Por: Bache3000

El accidente ocurrió durante el regreso de un operativo policial en la provincia de Neuquén, cuando el vehículo oficial en el que viajaba el agente impactó contra un camión detenido sobre la Ruta Nacional 237, en el trayecto hacia Bariloche. Las consecuencias del choque fueron devastadoras para el efectivo policial, que sufrió lesiones graves en la columna cervical y lumbar, daños en el hombro derecho, traumatismos faciales y afectaciones psicológicas que persisten hasta la actualidad.

Aunque Provincia ART S.A. reconoció el carácter laboral del accidente, otorgó al trabajador un porcentaje de incapacidad que resultó absolutamente insuficiente según quedó demostrado en el proceso judicial. El agente impugnó administrativamente esa evaluación y decidió llevar el caso ante la Justicia, donde logró revertir por completo la posición de la aseguradora.

Durante el juicio se realizaron dos pericias fundamentales que definieron el resultado del caso. La evaluación médica estableció que el policía presenta limitaciones funcionales permanentes en múltiples partes del cuerpo, mientras que el dictamen psicológico confirmó la existencia de un cuadro neurótico de grado III que se originó directamente como consecuencia del siniestro. Ambos informes fueron ratificados por los profesionales cuando la ART intentó cuestionarlos, y la empresa no logró presentar pruebas técnicas suficientes que pudieran contradecir las conclusiones de los peritos judiciales.

Con ese respaldo probatorio, la Cámara Laboral de Bariloche descartó el esquema de renta periódica que habitualmente establece la Ley de Riesgos del Trabajo para estos casos. El tribunal consideró que ese sistema no garantiza una reparación integral para el trabajador afectado y decidió declarar su inconstitucionalidad en el marco de esta causa.

El monto de la indemnización se calculó tomando en cuenta el porcentaje real de incapacidad determinado por las pericias judiciales, la edad del trabajador al momento del accidente, una compensación adicional por tratarse de un siniestro ocurrido mientras prestaba servicios en ocasión de su función policial, y los intereses que se acumularon desde la fecha del hecho hasta la actualidad. La sentencia establece que todo ese dinero debe ser abonado en un único pago.

Además de la reparación económica, la ART está obligada a garantizar al agente todas las prestaciones médicas que resulten necesarias para su tratamiento, siempre que sean indicadas por los profesionales que lo atienden y se encuadren dentro del marco legal vigente.

La aseguradora tiene un plazo de diez días para cumplir con la liquidación una vez que se aprueben los cálculos definitivos. Si no cumple en tiempo y forma, deberá afrontar intereses adicionales conforme la tasa que fija el Poder Judicial. La resolución dictada por la Cámara Laboral de Bariloche todavía no está firme porque la empresa puede presentar un recurso de apelación.