Por: Bache3000

Las tres centrales sindicales con representación en la zona andina se reunieron este martes en conferencia de prensa para anunciar una movilización conjunta contra la reforma laboral que el presidente Javier Milei envió al Congreso para ser tratada en sesiones extraordinarias. La convocatoria para el próximo jueves 18 de diciembre busca convertirse en una de las protestas más masivas del año en Bariloche, en un contexto donde el oficialismo nacional acelera el trámite legislativo de cambios profundos en las relaciones laborales.

La conferencia, que se realizó a las 9:30 de la mañana en la sede de UPCN ubicada en Curuzú Cuatiá 145, reunió a dirigentes de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, quienes dejaron de lado las tradicionales diferencias que suelen distanciar a estas organizaciones para conformar un frente común de rechazo a la iniciativa gubernamental. La gravedad de las modificaciones propuestas logró que las distintas corrientes compartan diagnóstico y estrategia de resistencia ante lo que consideran un ataque directo a los derechos conquistados históricamente por los trabajadores.

Luis Confrini, secretario general de la CGT Zona Andina, expresó durante el encuentro que la idea principal de la movilización es concientizar a la población para que comprenda cuáles son los verdaderos motivos detrás de esta reforma que el Gobierno pretende aprobar de manera apresurada. El dirigente sindical no ocultó su malestar al señalar que desde el oficialismo nacional pretenden terminar de "amargar el año" a los trabajadores con una iniciativa que considera lesiva para los derechos laborales fundamentales.

Por su parte, Jorge Molina, secretario general de la CTA de los Trabajadores en Río Negro, manifestó la esperanza de que la movilización convocada para el jueves sea masiva y logre expresar el rechazo generalizado que existe en el sector sindical respecto del proyecto oficial. Molina fue enfático al sostener que el país necesita efectivamente una reforma laboral, pero en un sentido completamente opuesto al propuesto por el Gobierno, ya que cualquier modificación del marco normativo debería ampliar los derechos existentes e incorporar a los millones de trabajadores informales que hoy están fuera del sistema de protección laboral, en lugar de recortar las garantías de quienes ya están registrados.

 

(El presidente Javier Milei firmando el proyecto de Reforma Laboral junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni) 

Qué dice el proyecto de Reforma Laboral de La Libertad Avanza

El proyecto que motiva esta convergencia sindical introduce modificaciones sustanciales en prácticamente todos los aspectos de las relaciones laborales en Argentina. Entre los cambios más polémicos se encuentra la posibilidad de que los salarios puedan abonarse en moneda extranjera de forma opcional y se habilite el pago a través de billeteras virtuales, algo que actualmente está prohibido por la legislación vigente. La iniciativa gubernamental también incorpora el concepto de negociación dinámica del salario, un mecanismo que facultaría tanto a sindicatos como a trabajadores individuales a acordar con las empresas ingresos extra vinculados a productividad u objetivos específicos, lo que según los gremios podría terminar debilitando la negociación colectiva tradicional.

En materia de indemnizaciones, el proyecto establece montos significativamente más bajos al excluir del cálculo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros beneficios que no sean de pago mensual. Las indemnizaciones dispuestas en juicios laborales se actualizarían por inflación más apenas un tres por ciento anual, y podrían pagarse en hasta doce cuotas mensuales, lo que según especialistas en derecho laboral representaría una licuación importante del valor real de las compensaciones. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo optativo donde los empleadores podrían aportar el tres por ciento del salario a una cuenta de inversiones destinada al pago de indemnizaciones, compensando ese aporte con descuentos en cargas sociales.

Uno de los aspectos que genera mayor rechazo en el movimiento obrero organizado es la modificación del derecho a huelga. El proyecto amplía significativamente la lista de servicios esenciales que no pueden brindar menos del setenta y cinco por ciento de su funcionamiento normal durante medidas de fuerza, incorporando telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, servicios aduaneros y migratorios, y educación en todos sus niveles excepto el universitario. Además, crea una nueva categoría de servicios de importancia trascendental que no pueden operar por debajo del cincuenta por ciento de su capacidad, incluyendo transporte, industria farmacéutica, construcción, minería, comercio electrónico, gastronomía y hotelería, entre otros sectores, lo que en la práctica limitaría severamente la capacidad de los sindicatos de realizar paros efectivos.

La movilización del jueves en Bariloche se enmarca en un contexto nacional donde diversas centrales sindicales están coordinando protestas simultáneas en las principales ciudades del país, intentando generar presión sobre el Congreso para que rechace o modifique sustancialmente el proyecto oficial. Los dirigentes locales confían en que la histórica unidad lograda entre las tres centrales en la zona andina se traduzca en una participación masiva que exprese el descontento generalizado ante una reforma que consideran regresiva y que, según su perspectiva, busca trasladar los costos del ajuste económico exclusivamente a los trabajadores mientras las empresas obtienen mayor poder de negociación y menores obligaciones.