Por: Bache3000

 

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le dio el último golpe judicial al referéndum que el intendente Walter Cortés había convocado para el 9 de noviembre. El máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado la Municipalidad de Bariloche después del fallo que declaró la nulidad de la consulta popular, cerrando así la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema de la Nación. Con esta decisión se agota la vía recursiva en el fuero provincial y queda definitivamente sepultado el intento del jefe comunal de someter a votación ciudadana diez preguntas sobre temas de fuerte impacto político y social.

La resolución del STJ es contundente: no existe una cuestión federal que justifique la intervención del máximo tribunal nacional. El fallo señala además que el planteo del municipio llegó fuera de término y sin cumplir los requisitos formales necesarios. Según el tribunal, la Municipalidad no introdujo en tiempo y forma los agravios constitucionales que invocaba, no demostró la existencia de un perjuicio actual derivado del fallo anterior ni refutó todos sus fundamentos. Como si eso fuera poco, el STJ tomó en cuenta un dato incontrastable: la fecha prevista para el referéndum ya pasó, por lo que el conflicto carece de efectos jurídicos pendientes y cualquier intervención judicial posterior perdería sentido.

La historia de este enfrentamiento institucional comenzó en septiembre, cuando Cortés firmó las resoluciones que convocaban al referéndum para el 9 de noviembre con diez preguntas que incluían desde el ingreso de plataformas de transporte como Uber hasta la utilización de la Ecotasa, la situación de la Isla Huemul, licencias gremiales pagadas con fondos públicos, intervenciones urbanas y mecanismos de financiamiento para obras. La movida del intendente generó una reacción inmediata en el Concejo Deliberante, donde cinco ediles de diferentes bloques opositores se unieron para presentar una demanda ante el STJ por conflicto de poderes.

Los concejales Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten de Incluyendo Bariloche, Roxana Ferreyra de Nos Une Río Negro, Facundo Villalba de Primero Río Negro y Samanta Echenique de Cambia Bariloche denunciaron que el Ejecutivo se había arrogado facultades que la Carta Orgánica Municipal no le reconoce. Su argumento central era simple pero contundente: según el artículo 38 inciso 14 de la Carta Orgánica, la potestad de definir los temas que pueden ser sometidos a votación popular es exclusiva del Concejo Deliberante. El artículo 163, por su parte, establece que la participación del Ejecutivo se limita a la organización del acto electoral, solo después de una decisión expresa del cuerpo legislativo.

El conflicto escaló rápidamente. Semanas antes del fallo definitivo, el procurador general Jorge Crespo emitió un dictamen consultivo donde explicó que existía un conflicto de poderes y desaconsejó la ejecución de la consulta. Aunque el dictamen no era vinculante, cayó como un balde de agua fría en el Ejecutivo municipal que ya había lanzado la campaña para dar a conocer el referéndum a la sociedad e invertido unos 60 millones de pesos en capacitaciones. La noticia además generó ruido en la relación política entre el jefe comunal barilochense y el gobernador Alberto Weretilneck, sobre todo por la cercanía del mandatario provincial con Crespo, a quien había apoyado mediáticamente en su candidatura a procurador en 2017.

El golpe definitivo llegó el 31 de octubre, a solo nueve días de la fecha prevista para la votación. El STJ falló por mayoría y declaró que el conflicto de poderes debía resolverse a favor de los concejales. Los jueces Ricardo Apcarian, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Cecilia Criado votaron a favor de anular las resoluciones convocantes, mientras que Sergio Barotto optó por el rechazo porque entendió que había falta de legitimación activa de los accionantes. El fallo sostuvo que el llamado se realizó "en exceso de su competencia, invadiendo facultades propias del Concejo Municipal" y anuló la convocatoria original junto con otras dos medidas complementarias dictadas por el Ejecutivo.

La reacción de Cortés fue inmediata y no sin enojo. El intendente salió en conferencia de prensa a cuestionar duramente al STJ, acusó a los jueces de cometer "una gran equivocación" y arremetió contra lo que considera un centralismo de Viedma contra Bariloche. "Siempre es Viedma contra nosotros. Esta es la ciudad más grande, que vengan a visitar y vean cómo vive el barilochense", declaró visiblemente molesto. El jefe comunal anunció que apelaría ante la Corte Suprema de la Nación y ratificó que "más temprano que tarde" se realizaría el proceso electoral. Sin embargo, cuatro días después del fallo del STJ tuvo que formalizar la cancelación del referéndum mediante una nueva resolución administrativa.

El gobierno municipal intentó llevar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal, planteando que el fallo afectaba la autonomía local, recortaba los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normativa y violaba garantías constitucionales. En el recurso, la defensa municipal argumentó que el STJ había tergiversado el artículo 163 de la Carta Orgánica al considerar que solo el Concejo Deliberante puede convocar referéndums, creando así un requisito inexistente en la norma. Sostenían que el término "Gobierno Municipal" abarca tanto al Departamento Ejecutivo como al Deliberante, y que la Carta Orgánica no exige que medie una ordenanza del Concejo para autorizar la consulta.

El documento denunciaba que la sentencia del STJ incurrió en arbitrariedad judicial y defendía que nunca hubo paralización ni entorpecimiento del órgano deliberativo. Para la defensa municipal, incluso si el referéndum aprobaba alguna propuesta, el Concejo tendría la última palabra legislativa para instrumentarla, por lo que sus atribuciones permanecían intactas en todo momento. También cuestionaron desde la raíz la legitimación de los cinco concejales que promovieron la acción, argumentando que actuaron "por derecho propio" y no en representación del Concejo Deliberante como institución, lo que para ellos constituía un vicio procesal grave.

Pero el STJ no le dio lugar. El tribunal consideró que no se configuró una cuestión federal que justificara la intervención del máximo tribunal nacional y destacó que el planteo había sido presentado sin cumplir los requisitos formales necesarios. El STJ recordó además que la Corte Suprema no interviene en causas abstractas ni en conflictos de poderes municipales cuando no hay cuestión federal real y actual. Con la fecha del referéndum ya transcurrida, cualquier pronunciamiento sobre el tema perdía toda utilidad práctica y se convertía en una discusión meramente teórica sin efectos jurídicos concretos.

El caso dejó secuelas políticas profundas. Tras conocerse el fallo original del STJ en octubre, el Soyem salió a festejar con banderas, bocinas y bengalas en una combi que recorrió las calles barilochenses dando varias vueltas al Centro Cívico. El sindicato tenía un interés directo en que se cayera el referéndum: una de las preguntas de Cortés buscaba el aval ciudadano para eliminar el pago de sueldos a los dirigentes gremiales con licencia. Los concejales opositores también celebraron el resultado y acusaron al intendente de haber intentado "llevarse puesta a la democracia" al no respetar las funciones y competencias exclusivas de cada uno de los poderes.

Decidido a no quedarse de brazos cruzados tras la derrota judicial, Cortés avanzó por "decreto" con varios de los temas que había planteado en el referéndum. A las pocas horas de conocerse el fallo del STJ, el intendente dejó sin efecto dos resoluciones de su antecesor Gustavo Gennuso que prohibían el uso de aplicaciones de transporte, liberando así el funcionamiento de Uber en Bariloche. Era uno de los puntos más conflictivos que había querido poner a consideración de la población para zafar de la discusión en el Concejo. No esperó al cuerpo legislativo y firmó los decretos correspondientes adelantándose a los proyectos que esperaban ser tratados.

El enfrentamiento también profundizó las tensiones entre Cortés y el Concejo Deliberante. Lo que había logrado el intendente, paradójicamente, fue unir al cuerpo legislativo en su contra. Ediles de diferentes fuerzas políticas que difícilmente coinciden en otros temas se pusieron de acuerdo para frenar lo que consideraban un avance autoritario sobre las atribuciones del Legislativo. El debate llegó a momentos de alta tensión: en una sesión del Concejo a sala llena, el edil de Juntos Somos Río Negro Juan Pablo Ferrari recibió un insulto del público y tuvo que ser frenado por su colega Leandro Costa Brutten para que no se desatara una pelea.

La fallida consulta popular había sido concebida por Cortés como su caballito de batalla para encarar los dos años de gestión que le quedan con un Concejo Municipal dominado por la oposición. El resultado iba a ser su carta de legitimación popular para impulsar cambios estructurales sin depender de los consensos deliberativos que considera burocráticos y lentos. El intendente había emparentado su iniciativa con el triunfo de Javier Milei en las elecciones nacionales de 2023, definiéndolo como "un claro sopapo a la política tradicional". Aspiraba a construir un respaldo ciudadano que le permitiera sortear la grieta del "Uber Sí / Uber No" y avanzar con una agenda de reformas que incluía desde la emergencia habitacional hasta la reducción del número de concejales y la modificación de la Carta Orgánica Municipal.

La relación política entre Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck también sufrió el impacto del conflicto. Durante los meses previos a las elecciones legislativas de octubre de 2024, ambos dirigentes habían exhibido una camaradería explícita que se resumía en sus propios saludos frente a la prensa: "Mi amigo Walter; mi amigo, el gobernador". Multitudinarios actos juntos en la ciudad lacustre, videos para redes sociales ponderando ambas gestiones y una cercanía que incluso llevó a Weretilneck a apoyar públicamente el referéndum. Sin embargo, la alianza no resultó como esperaba: Juntos Defendemos Río Negro cosechó magros resultados en Bariloche en esas elecciones, muy por debajo del promedio provincial, y el oficialismo quedó sin senadores ni diputados nacionales.

El desenlace judicial deja al intendente con un panorama complejo. Con la vía recursiva agotada en el ámbito provincial, Cortés se queda sin la herramienta del referéndum y debe buscar alternativas para impulsar su agenda de gobierno. Ya anunció que buscará una reforma de la Carta Orgánica Municipal, a la que califica como "vieja y rebuscada", para otorgarle mayores facultades al Ejecutivo y reducir el número de concejales. También prometió avanzar por otras vías con la emergencia habitacional y otros proyectos de obra pública que estaban contemplados en el referéndum, como un centro de convenciones y una pileta municipal. "Vamos a seguir firmes en nuestras convicciones, vamos a cambiar esta situación que nadie tuvo coraje de enfrentar", desafió tras conocerse el primer fallo adverso.

Los concejales que frenaron el referéndum sostienen que defendieron la división de poderes y el respeto a la Carta Orgánica. El intendente, por su parte, insiste en que la Justicia y los ediles le pusieron un freno a la participación ciudadana y a la posibilidad de que los barilochenses opinen sobre temas que los afectan directamente. Lo cierto es que el referéndum quedó definitivamente sepultado y Cortés deberá transitar los dos años que le quedan de gestión con un Concejo hostil y con la necvesidad de construir legitimación popular a través de otros medios.