Por: Bache3000

En paralelo a las reformas que el presidente Javier Milei aspira a pasar en sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional ya definió su hoja de ruta legislativa para 2026 con un objetivo claro: modificar la actual Ley de Salud Mental. La iniciativa, que será enviada al Congreso durante el período de sesiones ordinarias a partir del 1° de marzo, apunta a atender un reclamo que las familias de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad vienen sosteniendo desde hace años.

Según pudo saberse de fuentes del Poder Ejecutivo, el proyecto contempla la modificación de varios puntos de la Ley 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. El eje central pasa por el artículo que regula las internaciones involuntarias, buscando habilitar que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar la hospitalización de pacientes. Además, el Gobierno pretende avanzar en la creación de centros especializados para la atención de salud mental, una demanda largamente postergada que hoy deja a muchas familias sin recursos ni contención.

No es la primera vez que la administración libertaria intenta avanzar con estas reformas. Las modificaciones ya habían sido incluidas en el proyecto original de la Ley Bases, pero finalmente quedaron fuera del texto aprobado. En aquella propuesta, el Ejecutivo buscaba habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente, definir cuatro casos específicos para la internación como recurso terapéutico excepcional, dar luz verde a la creación de neuropsiquiátricos, dotar al defensor de la posibilidad de solicitar medidas terapéuticas, plantear un esquema de modificación en las condiciones de egresos y rehabilitación de los pacientes, y modificar la composición del Órgano de Revisión. Los equipos técnicos del Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, trabajan ahora en la redacción de una nueva iniciativa que repetirá gran parte de estos puntos.

La decisión de insistir con la reforma se apoya en un reclamo concreto y doloroso: hay cientos de familias que no pueden sostener tratamientos ambulatorios de parientes con adicciones severas o enfermedades de salud mental. La normativa vigente establece que la internación involuntaria debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional, y sólo puede realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Sin embargo, en la práctica, muchas familias se encuentran atrapadas en un callejón sin salida: sus familiares no logran adherirse a tratamientos ambulatorios, presentan falta de conciencia de enfermedad que afecta su capacidad de discernimiento, pero no cumplen con el criterio estricto de "riesgo cierto e inminente" que habilita la internación.

El resultado es que padres, madres, hermanos y hermanas se ven obligados a convivir con personas en situaciones críticas de consumo o con episodios psiquiátricos graves, sin herramientas ni lugares donde acudir. La Ley actual, impulsada bajo el principio de la desmanicomialización y la protección de derechos de los pacientes, prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, y establece que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. Pero muchas familias señalan que los hospitales generales no están preparados para contener a pacientes con patologías complejas que requieren atención especializada y seguimiento intensivo.

El Gobierno argumenta que se trata de "recuperar herramientas que funcionaban en la legislación anterior", según sintetizaron importantes fuentes oficiales. Desde la Casa Rosada señalan que el proyecto aún se encuentra en plena redacción, pero no descartan que el anuncio sea realizado por el mandatario durante la Apertura de Sesiones en el Congreso a principios de marzo.

Los cambios planteados ya han abierto una polémica entre activistas del sector, que leen las propuestas como una profundización de la manicomialización que buscan combatir. Las organizaciones vinculadas a la salud mental advierten sobre un posible retroceso y critican que se pretenda modificar una ley que fue pensada para garantizar los derechos de las personas con padecimientos mentales y evitar los abusos que durante décadas caracterizaron a las instituciones psiquiátricas en el país.

Sin embargo, el debate parece estar planteado en términos de todo o nada, cuando en realidad hay familias que están pidiendo a gritos alternativas. No se trata de volver a los manicomios del pasado, sino de reconocer que hay situaciones extremas donde el tratamiento ambulatorio no alcanza y donde la falta de centros especializados deja a las personas y sus familias completamente desprotegidas. El desafío será encontrar un equilibrio que garantice los derechos de los pacientes sin dejar de ofrecer respuestas concretas a quienes hoy transitan el drama de ver a un ser querido destruirse sin poder hacer nada para ayudarlo.