Por: Bache3000

El Concejo Deliberante trató este miércoles el veto parcial del intendente Walter Cortés a la ordenanza 3547-CM-2025 que regulaba el transporte privado de pasajeros mediante aplicaciones, en una sesión marcada por cruces políticos y acusaciones de inconstitucionalidad. La resolución municipal 2971/25 vetó 16 de los 26 artículos de la norma, en lo que la oposición calificó como un "veto encubierto total" y una nueva muestra de lo que denominaron "gobierno por decreto".

El presidente del Concejo, Gerardo del Río, condujo la votación artículo por artículo, como exige el procedimiento para vetos parciales, en un resultado que dejó dividido al cuerpo. Los concejales ratificaron ocho artículos vetados —el 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 25— pero no lograron reunir los dos tercios necesarios para sostener otros ocho —el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 26—. En todas las votaciones, los concejales Hercigonia, Coronado y Del Río votaron en contra de la ratificación, mientras que en los artículos que regulaban el cupo y la comisión de control se sumó el voto negativo de Samanta Echeñique, la edil del PRO que resultó clave para que el oficialismo lograra sostener el veto en esos puntos centrales de la ordenanza. Esta decisión de Echeñique generó críticas por su "llamativo" alineamiento con la postura del intendente Walter Cortés en un tema que había generado consensos amplios en el Concejo.

"Una ordenanza que se aprobó en este Consejo fue el trabajo de seis meses de este cuerpo. Fueron salas repletas de vecinos y vecinas, trabajadores de plataforma, trabajadores de taxis, trabajadores de remises, pidiéndonos una solución", comenzó su exposición la concejal Roxana Ferreyra, autora del proyecto. "De 26 artículos el intendente vetó 16. Entonces sigue mintiendo porque no tiene el coraje de vetarla entera, no tiene el valor político de decir la verdad", arremetió la edil.

Ferreyra cuestionó especialmente que el intendente haya impuesto mediante resolución una tasa de 1.250 módulos fiscales para habilitar vehículos sin que esa medida pasara por el Concejo. "¿Me puede explicar Presidente, cómo impuso el monto de la TICH el Intendente? Porque acá no pasó ninguna ordenanza. Yo quiero saber desde cuándo el intendente tiene la facultad de imponer tributos que no pasen por este consejo municipal", planteó. La concejal fue más allá y enumeró los nueve vetos que hasta ahora aplicó Cortés sobre ordenanzas del Concejo, incluyendo temas como pauta publicitaria, acceso a la información pública, el pago a Naptur, la renovación de concesiones y el registro de árboles singulares.

"Le importa muy poco al Intendente la seguridad de nuestros vecinos, le importa muy poco tener ordenada la ciudad y le importa muy poco que trabajen tranquilos", sostuvo Ferreyra. "Lo que va a pasar ahora, si este veto se aprueba, van a salir a cazar a los laburantes de Uber, que están totalmente precarizados y ahora se van a quedar sin nada. Porque también no los deja ni siquiera que puedan habilitarse", alertó la concejal, quien además criticó la situación del transporte público: "900 vehículos en una ciudad donde el transporte urbano de pasajeros es un desastre. Porque el intendente durante su campaña dijo que iba a revisar el contrato de Mi Bus, no revisó ni un punto y es cada vez peor. Ayer la audiencia pública fue una vergüenza".

La concejal Natalia Almonacid tomó la palabra para hacer un análisis técnico y jurídico de la resolución de veto. "A mí me da vergüenza que hoy estemos trabajando sobre esta resolución. La realidad que no entiendo cómo la Asesoría Letrada de la Intendencia, que entiendo que todos sus asesores letrados constan de una certificación que los habilita a ejercer la profesión de abogacía, no se envían este tipo de resoluciones", comenzó. "Permitir que el Intendente Walter Cortés sostenga este veto es ir en contra de la Carta Orgánica municipal", sentenció.

Almonacid leyó el artículo 101 de la Carta Orgánica: "No existe tributo sin ordenanza previa. El intendente veta una ordenanza diciendo yo ya lo tengo por resolución. Si lo están mirando, deberían dar de baja su resolución y venir al lugar donde decidimos como ciudadanía, como grupo humano, todos regularnos, que es bajo el sistema democrático con su división de poderes".

La concejal también cuestionó punto por punto los fundamentos del veto. "Dice el artículo 8 plantea la presentación de vigencia de seguro, o sea, está vetando un artículo que le pide a quien realiza actividad comercial que tenga un seguro", explicó sobre uno de los artículos que finalmente fue ratificado. Sobre el artículo 10, señaló: "Este artículo plantea como requisito algo que le es fundamental a casi todos los que tenemos un auto, que es tener una RTO, o sea, está eliminando ese artículo y después algo que es en detrimento de todos los barilochenses, porque fija la radicación de esos autos en la provincia de Río Negro, que no es menor, porque eso impacta y mejora en la ruta de trazabilidad de todo Bariloche".

Respecto a los artículos que quedaron vetados y que regulaban el cupo de vehículos y la comisión de control, Almonacid defendió la necesidad de límites: "Nosotros sí acompañamos el cupo porque entendemos que el Estado tiene que ser responsable de sus acciones. Y la responsabilidad de sus acciones, más allá de las libertades individuales que hoy se puedan apelar, eso no puede destruir la vida en comunidad. Y la vida en comunidad tiene que ver con una mirada de política pública, una mirada de transporte y de movilidad urbana que este gobierno no tiene".

La concejal criticó además el organigrama municipal: "Una persona que me dice que la Secretaria letrada es la que fija la movilidad urbana de esta ciudad, pero por otro lado tiene una subsecretaría. ¿Quien tiene que sentarse en la mesa de transporte, quien tiene que mirar a la ciudad en términos de movilidad y de transporte urbano? Es la Secretaría de Transporte. Ahora, no, esto es un contrato nada más. La verdad que es una locura lo que están armando".

La concejal Laura Totonelli, quien llegó más tarde a la sesión, se sumó con ironía al debate: "Me declaro Miembro Oficial Honorario del Club de los Vetados, particularmente con la presentación de la propuesta de reglamentación del referéndum que finalmente terminó siendo convertida en ordenanza". Totonelli hizo un análisis político del uso del veto: "El veto es la no acción. Es la identificación de que cualquiera de las propuestas que nosotros trabajamos acá en esta mesa, esta ordenanza que fue recontra trabajada, el tiempo, la energía, las discusiones, los debates que tuvimos, las propuestas cruzadas para poder llevar adelante una herramienta más o menos consensuada entre todos, el veto se usa no solo de manera reiterada, selectiva, sino que también se utiliza para configurarse como una herramienta política en sí misma".

"Cuando vemos el veto que se plantea a esta ordenanza, entendemos que se vetó la participación, se vetó el consenso, se vetó el diálogo y se vetó la construcción colectiva", señaló Totonelli. "Yo no cuestiono ni le tengo miedo a la existencia del veto como herramienta institucional, sino que simplemente estoy cuestionando que su utilización sea un mecanismo constante y permanente para bloquear la agenda del Consejo y para concentrar decisiones en una sola voluntad política", concluyó la edil.

El concejal Facundo Villalba enfocó su intervención en la estrategia política del intendente. "Me parece que el intendente encontró con el tema de Uber una forma de estar dos años sin resolver un problema y que siempre se discuta sobre lo mismo, poner a vecinos contra vecinos, concejales contra concejales, el pueblo contra los concejales, todos contra todos, en un momento que ya nadie sabe ya a quién putear", analizó el edil.

Villalba defendió el trabajo realizado en el Concejo: "Acá hubo una concejal de otro partido, que no es el mío, de la oposición, que dijo que se ponía a laburar ella si no lo hacía el oficialismo y armó una ordenanza y fue sentado la parte y se sentaron los choferes de Uber, los choferes que hoy están habilitados, un montón de actores, la Dirección de Tránsito, de Transporte. Creo que vino todo el mundo a esta mesa y llegó a este proyecto".

El concejal advirtió sobre las consecuencias del veto: "Esto que propone Cortés, yo ya me asesoré con el área, vuelve a generar una situación de irregularidad, sacar los requisitos no tiene ningún sentido. Decirle que los autos no tienen que tener antigüedad o que no tienen que tener seguro. La verdad que vuelve una situación donde vuelven a caer en la ilegalidad. ¿Y para qué? Para que siga habiendo conflicto con Uber y estemos dos años más sin resolver el problema".

Villalba cerró con una reflexión sobre el rol del Concejo: "Este concejo lo hizo, ahora quieren que se extienda el conflicto otra vez. Y es un problema. Y aparte en esto sí, ya que si hoy no logramos, como tantas otras veces, sostener una ordenanza, termina demostrando este concejo que Walter Cortés tiene razón. Porque Walter Cortés gobierna sin el Concejo Deliberante, se lo pasa por ya saben dónde, y este consejo le da la razón. Somos ocho concejales opositores y parece que el que marca lo que se puede y no puede hacer dentro del Concejo Deliberante es el intendente".

La concejal Julieta Wallace llevó el debate hacia una dimensión de poder: "Esto no se trata de cuestiones técnicas, se trata de una cuestión de fuerza. Acá lo que se está midiendo es la fuerza y ahí es donde nos lleva el Intendente. Si nosotros no somos capaces de ratificar esta ordenanza, es que este Concejo Municipal no tiene la fuerza suficiente para frenar los atropellos, las irregularidades y el abuso de poder que tiene este Intendente Municipal con el pueblo San Carlos de Bariloche, pero también con este Consejo Municipal". Wallace fue contundente: "La ciudadanía votó que este Consejo Municipal tenga ocho concejales de la oposición. Y si nosotros ocho no somos capaces de frenar el atropello de este Intendente, ¿quién lo va a hacer? El Tribunal de Contralor, que es la escribanía del Intendente".

Wallace también señaló las contradicciones de la resolución municipal: "La resolución 2660 a la que hace referencia el intendente en su resolución de veto establece como requisito para las aplicaciones tipo Uber, Cabify u otras análogas, la constancia de inscripción en la TICH. Y lo cierto es que esa es de imposible cumplimiento porque la actividad no está creada. Entonces la situación es de una incertidumbre jurídica total porque cuando salgan a hacer la inspección y le pidan la constancia de inscripción en la TICH y no la tengan porque no la van a tener porque es de imposible cumplimiento, los van a sancionar".

El concejal Juan Pablo Ferrari, en tanto, apuntó a los intereses detrás del conflicto: "Yo creo y estoy convencido que desde el día uno que se empezó a hablar de las aplicaciones, atrás de todo hay grandes lobbistas que son realmente buenísimos en comer los oídos, en hacer creer realidades que no existen. Y siempre esos lobbistas buscan el beneficio para el empresario, nunca buscan el beneficio para el que va a manejar el auto. No escuché a nadie de estos lobbistas buscar el beneficio para un trabajador, nunca aparecen". Ferrari advirtió que "todos sabíamos que se iba a vetar" la ordenanza, pero se sorprendió por la magnitud: "Todos también pensamos inocentemente que se iba a vetar el tema del cupo, que la discusión pasaba si era libre o no. Pero aparecieron nuevamente algunos lobbistas que dijeron no, no la vetes completa, pero hace tun tun, queda algo que no sirve para nada".

"Hoy estamos nuevamente acá buscando que el intendente discuta con los concejales, que los vecinos se peleen con los vecinos, que el culpable es la inspectora de tránsito. Eso es lo que busca el lobbista. Porque hace dos años que nos tienen sentados acá y parecemos tontos", denunció Ferrari. El concejal fue categórico: "Hoy no estamos votando si Uber sí o Uber no. Hoy no estamos votando si el tipo o la mujer que no tiene un mango puede agarrar su auto y salir a manejar. Estamos votando si está bien o está mal un veto. Porque en ese conflicto, mientras tanto, de manera ilegal, de manera clandestina, escondidas, con miedo, Uber sigue recaudando. El único que se arriesga es ese vecino o esa vecina que sale con el auto, que desesperadamente sale a buscar el mango".

Durante la sesión hubo un momento de tensión cuando, en medio del debate, se solicitó un cuarto intermedio de 10 minutos. Según trascendió, en ese momento agentes de tránsito estaban secuestrando vehículos de trabajadores de plataformas que habían llegado al Concejo a seguir la sesión, en lo que varios concejales interpretaron como una provocación. "Solicitamos un cuarto intermedio, entiendo que está pasando una situación que vinieron a secuestrarle los vehículos aquellos que vienen a reclamar al consejo y la verdad tienen ganas de echarle nafta al fuego", se escuchó en la sesión.

Al final de la votación, el presidente del Concejo Gerardo del Río hizo el resumen oficial: "Para poner en claro los artículos que fueron ratificados son el artículo sexto, octavo, décimo, artículo 11, 12, 13, 14 y 25, y los artículos donde queda vigente el veto son el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 26".

El resultado final deja un escenario complejo: la ordenanza mantiene vigentes algunos requisitos básicos como la presentación de RTO, seguro e inscripción en la TICH, pero quedan sin efecto los artículos que establecían el cupo de vehículos, el registro ordenado de conductores y vehículos, y la comisión mixta de seguimiento que incluía a representantes de taxis, remises, choferes de plataformas y concejales de la oposición.

Los artículos ratificados (6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 25) establecen requisitos técnicos y de habilitación que ahora deberán cumplir los vehículos que presten servicio de transporte privado de pasajeros. Los artículos donde prosperó el veto (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 26) eran justamente los que regulaban el cupo máximo de licencias, el sistema de inscripción y el mecanismo de control y transparencia.

La concejal Ferreyra cerró su exposición con un llamado: "Les voy a pedir a los concejales que votaron esta ordenanza que vuelvan a ratificar su voto y que pueda hacer una ordenanza y que nos traiga tranquilidad a los vecinos de Bariloche que han venido a este Consejo a pedir soluciones, démosle una solución a los vecinos y estemos a la altura de la circunstancia y no dejemos que nos pase por encima el Intendente con veto, no respetando la Carta Orgánica ni la institucionalidad".

Sin embargo, el voto clave de Samanta Echeñique junto con los concejales del oficialismo impidió reunir los dos tercios necesarios para sostener los artículos más polémicos, dejando en evidencia las dificultades del Concejo para hacer frente a las decisiones del Ejecutivo en un conflicto que lleva ya más de tres años sin resolverse y que, según coincidieron varios ediles, el intendente utiliza políticamente para mantener la ciudad dividida.