Por: Bache3000
Hay algo profundamente irónico, casi literario, en la escena: un grupo de personas vendiendo y comprando pirotecnia a plena luz del día, este 31 de diciembre, justo en la vereda de la vivienda del delegado municipal Mauro "Gallina" Hernández. El video, enviado por un seguidor de Bache3000, tiene esa cualidad de evidencia involuntaria que captura no solo un hecho, sino una contradicción sistemática.
La Ordenanza Municipal 2736-CM-17, sancionada en 2017, prohíbe expresamente el uso de pirotecnia sonora en todo el ejido municipal de San Carlos de Bariloche. No es una sugerencia ni una recomendación: es una norma con fundamentos claros en la protección de personas con Trastorno del Espectro Autista, adultos mayores, animales domésticos y fauna silvestre. La ordenanza establece sanciones específicas para quienes comercialicen o utilicen estos artefactos. Pero las leyes, como sabemos, existen en un territorio distinto al de su cumplimiento.
Y hay más: desde la Municipalidad se firmó la Resolución 00000166-I-2025, mediante la cual Bariloche adhirió al Decreto Provincial 070-2025 que declara el estado de Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios en todo el territorio de la ciudad hasta el 30 de abril de 2025. La norma prohíbe específicamente la generación de cualquier tipo de fuego al aire libre y toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios. La pirotecnia, por supuesto, entra en esa categoría.
El incendio que se produjo la noche del 24 de diciembre en La Barda del Ñireco todavía está fresco en la memoria colectiva. Las llamas, el riesgo, la movilización de recursos para contener un fuego que pudo expandirse. Y ahora, una semana después, en plena emergencia ígnea declarada por condiciones climáticas extremas, la misma herramienta que puede generar tragedias similares se comercializa sin consecuencias en la puerta de un funcionario municipal.
La Municipalidad ha desarrollado toda una campaña de "Pirotecnia Cero". Esta misma semana, desde la Subsecretaría de Inspección General, a cargo de Fabián Llacer, mostraron con orgullo en redes sociales que estaban realizando "controles" en distintos puntos de la ciudad. Las fotos mostraban inspectores actuando, verificando, cumpliendo con su deber. Pero en la vereda del delegado Hernández, curiosamente, no hubo control alguno. Nadie llegó a verificar. Nadie decomisó nada. La escena se desarrolló con esa normalidad que tiene lo prohibido cuando ocurre bajo la mirada cómplice de quien debería impedirlo.
La contradicción no es accidental: es estructural. Cuando desde la Municipalidad se define una política de Estado, se declara una emergencia ígnea, se hacen campañas públicas y los propios funcionarios incumplen todo esto, el mensaje a la ciudadanía es pésimo. No se trata solo de hipocresía, que es una categoría moral demasiado simple para explicar esto. Se trata de algo más complejo: la convicción institucional de que las normas son para otros, de que el poder municipal opera en un plano distinto al de la gente común, de que las campañas públicas y los controles fotogénicos son performance, teatro, simulacro.
Anoche, por supuesto, se escuchó pirotecnia en toda la ciudad. Los estallidos resonaron como cada año, como si la ordenanza no existiera, como si la emergencia ígnea fuera solo un papel más en el Boletín Oficial, como si los controles fueran solo una ficción administrativa. Y en algún lugar de Bariloche, probablemente cerca de la vivienda del delegado Hernández, alguien encendió uno de esos artefactos comprados al mediodía, con la tranquilidad de saber que las reglas, en esta ciudad, son negociables según quién seas y dónde vivas.