Por: Bache3000

Hay decisiones que se toman para resolver problemas y hay decisiones que se toman para seguir pateando el problema hacia adelante, que es una forma de resolver: resolver no resolver, resolver que el problema siga siendo problema pero que —por ahora, por un ratito más— no sea nuestro problema. El municipio de Bariloche acaba de tomar una de esas decisiones: licitar por más de 50 mil millones de pesos la gestión del vertedero municipal para los próximos diez años, construir nuevas celdas en el mismo lugar donde está ahora, invertir una fortuna en consolidar lo que se suponía provisorio, y confirmar así —con la contundencia de los 50 mil millones— que el basural no se va a ir a ningún lado.

La administración de Walter Cortés prepara el lanzamiento de una licitación pública para tercerizar la gestión integral del basural durante la próxima década. El presupuesto oficial calcula 3.880 millones de pesos para la obra civil —las nuevas celdas impermeabilizadas, los estudios, las geomembranas, todo eso— y 46.860 millones para operar el servicio durante diez años. Son números de noviembre de 2025, claro, que se actualizarán cuando se abran las ofertas, porque en este país los números tienen esa virtud de volverse obsoletos antes de que termine de imprimirse el papel.

La empresa que gane tendrá 300 días corridos para construir la infraestructura: estudios de factibilidad, proyecto civil, movimientos de suelo, instalación de geomembranas impermeabilizantes, construcción de piletas para los lixiviados, sistemas de venteo de gases. Recién después de esos 300 días empezará formalmente el plazo de concesión, que se extenderá por diez años con posibilidad de prórroga. Las nuevas celdas tendrán capacidad para 199.000 metros cúbicos, con un área de operación de 37.500 metros cuadrados, seis metros de profundidad y una altura máxima de 8,5 metros. Dimensiones proyectadas para maximizar la vida útil del sitio de disposición final, dice el pliego, y para cumplir con normativas ambientales más exigentes que las actuales, aunque la propuesta no aborda —qué curioso— los pasivos ambientales acumulados durante décadas.

Porque hay una cláusula en el pliego que promete controversia: el municipio asume en forma exclusiva los pasivos ambientales preexistentes. La empresa que opere el vertedero durante los próximos diez años queda exenta de toda responsabilidad administrativa, civil o penal por lo que pasó antes. Más todavía: ante cualquier reclamo, actuación o sanción vinculada a esos pasivos, el municipio se compromete a defender a la empresa, a mantenerla indemne, a indemnizarla, a cubrir íntegramente costos, gastos y honorarios. Es una forma elegante de decir que el Estado municipal se hace cargo de décadas de gestión deficiente y que la empresa que venga a operar el basural durante la próxima década puede dormir tranquila: los muertos del pasado son problema de otro.

Tomás Guevara, referente de la gestión de residuos en la ciudad, tiene algunas preguntas incómodas. "No queda claro que exista lugar físico para una nueva celda", dice. "De hecho el vertedero se está comiendo el barrio Valle Azul y el terreno privado lindero". Es decir: antes de pensar en dónde poner las nuevas celdas impermeabilizadas con sus 199.000 metros cúbicos, habría que preguntarse si efectivamente hay espacio o si lo que se va a hacer es seguir avanzando sobre lo que no es del municipio, sobre lo que es de los vecinos o de privados que miran cómo la basura se les acerca metro a metro.

Y hay más. "¿Qué rol va a tener la ARB si se concesiona el servicio?", pregunta Guevara. "La ordenanza 3349 plantea con claridad que el predio debe ser un centro de transferencia y agregado de valor con participación de la ARB y otras entidades. Este pliego no lo contempla". Es una pregunta razonable: si hay una ordenanza que dice que el vertedero debería ser otra cosa, un centro de transferencia con participación de los recicladores, ¿qué hace este pliego que ignora esa ordenanza como si no existiera?

"Saludamos que haya al menos una propuesta concreta", dice Guevara, en ese tono que usan los que saben que lo que van a decir después va a doler un poco más. "La Provincia sigue siendo la gran ausente. Hace poco anunciaron que van a financiar el vertedero regional del alto valle oeste. ¿Y la región andina para cuándo?"

Según Guevara, "en tiempos de Gustavo Gennuso ya se quiso hacer una nueva celda". Sin avanzar un centímetro en la ordenanza 3349 de cierre y relocalización. "Esto es lo mismo", dice Guevara. "Y en ese sentido incumple la ordenanza. Nos parece bien acomodar la gestión del vertedero mientras esté ahí. Pero ni Gennuso ni Cortés destinaron un solo peso aún a gestionar el vertedero regional que es el espíritu de la 3349. Este proyecto avanza aún más y concesiona el servicio público. Eso requiere de mayorías agravadas y dos vueltas. No sé si habrá consenso político para algo que solo pareciera querer patear hacia adelante el problema sin avanzar en la solución definitiva".

Ahí está el nudo: concesionar un servicio público requiere mayorías especiales en el Concejo Deliberante, dos vueltas de votación. No es un trámite menor. Y la pregunta es si habrá consenso político para consolidar por una década más algo que la propia ordenanza 3349 dice que debería cerrarse y relocalizarse. Si habrá consenso para invertir 50 mil millones en un lugar que se supone provisorio pero que lleva décadas siendo definitivo.

El pliego establece que la empresa deberá encargarse del tratamiento y disposición final de los residuos de la ciudad y áreas de influencia, incluyendo el Parque Nacional Nahuel Huapi y Dina Huapi. Quedan excluidos los residuos peligrosos, patológicos y radioactivos. Entre las obligaciones figuran el control de ingreso de residuos, vigilancia perimetral, mantenimiento de equipamiento, monitoreo ambiental continuo, prevención de incendios, gestión diferenciada de residuos forestales que deberán ser triturados. También deberá garantizar la clausura técnica y cobertura final de los módulos que se vayan completando.

Para participar, las empresas deberán acreditar patrimonio neto mínimo de 2.500 millones de pesos y experiencia comprobada en gestión de residuos durante al menos 12 meses en los últimos cinco años en ciudades de más de 80.000 habitantes. El sistema de evaluación prioriza la propuesta técnica y ambiental —40 puntos sobre 100—, seguida por la oferta económica con 30 puntos, los antecedentes técnicos con 15 y la solvencia económica y financiera con los 15 restantes. Las garantías irán del 1% del presupuesto oficial para participar hasta el 5% y 3% una vez firmado el contrato.

Hay una cláusula curiosa: el pliego permite al municipio rescindir anticipadamente el contrato después de cinco años si decidiera utilizar un centro de disposición final regional fuera del ejido municipal. Sin derecho a indemnización para la empresa. Es decir: si en cinco años aparece el vertedero regional que nunca aparece, el municipio podría cortar el contrato. Pero la propia licitación parece descartar esa posibilidad al impulsar una inversión millonaria en el sitio actual. Es como decir: vamos a invertir 50 mil millones en quedarnos acá, pero dejamos una puertita abierta por si algún día nos vamos, aunque todos sabemos que no nos vamos a ir.

La contratación contemplará redeterminación de precios cuatrimestral o cuando la variación supere el 5%. Para la obra se aplicará el sistema de la Ley Provincial 286 con índices de la Cámara Argentina de la Construcción; para el servicio, cada oferente deberá presentar su propia fórmula polinómica según su estructura de costos. El sistema es de ajuste alzado: la empresa cobrará un monto global por la obra y otro por el servicio mensual, con certificaciones mensuales. El municipio retendrá un 5% de cada certificado de obra como fondo de garantía hasta la recepción definitiva.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos recibirá ofertas en el Departamento de Compras y Suministros, aunque al momento de difusión del pliego no se fijó fecha definitiva para la apertura. Los pliegos estarán disponibles en el sitio web municipal hasta cinco días antes del acto licitatorio.

La decisión de tercerizar un servicio tan sensible ambientalmente y consolidar la permanencia del basural en su ubicación actual llega en un contexto de críticas recurrentes sobre la gestión del vertedero, que opera sin clausura técnica definitiva y presenta deficiencias en el tratamiento de lixiviados y control de gases. Llega después de años de promesas sobre relocalizaciones que nunca se concretan, sobre vertederos regionales que nunca se financian, sobre soluciones definitivas que siempre quedan para después. La pregunta que queda abierta —y que Guevara plantea con toda razón— es si la administración municipal mantendrá capacidad de fiscalización efectiva sobre una concesión de una década, o si la falta de personal técnico y recursos propios terminará diluyendo el control público sobre el manejo de los residuos de toda la región. Y la pregunta más incómoda todavía: si invertir 50 mil millones en consolidar lo provisorio no es, al final, la forma más cara y más larga de seguir sin resolver nada.