Brutten del Bloque Incluyendo Bariloche sobre estas irregularidades fue reveladora: en lugar de dar explicaciones, la secretaria de Legal y Técnica se limitó a derivarlo a la página web municipal, evadiendo respuestas sobre aspectos fundamentales como quién cobró el canon durante los meses previos a la formalización, cuál era el monto exacto de ese canon, o por qué el secretario de Turismo había realizado la entrega inicial sin seguir procedimientos establecidos.

Además, el Ministerio de Trabajo realizó una fiscalización que encontró personal trabajando sin estar registrado en el local, situación que según los propios concesionarios luego se regularizó.

En su comunicado de cierre, los concesionarios mencionan que "circularon versiones que no fueron ciertas" sin especificar cuáles, cuando en realidad lo que este medio publicó fueron hechos documentados, confirmados por fuentes municipales y respaldados por la ausencia de documentación pública que avalara la legalidad de la operación durante meses.

El cierre del emprendimiento coincide temporalmente con la salida de Sergio Herrero de la Secretaría de Turismo por "razones personales". Lo concreto es que el espacio gastronómico del Puerto San Carlos, que fue cedido mediante un proceso irregular y funcionó meses sin la documentación legal correspondiente ni las condiciones de infraestructura prometidas, ahora vuelve a estar disponible tras el retiro de sus concesionarios. Herrero prometió condiciones que nunca cumplió, el municipio nunca logró la habilitación necesaria ni brindó la infraestructura adecuada que los concesionarios venían reclamando, y ahora el café cierra pese a que, según reconocen fuentes municipales, el trabajo realizado era satisfactorio.

La historia del Café del Puerto deja en evidencia cómo la discrecionalidad en la entrega de espacios públicos, la ausencia de procedimientos transparentes y la incapacidad del Estado Municipal para cumplir con sus compromisos básicos pueden derivar en emprendimientos que, pese a la buena voluntad y el esfuerzo de sus concesionarios, no logran sostenerse en el tiempo por falta de respaldo institucional. La responsabilidad del Estado Municipal en garantizar la legalidad, transparencia y condiciones adecuadas en el manejo de sus bienes no puede delegarse ni eludirse, y este caso demuestra las consecuencias de permitir que las promesas incumplidas y la improvisación administrativa terminen frustrando iniciativas que, con el marco adecuado, podrían haber prosperado.