Por: Bache3000

El Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche aprobó ayer la creación de una comisión investigadora para analizar la gestión de CAPSA en el Cerro Catedral, en medio de graves denuncias sobre el deterioro del centro de esquí y el maltrato sistemático a residentes locales. La ordenanza 347/25 se sancionó con nueve votos afirmativos tras un encendido debate en el que se expusieron irregularidades que, según los concejales, están afectando directamente a los barilochenses y desnaturalizando el principal centro invernal de Sudamérica.

El concejal Leandro Costa Brutten presentó el proyecto y describió la situación actual como "un hecho que nos llena de vergüenza a todos los barilochenses". En su exposición, el edil detalló una serie de medidas implementadas por la concesionaria que, en su evaluación, responden a una intención deliberada de expulsar a los residentes locales del cerro. "Los números o los hechos que pasan cada invierno, como barilochenses nos tiene que preocupar, pero como funcionarios nos tiene que generar una reacción", advirtió Costa Brutten al inicio de su intervención.

La principal denuncia apunta a una pérdida dramática de visitantes: diez mil esquiadores menos en una sola temporada, más el doble de esa cifra en peatones, todo como consecuencia directa de decisiones de la concesionaria. "Es evidente que el que tomó esa determinación o no sabe, o no le gusta o no nos quiere o es un bruto", afirmó el concejal, quien cuestionó duramente que los responsables de estas decisiones no solo no hayan sido removidos de sus cargos, sino que continúen "ascendiendo, opinando y justificándose".

Pero la problemática va más allá de las cifras de visitantes. Los residentes de Bariloche y de la provincia de Río Negro que practican esquí han visto degradada sistemáticamente su situación en el cerro. Según el relato del concejal, se les imponen requisitos "cada vez más inverosímiles" para acceder a sus pases, se les condiciona el horario para esquiar, se les determina dónde pueden realizar su actividad y, en el colmo de la situación, deben lidiar con Gendarmería que restringe sus movimientos. "En vez de cuidar a quienes son los dueños de ese lugar, que son los barilochenses, no solo los están condicionando, sino que también les están intentando justamente que no vayan más", sentenció Costa Brutten.

Entre las medidas más polémicas implementadas por CAPSA se destaca la prohibición para que mayores de 70 años puedan esquiar, una decisión que el concejal calificó como inexplicable considerando que era "uno de los orgullos que teníamos como barilochenses". También se denunciaron restricciones a instructores de universidades públicas que trabajan en la principal actividad de la ciudad, cuestionamientos por el tipo de campera publicitaria que usan los visitantes, y limitaciones al trabajo de fotógrafos y otros prestadores de servicios.

La denuncia más grave, sin embargo, tiene que ver con el trato hacia las personas con discapacidad. La concesionaria eliminó los espacios de estacionamiento para discapacitados que estaban ubicados junto al ingreso del Catedral, ocupándolos con vehículos de la propia empresa. A cambio, ofrecieron un lugar alternativo ubicado "a casi 30 cuadras de ahí, sin una posibilidad de acceder con un mecanismo por supuesto adaptado". "¿Quién en su sano juicio o con rasgos de humanidad se le puede ocurrir hacer semejante cosa?", se preguntó indignado el concejal.

Detrás de estas políticas, Costa Brutten identifica un proyecto de desnaturalización del centro de esquí orientado a la creación de barrios cerrados y emprendimientos inmobiliarios. "Aparece en los medios de comunicación cuál es el interés o qué los mueve a los titulares de CAPSA: la creación de barrios cerrados, la desnaturalización del centro de esquí, la intención de que usen los medios que son de los barilochenses para que quienes compran un lote puedan realizar la práctica de esquí", explicó el edil, comparándolo con estructuras de canchas de golf privadas.

El concejal recordó que el Cerro Catedral es un bien inalienable de los barilochenses según la Carta Orgánica municipal, fruto de un proceso de recuperación que inició Parques Nacionales. "No lo pueden vender, no lo pueden desnaturalizar", afirmó, anticipando que habrá "una gran lucha" también en torno a la defensa de la Carta Orgánica, advirtiendo sobre "promotores que ponen la cara para decir que la Carta Orgánica está mal y otros que ponen seguramente los fondos para bancar ese tema".

El impacto de la gestión de CAPSA no se limita al cerro, sino que afecta a toda la economía local. Costa Brutten explicó que Bariloche funciona como un sistema integrado donde el cerro, el lago, la ciudad y su gente trabajan en conjunto. "El Catedral que se cree una isla a través de un grupo de pseudoempresarios, en realidad funciona gracias a nuestro aeropuerto, gracias a la capacidad de quienes son los que pueden hacer prestaciones hoteleras, gracias a nuestros instructores, a los que la restringen y le generan problemática", detalló el concejal, quien calificó a los responsables de CAPSA como "pseudoempresarios" que en lugar de competir en el mercado "buscan estructuras del Estado monopólicas, las desnaturalizan y tratan de obtener ganancias que no corresponden".

La sesión también reveló otra arista del conflicto: el rol del EAMCEC (Ente Autárquico Municipal de Servicios del Cerro Catedral) y su capacidad real de fiscalización. El concejal Facundo Villalba fue contundente al señalar que "el problema de fondo es que el EAMSEC no está cumpliendo su rol". Villalba presentó durante el debate el acta y el informe técnico del EAMCEC que analizó un reciente aumento del 39% en el valor del pase de esquí fuera de temporada solicitado por CAPSA. El documento, elaborado por el Área Administrativa Contable del organismo, concluyó que "el aumento que pide la empresa es excesivo y carece de sustento contable y técnico" y que "las tarifas propuestas no se alinean con las variaciones reales de costo ni con la inflación".

Sin embargo, según denunció Villalba, el directorio del EAMCEC ignoró el informe de su propia área técnica y aprobó el aumento de todas formas, llevándolo a 160 mil pesos fuera de temporada. "La parte técnica de EAMSEC hizo bien su trabajo, dijo 'necesita información, esquema de costos, este aumento es injustificado, necesita un informe técnico' y eso no está. El directorio, la mayoría decide dar el aumento", explicó el concejal, quien además cuestionó: "¿No fue mala también para los instructores? ¿No fue mala para los residentes? Yo soy residente, ni abrí el pase. ¿No fue mala para los fotógrafos? Para los fotógrafos fue terrible, para todos fue muy mal. Entonces, con ese criterio, ¿bajémosle los costos también al resto, no?"

El edil planteó además un problema estructural del EAMCEC: la concentración de poder que tiene el oficialismo en el organismo. "El directorio de EAMCEC no solo tiene los representantes del ejecutivo, sino que tiene un representante del Sindicato de Comercio. Y eso por la naturaleza excepcional de este gobierno municipal, le da una supermayoría a Walter Cortés", señaló, agregando que "a veces ni esperan que llegue, le firman cosas, saben que no la necesitan porque tienen los votos". Villalba adelantó que desde su bloque están "analizando, con los equipos técnicos, sin contradecir la ordenanza 2929, buscar una alternativa y una modificación al EAMSEC que pueda ser realmente representativo de los intereses y del modelo de desarrollo que necesita San Carlos de Bariloche".

El concejal fue categórico en su diagnóstico sobre la gestión municipal del cerro: "Muchachos, no tienen ni idea de lo que sucede en el Catedral. Esta es la visión que tiene el municipio: ver cuánto podemos exprimir hasta hacer pelota a todo el mundo". Y advirtió sobre el riesgo de estas políticas: "No rompan el juguete. No vaya a ser que de tanto apretar, en vez de subir la recaudación, la gente deje de pagar las habilitaciones, deje de pagar las tasas, deje de pagar los impuestos, y te termines metiendo en un círculo vicioso en el cual no gana nadie".

Villalba también destacó la dimensión estratégica del cerro para la ciudad: "El Cerro Catedral es el activo turístico individual más importante que tiene la ciudad. Es estratégico, no es una boludez y hay que tomarlo con la seriedad y el conocimiento que eso conlleva". El concejal ironizó sobre las contradicciones de la gestión: "Para algunas cosas Cortés se hace libertario y 'yo creo en el libre comercio', pero en esto prácticamente son estalinistas, son soviéticos. ¿Qué es lo que piensan del Cerro Catedral? Vamos a cobrarle a los instructores porque están haciendo mucha guita, vamos a cobrarle un palo, 200, 250 mil pesos antes de que empiece la temporada a los fotógrafos".

La concejal Julieta Wallace aportó datos contundentes sobre el financiamiento del EAMSEC: el organismo se lleva el 50% del canon del Cerro Catedral, que para 2026 está presupuestado en 1.500 millones de pesos. "750 millones de pesos se lo lleva el EAMCEC", señaló Wallace, quien recordó que en la gestión anterior presentó una propuesta para reducir ese porcentaje al 30%, propuesta que no obtuvo los votos suficientes. La concejal cuestionó la dualidad de roles del organismo: "Es muy difícil ejercer el doble rol de ser autoridad de aplicación y también de ser la autoridad que controla el cumplimiento del contrato".

Wallace defendió la creación de la comisión investigadora como "saludable en términos institucionales, porque establece un organismo externo para el control del cumplimiento de ese contrato". La concejal detalló que la comisión verificará la existencia de reclamos por incumplimiento, analizará la situación económica y societaria de CAPSA, requerirá información contable y jurídica, y supervisará el cumplimiento de obligaciones ambientales que surgen de otras normativas como las ordenanzas 217 y 28-94 y la ley provincial 3396.

Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de controversia. La presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Almonacid, anunció que su bloque votaría en contra, argumentando que la comisión "plantea una incompatibilidad normativa" y genera "una invasión en las competencias exclusivas del EAMSEC". Almonacid sostuvo que la ordenanza 2203 que creó el EAMCEC "atribuye en forma expresa y excluyente la función de controlar, fiscalizar, reglamentar y supervisar del cumplimiento contractual" y que "la creación de una comisión especial investigadora implica la reducción en paralelo de las funciones que hayan sido asignadas legalmente al EAMCEC".

La concejal opositora también cuestionó el impacto presupuestario: "¿Por qué vamos a afectar una partida presupuestaria del presupuesto municipal cuando el EAMSEC ya tiene una partida presupuestaria del canon de Catedral? Vamos a pagar esa comisión, vamos a pagar la del EAMCEC". Y concluyó con dureza: "Este proyecto no quiere que nada cambie, lo que quiere es una alocución política, nada más que eso".

Costa Brutten respondió enérgicamente a las críticas, sosteniendo que no existe superposición de funciones: "El planteo es: ¿se superponen dos estructuras? Una estructura está en el ámbito legislativo. El proyecto plantea una diferencia clara entre un ente técnico permanente y una comisión temporaria en el ámbito legislativo. Por lo tanto no hay funciones que se superponen". El concejal enfatizó que "en ningún lugar del proyecto dice que el EAMSEC funciona mal" y que el organismo "está convocado para ser parte" de la comisión, junto con otros sectores.

Wallace también apuntó contra la gestión anterior de Juntos Somos Río Negro, recordando que fue durante el mandato del ex intendente Gustavo Gennuso cuando se sancionó la ordenanza 2929 que prorrogó la concesión hasta 2056. "Le regalaron la concesión hasta el año 2056 a CAPSA Patagonia con siete votos de Juntos Somos Río Negro y uno del PRO", denunció la concejal, quien agregó: "Por supuesto que no lo iba a controlar y por eso el EAMCEC no funcionó. Ahora tampoco funciona". La edil también señaló que durante la gestión de Walter Cortés no ha visto "un solo reclamo con los bombos del Sindicato de Comercio en la rotonda de ingreso al Cerro Catedral", sugiriendo que el intendente, quien fue secretario general del gremio de trabajadores comerciales, "decidió también no hacerle ningún tipo de medidas de fuerza que antes sí las hacía".

La sesión concluyó con la aprobación del proyecto de ordenanza que crea la comisión investigadora, que ahora tendrá la tarea de profundizar en todas estas denuncias y determinar responsabilidades. Los concejales expresaron además su expectativa de que el nuevo Secretario de Turismo del municipio "revierta este rumbo que se estaba tomando" y tome la cartera "con la seriedad que corresponde para un municipio que depende en un 77% de los ingresos que genere esta actividad".

La controversia en torno a CAPSA y el futuro del Cerro Catedral promete extenderse en los próximos meses, mientras los barilochenses observan con preocupación cómo el principal centro de esquí de Sudamérica atraviesa una de sus crisis más profundas en términos de gestión y relación con la comunidad local.