Por: Bache3000

El 22 de septiembre de 2025, vecinos de barrios aledaños al vertedero municipal presentaron una nota ante la Defensoría del Pueblo solicitando el cumplimiento de la Ordenanza 3349-CM-22. No era la primera vez que alguien pedía algo sobre el vertedero. Tampoco sería la última. La Defensoría respondió rápido, con resoluciones y pases a distintas áreas municipales, pero la urgencia de los papeles contrasta con la lentitud de las soluciones. El vertedero sigue ahí, como una herida abierta en el paisaje, una promesa incumplida que se repite en cada gestión.

El informe preliminar que la Defensoría acaba de publicar—firmado por la ingeniera ambiental Ailin Rocío Clavería—cuenta una historia conocida para quienes viven cerca: el vertedero funciona como basural a cielo abierto desde hace años, sin barreras físicas entre los residuos y el ambiente, sin control de ingresos ni egresos, con incendios que se repiten de manera espontánea y descontrolada. Los vecinos reportan emanaciones de humo, olores fuertes, acumulación de basura. Hablan de roedores, perros salvajes, aves carroñeras, jabalíes. La fauna del descarte.

Mientras tanto, 110 personas asisten regularmente al predio para recuperar recursos. No son visitantes ocasionales: el 60% son hombres, la edad promedio es 42 años, muchos llevan más de diez años yendo al sitio. El 80% vende lo que recupera, el 60% usa y consume esos elementos. Recuperan sobre todo metal, luego alimentos, en menor proporción ropa y leña. Es una economía paralela, construida sobre lo que otros descartan, una forma de supervivencia que el informe registra con precisión técnica pero que tiene rostros, nombres, historias que no aparecen en el documento.

La Defensoría convocó dos mesas de incidencia para abordar la problemática. En esos encuentros participaron vecinos de barrios aledaños, juntas vecinales, funcionarios municipales, representantes de universidades, del hospital zonal, de organizaciones sociales. Se habló de la necesidad de transparencia, de acciones urgentes, de control efectivo en el uso de recursos destinados a la gestión de residuos. Se mencionaron los riesgos sanitarios, los impactos ambientales, la falta de respuestas estructurales. Hubo testimonios sobre las afectaciones que vienen atravesando desde hace años, sobre el ingreso descontrolado de personas, sobre la necesidad de reforzar medidas para prevenir situaciones de riesgo dentro del sitio.

El informe describe con minuciosidad los marcos normativos que regulan la gestión de residuos: la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la ley provincial sobre Residuos Sólidos Urbanos, las ordenanzas municipales que declaran la emergencia del vertedero o que aprueban planes integrales de gestión. Hay una arquitectura legal completa, detallada, ambiciosa. Bariloche tiene un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos desde 2010, completo y detallado, que debería actualizarse pero que aún así contiene información valiosa para la toma de decisiones. Lo que falta no son normas sino su aplicación sostenida en el tiempo.

En 2013 se creó la Ordenanza 2385-CM-13 para implementar una obra de ingeniería en el vertedero municipal con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La obra incluía un módulo de relleno sanitario, una planta de separación y tratamiento de líquidos lixiviados, planta de compostaje, elaboración de compost, alambrado perimetral, control y vigilancia, cierre definitivo del basural a cielo abierto. En 2022 se realizó una audiencia pública para licitar el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de RSU y la remediación del vertedero. En esa audiencia, la Asociación Civil Circuito Verde presentó un resumen histórico de la evolución del predio. Describió cómo la obra financiada por el BID caducó antes del tiempo planificado debido a la alta tasa de producción de residuos. El informe incluye una imagen satelital que muestra la expansión del vertedero entre 2015 y 2019: cuatro sitios distintos, uno tras otro, como capas geológicas de basura.

La única obra de ingeniería que tuvo el vertedero equivale a 2,5 hectáreas de las 37 que ocupa actualmente el predio. Esa obra de relleno sanitario, junto al sistema de recolección de lixiviados, la planta de tratamiento, las instalaciones de pesaje y control, el sistema de freatímetros, las plantas enfardadoras y de separación, quedó obsoleta en tres años. Esto fue debido a que la tasa de producción de residuos superó lo estimado y al deterioro por mal uso de las instalaciones.

El informe enumera los riesgos del basural a cielo abierto con la precisión de un inventario de catástrofes. Los lixiviados son líquidos producto de la descomposición de los residuos y del agua percolada. Si no son controlados pueden contaminar fuentes de agua subterráneas y superficiales. Los componentes químicos y biológicos de los residuos se impregnan en el lixiviado como materiales disueltos y suspendidos que pueden incluir metales pesados, compuestos orgánicos, sustancias capaces de alterar la composición del suelo y afectar su biodiversidad. El biogás está compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono. Es un gas inflamable y más liviano que el aire. Una chispa o llama puede generar un incendio o una explosión. Los residuos pueden sufrir transformaciones fisicoquímicas liberando compuestos tóxicos a la atmósfera. La alta concentración de olores puede causar náuseas, dolores de cabeza, somnolencia, fatiga, problemas respiratorios.

Los basurales a cielo abierto se convierten en fuente de proliferación de microorganismos patógenos, parásitos, moscas, roedores, aves y otros vectores de enfermedades. Son habitados por animales salvajes y domésticos asilvestrados que utilizan los residuos como fuente de alimento y refugio. Los vecinos manifestaron su preocupación por la presencia de jaurías y jabalíes. Las jaurías afectan indirectamente a los animales locales, compitiendo por recursos o transmitiéndoles enfermedades, y de forma directa atacando a crías y adultos.

La Ordenanza Municipal 1931-CM-2009 establece que pueden ser esterilizados los canes sin restricciones de ningún tipo mientras su condición física lo permita, por voluntad de sus dueños o por haber sido hallados en la vía pública y no ser reclamados en un plazo de dos días. El retiro de animales de la vía pública se efectuará con personal municipal debidamente entrenado. Pero el vertedero sigue siendo territorio de perros que nadie reclama.

Bariloche no cuenta con tierras aptas para un nuevo centro ambiental por limitaciones urbanas, topográficas y ambientales. El informe técnico elaborado por Claudio Romero analiza posibles ubicaciones sobre la Ruta Nacional 23, entre Bariloche y Pilcaniyeu. Se destacan tres parcelas: La Fragua, ubicada a 15 kilómetros con pasivo ambiental reutilizable; Ex Marful y CONEA-INVAP, ubicadas a 25 kilómetros en áreas con condiciones hidrológicas favorables. Dado que la disposición final se ubicará a más de 20 kilómetros de los centros urbanos, se propone construir una estación de transferencia para optimizar transporte, costos, consumo energético y operación.

La empresa Rowing S.A. trabaja en el predio desde octubre de 2022 mediante resoluciones municipales periódicas. El Dr. Mauricio Gastón Martínez, apoderado de Rowing, explicó que la labor de la empresa está vinculada a tareas de provisión de equipos pesados para movimientos de suelos, sin incumbencias operativas, ejecutivas, de gestión o dirección. La empresa no tiene injerencia en el plan de mitigación de impacto ambiental ni en la decisión del mecanismo de tratamiento de residuos. Destacó que han presentado propuestas para mejorar la disposición final que hasta la fecha no han sido consideradas o están en proceso de evaluación por parte de las autoridades municipales.

Las fundamentaciones de las resoluciones que justifican la contratación de Rowing mencionan la afectación de incendios frecuentes, la necesidad de lograr mejoramiento y mantenimiento del predio, la realización de venteos para canalizar gases, el retiro de residuos descartados por la ARB debido a la escasa colaboración de vecinos en la separación domiciliaria. Mencionan la necesidad de dar tratamiento a residuos forestales para disminuir el volumen en el manto ya que serán procesados y triturados. Mencionan continuar con las tareas ante el inminente cierre del vertedero. Mencionan el tratamiento de residuos forestales para bajar los focos de incendio. Mencionan que una adecuada gestión de residuos y mantenimiento del entorno son fundamentales para mitigar riesgos y proteger los recursos naturales.

Pero Rowing solo realiza la provisión de maquinaria, combustible y personal idóneo, sin injerencia en el plan de mitigación o en la decisión del mecanismo de tratamiento. Las resoluciones describen incumbencia en la disminución de incendios, venteo de gases, reordenamiento, procesamiento y triturado de residuos, mitigación de riesgos y protección de recursos naturales. Hay un desfasaje entre lo que dicen los papeles y lo que hace la empresa.

El único dato sobre caracterización de residuos domiciliarios en Bariloche es de 2010. En ese relevamiento se determinó que el 60% corresponde a residuos orgánicos y el 8% está conformado por residuos que no pueden ser reciclados: pilas, medicamentos, aerosoles, peligrosos y patogénicos. Un gráfico muestra la composición física promedio: desechos alimenticios 39,3%, papeles y cartones 13,3%, plásticos 15,6%, vidrio 5,6%, metales ferrosos y no ferrosos 2%, materiales textiles 3,5%, pañales descartables 5,7%, materiales de construcción y demolición 1,6%, residuos de poda y jardín 7,5%, medicamentos 0,1%, residuos peligrosos y patógenos 0,8%. Estos porcentajes muestran que hay un gran potencial para el reciclaje.

La Dirección de Promoción Social Municipal presentó en noviembre un informe preliminar de relevamiento social en el vertedero. Durante septiembre de 2025 censaron 108 personas que van al vertedero a recuperar recursos tanto en el área del manto como en el área forestal. El 60% fueron hombres, la edad promedio es 42 años, 44 personas informaron que van al sitio hace más de 10 años, el 80% vende lo recuperado y el 60% usa y consume los elementos que recupera. El material que se recupera mayormente es metal, luego alimentos y en menor proporción ropa y leña.

Dos cooperativas trabajan activamente en la ciudad: la Asociación de Recicladores Bariloche y Jóvenes por Bariloche. Ambas se dedican a recuperar materiales como plásticos, papeles, aluminio, evitando que estos residuos lleguen al vertedero. Según información del Departamento de Promoción Social, actualmente 110 personas asisten al vertedero municipal.

Bariloche cuenta con numerosa normativa relacionada a la gestión integral de residuos, principalmente orientada a la generación diferenciada para maximizar su reciclaje. Hubo numerosas campañas de comunicación y programas a lo largo del tiempo pero estos no han podido perdurar y ser adoptados como políticas públicas, transversales a las diferentes gestiones municipales. Hoy en día hay presentes en la ciudad dos organizaciones activas dedicadas a recuperar materiales. Además, actualmente 110 personas asisten al vertedero municipal.

Esta situación debe cambiar ya que expone a la población a riesgos de salud y de seguridad. Cuando se cuenta con el apoyo y la organización adecuados, el reciclaje informal regularizado puede crear empleo, mejorar la competitividad industrial local, reducir la pobreza y reducir el gasto municipal en gestión de residuos sólidos y servicios sociales. Algunas de las intervenciones requieren el fortalecimiento de la cadena de valor del reciclaje y la consideración de oportunidades de empleo alternativas.

La ciudad tiene continuamente crecimiento poblacional, sumado a la gran cantidad de turistas que visitan año a año. Los residuos se generan día a día y se van a generar en aumento en el futuro. Como próximas consecuencias se destacan los graves impactos en la salud de la población y el ambiente, el agotamiento del espacio físico y por eso de la capacidad para la disposición final de residuos todo el municipio y, segundo, una gran red informal de negocios que giran en torno a los residuos. La inacción en la gestión de los RSU implica graves consecuencias en la salud de los ciudadanos, el ambiente y el desarrollo.

El funcionamiento del vertedero ocasiona graves riesgos para la salud, tanto para las personas que trabajan en los sitios como para las comunidades que los rodean, y afectan a la vida cotidiana de millones de personas en toda la región. Al mismo tiempo, esto da lugar a graves repercusiones ambientales, incluida la contaminación del agua, la emisión de contaminantes tóxicos y de efecto invernadero, así como la contaminación del suelo, que a su vez afectan a la biodiversidad y a las actividades económicas.

Aunque el vertedero esté clausurado, las consecuencias pueden perdurar por años. Las decisiones de cierre y remediación deben ser inmediatas, acompañadas de un fuerte compromiso político y sustentabilidad financiera para poder ser permanentes en el tiempo, transversal a la alternancia de los mandatos políticos.

La Defensoría reitera la invitación para asistir a la mesa de trabajo del 19 de noviembre en Chocorí 4065, sede de la Junta Vecinal El Frutillar, a las 18 horas, para abordar la problemática actual del CRUM, intercambiar información, propuestas, alternativas a futuro, en función del bien común de nuestra ciudad.

Por ahora, el vertedero sigue funcionando como siempre: sin barreras, sin controles, con personas que recuperan lo que otros descartan, con incendios que se repiten, con una acumulación de papeles legales que contrastan con la lentitud de las acciones concretas. El informe de la Defensoría es un documento técnico, prolijo, riguroso. También es un espejo donde se refleja una ciudad que no termina de decidir qué hacer con sus desechos, con sus excluidos, consigo misma.