Por: Martín Pargade

Pablo Chávez, hijo de Julia, confirmó la noticia en medio del caos que todavía se vivía en el lugar. "Conseguimos una prórroga de 30 días para el desalojo, pero todavía nos falta. Es como que ellos vienen y nos dan un permiso para quedarnos 30 días, no hay más que eso", señaló con evidente preocupación.

La jornada dejó un saldo de cinco personas detenidas, entre ellos el hijo de Julia, su hermano, su cuñado y dos amigos. Según denunció Pablo, los detenidos permanecen incomunicados y hasta el momento no han podido acceder a ellos. "Se dice que están incomunicados, debería estar el doctor De Ápice que vino acá, debería ser el que tiene que ir a la comisaría a formular los cargos y liberarlos en caso de ser necesario, pero todavía no tenemos esa novedad, no sabemos qué pasa", explicó.

El operativo de desalojo, que finalmente se suspendió de manera provisoria, se llevó adelante con extrema violencia. Las fuerzas de seguridad arrojaron gas lacrimógeno contra los cientos de vecinos que se habían congregado para frenar la medida, alcanzando incluso a niños y periodistas. La gente respondió con piedras y palazos en medio de escenas de caos y tensión. El tránsito fue cortado en la zona y la situación se prolongó durante horas.

Pablo denunció que su madre fue víctima de violencia directa por parte de los efectivos. "A mi mamá la tiraron. La tiraron y la arrastraron hasta dentro de la casa. No se cayó sola. Prácticamente, desde la cama la echaron a la calle", afirmó con indignación. También responsabilizó al jefe Aguirre, de la Unidad 28, quien estuvo a cargo del operativo policial, y cuestionó duramente al juez que ordenó la medida: "El juez no vino a dar la cara. No tuvo los huevos para dar la cara de la mierda que están haciendo. Porque mi vieja vive toda la vida acá: hace 75 años vive mi vieja acá".

La familia Chávez denuncia que todo el proceso se llevó adelante con irregularidades y en secreto. Según explicó Pablo, la medida fue tomada "con un artilugio que utiliza el estudio Bótbol a través de Rugli de resolver en reservado con Mariano Castro". Por esta razón, asegura, no pudieron ver qué pasaba en el expediente y no hubo preaviso del desalojo. "Esto se hace a escondidas", sentenció.

Cuando intentaron ser recibidos en el juzgado junto a su abogado para plantear la situación, las puertas se les cerraron. "Cuando vinieron nos quisieron atender, no salió ningún juez. Ahora que fue el abogado con mi hermano, no los quiso atender nadie en el juzgado. Le cerraron todas las puertas. Y ahora vienen a decirnos que nos van a dar 30 días", relató con bronca.

 

 

 

 

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La prórroga no es producto de una decisión judicial que reconozca las irregularidades del caso, sino el resultado de una negociación. "No es que vino el juez y dijo 'no muchachos, tienen razón, tenemos que resolver esto antes de ordenar el desalojo, lo que se hizo estuvo mal'. No, él dice ahora las partes 30 días hasta que resolvamos otra cuestión, es lo único que hablan, no hay más", explicó Pablo.

Además, la familia ve con preocupación que la prórroga coincide con el inicio de la feria judicial. "Ahora comienza la feria. Hasta eso tienen las trampas. Es una trampa porque nos van a costar 30 días. Mentira", denunció una vecina presente en el lugar.

Antes de que la familia pueda volver a ingresar a la vivienda, el abogado de la parte demandante realizará un inventario de la propiedad. Recién después de ese procedimiento, Julia y sus hijos podrán regresar a su casa, lastimados física y emocionalmente por la violencia del operativo.

La historia detrás de este conflicto se remonta a 1992, cuando Julia firmó documentos que creyó correspondían a una habilitación comercial pero que en realidad implicaban la cesión de su terreno a un matrimonio que ahora reclama la propiedad. La familia denuncia que nunca tuvieron oportunidad de defensa y que la Justicia jamás investigó quién vive realmente en ese terreno desde hace más de siete décadas.

La prórroga de 30 días es apenas un respiro en una batalla legal que la familia Chávez deberá seguir peleando, ahora con cinco detenidos, una mujer de 80 años lastimada y la sensación de que la Justicia actuó de manera irregular y violenta contra una familia que solo defiende su hogar.