Por: Bache3000

Un grupo de diputados nacionales presentó este lunes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado una solicitud formal para eliminar el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026, una disposición que propone derogar leyes fundamentales de financiamiento educativo, científico-tecnológico y de defensa. La carta, firmada por doce legisladores de la Cámara baja, llega acompañada por más de 5.800 firmas de apoyo de la comunidad académica y científica argentina.

Entre los diputados firmantes se encuentran Adriana Serquis, Abelardo Ferrán, Agustina Propatto, Andrea Freites, Cecilia Moreau, Fernanda Miño, Hilda Aguirre, Itai Hagman, Juan Carlos Molina, Kelly Olmos, Nancy Sand y Pablo Todero, quienes advierten sobre la inconstitucionalidad del artículo y sus consecuencias devastadoras para el sistema educativo y científico nacional.

El artículo 30 en cuestión propone derogar a partir del ejercicio fiscal 2026 cuatro disposiciones clave: el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, y el inciso 1 del artículo 4° de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa.

Los legisladores argumentan que dicho artículo es inconstitucional porque un presupuesto anual no puede derogar leyes de fondo según la Ley de Administración Financiera. Además, señalan que implica el desmantelamiento de políticas de Estado fundamentales construidas a lo largo de años y actualmente amenazadas por esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

La derogación de los artículos de la Ley 27.614 resulta particularmente crítica, ya que estos establecen una trayectoria de crecimiento del presupuesto científico-tecnológico hasta alcanzar el 1% del PIB. De manera similar, el artículo 9° de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria fija pisos mínimos para la inversión en educación superior. Según advierten los firmantes, eliminar estas disposiciones desarma una política de planificación estratégica aprobada por amplios consensos hace apenas cuatro años.

El impacto presupuestario de mantener el artículo 30 sería dramático: reduce de manera drástica la inversión en ciencia y tecnología y convalida una caída real del 46,4% de la Función Ciencia y Tecnología de la Administración Pública Nacional respecto del Presupuesto 2023. Los diputados sostienen que mantener esta disposición no solo es inconstitucional, sino que profundiza el éxodo de jóvenes altamente calificados y atenta contra un modelo de desarrollo económico con agregado de valor y conocimiento.

La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras destacadas del ámbito científico y académico nacional. Entre las primeras firmas aparecen Alberto Baruj, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET; Alberto Kornblihtt, profesor emérito de la UBA e investigador superior del CONICET; Ana Franchi, ex presidenta del CONICET; Andrea Gamarnik, investigadora superior del CONICET; y rectores de universidades nacionales como Anselmo Torres de la UNRN y Beatriz Gentile de la Universidad Nacional del Comahue.

También firmaron destacados investigadores como Dora Barrancos, investigadora principal del CONICET; Jorge Geffner, investigador superior y profesor de la UBA; y José Paruelo, profesor emérito de la UBA e investigador superior del CONICET. La lista incluye además a decanos de facultades, directores de centros de investigación y autoridades universitarias de todo el país.

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología encabeza el listado de organizaciones que acompañan el pedido, junto a más de treinta entidades del sector científico, tecnológico y educativo, entre ellas la Asamblea Nacional de Becarixs, la Asociación de Trabajadores del Estado, Ciencia y Técnica Argentina, la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud, y diversas agrupaciones de trabajadores de instituciones como CONICET, CNEA, INTI e INTA.

Los firmantes advierten que de aprobarse el artículo 30, Argentina corre el riesgo de convertirse en un país con estructuras productivas orientadas a la mera extracción de bienes comunes por parte de países centrales, sin desarrollo tecnológico propio y donde la ciencia y la educación dejan de ser necesarias. Por ello, solicitan a los senadores que voten por el rechazo del artículo y sostengan el rechazo que la Cámara de Diputados ya había manifestado al capítulo XI del Presupuesto 2026, que pretendía derogar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La carta, fechada el 23 de diciembre de 2025 en Buenos Aires, llega en un momento crítico del debate presupuestario y pone sobre la mesa la tensión entre los recortes fiscales propuestos por el Ejecutivo y la defensa de políticas de Estado en educación, ciencia y tecnología que sectores académicos, científicos y políticos consideran fundamentales para el desarrollo del país.