Por: Martín Pargade

El conflicto judicial que amenaza con desalojar a Julia Chávez de la vivienda donde nació hace 75 años sumó un nuevo capítulo adverso para la familia. La Cámara de Apelaciones número 5, presidida por la jueza Marcela Pájaro, resolvió el viernes pasado rechazar las presentaciones de la defensa y ratificó expresamente la postura del juez de primera instancia Mariano Castro, quien había ordenado el desalojo que se intentó ejecutar de manera violenta el 18 de diciembre pasado. La resolución llegó en un horario avanzado, después del cierre de tribunales, según confirmó Fernando Carrasco, abogado de la familia, quien señaló que se trata de una práctica habitual en este tipo de casos.

La noticia golpeó a una familia que lleva meses resistiendo un proceso que consideran plagado de irregularidades. Pablo Chávez, hijo de Julia, recibió la información el mismo viernes y de inmediato comenzó a coordinar una reunión familiar para el domingo por la tarde, donde discutieron los pasos a seguir. La estrategia de la defensa apunta ahora a presentar un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia en Viedma, buscando que la causa salga de la órbita de la justicia barilochense que, según denuncian, ha actuado con parcialidad durante todo el proceso.

Carrasco explicó que la situación se complica aún más por la cercanía de la feria judicial de enero. La Cámara de Apelaciones tendría que habilitar el trámite del expediente para que siga en curso durante todo el mes, lo que en la jerga tribunalicia se conoce como "habilitación en feria judicial". Sin embargo, el abogado anticipó que no cree que la Cámara lo autorice, pese a que el oficial de justicia había manifestado en diciembre que podrían regresar a intentar el desalojo durante enero, incluso sin autorización expresa del juzgado.

Esta declaración del oficial de justicia generó alarma en la familia, que recuerda con angustia el operativo del 18 de diciembre cuando fueron sorprendidos sin previo aviso con un despliegue policial que incluyó el uso de gas lacrimógeno, forcejeos violentos y cinco detenidos, entre ellos Pablo Chávez, su hermano, su cuñado y dos amigos. Aquel día, la policía llegó cerca de las 10 de la mañana a la vivienda de calle Onelli al 1700, en el barrio sur de Bariloche, para ejecutar una orden de desalojo que la familia desconocía. El procedimiento terminó con Julia, una mujer de 75 años, siendo asistida por paramédicos tras inhalar gas lacrimógeno, y con un acuerdo provisorio que postergó el desalojo por treinta días.

La defensa ahora teme que se repita el mismo patrón: un operativo sorpresivo durante la feria judicial, cuando las instancias de revisión están limitadas y la capacidad de reacción es menor. Por eso, si la Cámara de Apelaciones no habilita el trámite del expediente durante enero, el estudio jurídico presentará el martes próximo un pedido de habilitación de feria directamente en Viedma. La urgencia es evidente: la familia calcula que el nuevo intento de desalojo podría producirse alrededor del 20 de enero.

Carrasco manifestó su intención de escalar el conflicto y denunció graves irregularidades en el proceso judicial. El abogado reveló que la Cámara de Apelaciones declaró nula la presentación que hicieron y dio a favor las apelaciones de Petrov y Bótbol, las personas que reclaman la propiedad del terreno. La familia sostiene que en 1992, tras la muerte de una de las hijas de Julia, dos personas se acercaron ofreciendo ayuda para el sepelio y luego le hicieron firmar documentos que ella creía correspondían a una habilitación comercial, pero que en realidad implicaban la cesión del terreno donde vive desde 1936.

La estrategia de la defensa contempla ahora dos caminos paralelos. Por un lado, agotar las instancias judiciales mediante el recurso extraordinario al Superior Tribunal. Por otro, buscar visibilidad mediática para exponer las irregularidades. 

La familia Chávez denuncia que todo el proceso se llevó adelante con lo que Pablo describió como "un artilugio que utiliza el estudio Bótbol a través de Rugli de resolver en reservado con Mariano Castro". Esta modalidad, según señalan, les impidió ver qué pasaba en el expediente y no les permitió anticipar el desalojo de diciembre. "Esto se hace a escondidas", afirmó Pablo en declaraciones posteriores al operativo del 18 de diciembre.

El abogado Carrasco también cuestionó que cuando él y familiares de Julia intentaron ser recibidos en el juzgado para plantear la situación, no fueron atendidos. "No salió ningún juez", señalaron. Ahora, con la resolución adversa de la Cámara de Apelaciones, la sensación de indefensión se profundiza. La familia sostiene que nunca tuvieron una instancia real de defensa y que la justicia jamás investigó ni corroboró que Julia vive en ese terreno desde que nació y que su familia está allí desde 1936.

El primer intento de desalojo había ocurrido el 29 de mayo pasado, cuando una multitud de vecinos se congregó en la vivienda para impedirlo. En aquella oportunidad, la convocatoria masiva obligó a suspender el procedimiento. El contraste con el segundo intento, el 18 de diciembre, es notable: sin aviso previo, la medida sorprendió a todos en un momento en que parte de la comunidad estaba movilizada por la marcha del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales hacia el Centro Cívico. Recién con el correr de los minutos, al difundirse en redes sociales lo que sucedía, comenzaron a llegar más personas hasta conformar un contorno humano que finalmente logró negociar la postergación por treinta días.

Ese plazo se cumple precisamente en la tercera semana de enero, en plena feria judicial. El operativo del 18 de diciembre dejó no solo heridos y detenidos, sino también un mensaje claro sobre la determinación de las partes demandantes y de la justicia de ejecutar el desalojo. Julia, quien sobrevivió a la violencia de ese día siendo asistida por paramédicos, ahora enfrenta la posibilidad de un tercer intento en condiciones aún más adversas: sin la protección institucional que brindan los tribunales en funcionamiento normal y con una resolución de la Cámara de Apelaciones que ratifica todo el proceso.

La familia Chávez, que vive en el terreno desde hace casi noventa años, se prepara para lo que consideran será una nueva embestida. La reunión del domingo, donde analizaron las opciones legales junto a su abogado, transcurrió bajo la sombra de una resolución judicial que cierra puertas locales y obliga a mirar hacia Viedma como última esperanza institucional. Mientras tanto, la cuenta regresiva hacia el 20 de enero avanza, y con ella el temor de que la policía regrese, esta vez quizás sin ninguna posibilidad de postergación.