jueves 08 de enero de 2026 - Edición Nº329

El Bardo de Siempre | 5 ene 2026

PIDE INTERRUMPIR VACACIONES

Costa Brutten impulsa la "emergencia hídrica" y pide que el concejo sesione para tratar la falta de agua

La ordenanza que Costa Brutten presentó declara 180 días de emergencia, prohíbe otorgar permisos para nuevas urbanizaciones que no tengan agua garantizada, ordena distribución inmediata con camiones cisterna recuperando el costo de la empresa que incumple, exige cesar el cobro de un servicio que no se está prestando, crea una Comisión de Seguimiento y convoca a una mesa de trabajo con todas las partes. El concejal pidió además interrumpir el receso de verano para que el Concejo sesione de manera extraordinaria: doce barrios llevan cinco días sin agua y las familias no pueden esperar.


Por: Bache3000

El agua dejó de ser un problema técnico para convertirse en una crisis sanitaria. Hace cinco días que al menos doce barrios de Bariloche conviven con la ausencia de agua potable, y lo que comenzó como un corte más se transformó en una situación insostenible que afecta directamente la salud, la higiene y la dignidad de miles de familias. Sin camiones cisterna, sin puntos de abastecimiento, sin información clara sobre cuándo se normalizará el servicio.

Frente a esta emergencia, el concejal Leandro Costa Brutten presentó este lunes una ordenanza que declara la emergencia hídrica en el ejido municipal por 180 días y un pedido formal a DPA/ARSA exigiendo información urgente, medidas inmediatas y un plan de contingencia estructural. Además, solicitará a la presidencia del Concejo Municipal la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar el problema en pleno verano.

"No se trata solamente de una deficiencia técnica", plantea la fundamentación del proyecto. El agua impacta de manera directa en la salud, en la higiene, en la alimentación y en las condiciones mínimas de vida digna. Afecta el funcionamiento de escuelas, centros de salud, comedores comunitarios y otras instituciones esenciales, golpeando con mayor dureza a los sectores más vulnerables: niños, adultos mayores, personas con discapacidad.

La ordenanza es contundente: establece que continuar habilitando nuevas urbanizaciones, emprendimientos o estructuras sin contar con provisión efectiva de agua no solo profundiza el problema, sino que agrava una crisis que ya afecta la vida diaria de miles de personas. Por eso propone prohibir expresamente, durante la vigencia de la emergencia, el otorgamiento de permisos, autorizaciones o tramitación de factibilidades para construcciones o urbanizaciones que no cuenten con servicio de agua potable garantizado.

El proyecto faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a adoptar medidas extraordinarias, urgentes y excepcionales: distribución de agua mediante camiones cisterna recuperando el costo de la empresa incumplidora; exigir judicialmente a la empresa prestataria las obras necesarias para hacer cesar la emergencia; prestar asistencia prioritaria gratuita y sin cargo a hogares sin reservas domiciliarias; y realizar acciones de coordinación con Aguas Rionegrinas S.A. y organismos provinciales para exigir a las autoridades nacionales asistencia y acceso a créditos que permitan obtener fondos permanentes y suficientes para obras de infraestructura definitiva.

Además, ordena la creación de una Comisión Especial de Seguimiento integrada por concejales y representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, con facultades de control, monitoreo y elaboración de propuestas. Y exhorta a las autoridades de la Provincia de Río Negro, a Aguas Rionegrinas S.A. y a las autoridades nacionales a reforzar de manera inmediata los recursos técnicos, financieros y operativos necesarios para garantizar el derecho humano al acceso al agua potable en la ciudad.

En paralelo, Costa Brutten presentó una nota formal a DPA/ARSA solicitando un informe urgente y público que detalle las causas de los cortes, los sectores y usuarios afectados, el cronograma de normalización, el plazo de inicio y ejecución de obras previstas con sus presupuestos, las medidas de contingencia adoptadas, y la implementación de camiones cisterna en los barrios afectados. También exige la elaboración de un Plan de Contingencia Estival 2026 que incluya mantenimiento preventivo, refuerzo de infraestructura crítica, ampliación de reservas, bombeo y distribución, y publicación de reportes semanales de funcionamiento.

La nota solicita además la convocatoria a una mesa de trabajo entre Concejo Municipal, Ejecutivo, empresa prestataria y juntas vecinales para abordar una solución estructural; ordena a la empresa prestataria el cese del cobro de las boletas de servicio ante los incumplimientos; y exige que se cumplimente con los estándares de continuidad y calidad bajo apercibimiento de sanciones administrativas y denuncias penales.

"El acceso al agua potable es un derecho humano básico, reconocido a nivel internacional y por nuestro propio ordenamiento jurídico", señala la presentación formal. "Garantizarlo no es una opción ni una concesión: es una responsabilidad indelegable del Estado en todos sus niveles. Cuando ese derecho se ve vulnerado de manera sistemática, como ocurre actualmente, estamos frente a una emergencia real que exige decisiones urgentes y excepcionales".

La situación evidencia falta de planificación, ausencia de protocolos de contingencia, insuficiencia de obras e infraestructura, y deficiencias en la gestión técnica y operativa. Los vecinos de Bariloche se encuentran en estado de emergencia, sin poder cubrir necesidades básicas de higiene, alimentación o salud, pagando tarifas por un servicio que no reciben en condiciones adecuadas.

Costa Brutten ingresará mañana (martes) temprano la nota a ARSA y DPA, y solicitará formalmente a la presidencia del Concejo la convocatoria a sesión extraordinaria para tratar la emergencia hídrica. La ordenanza ya fue presentada y aguarda tratamiento. En pleno verano, con miles de familias organizándose para visibilizar un problema que ya no puede seguir siendo postergado, el agua dejó de ser un privilegio para convertirse en lo que siempre debió ser: un derecho garantizado que exige respuestas concretas y urgentes.

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