Por: Bache3000

La renuncia de Marcela Ávila a la presidencia del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) no sorprendió a nadie. Era el desenlace lógico de una gestión que acumuló denuncias, reclamos ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y un malestar creciente entre los afiliados. Ávila, contadora oriunda de Villa Regina, había asumido el 10 de diciembre de 2023 al frente de un organismo que, según sus críticos, dejó de cumplir su función básica: garantizar el derecho a la salud de los trabajadores estatales rionegrinos.

Su salida se produjo apenas horas después de la renuncia de Fabián Gatti al Ministerio de Gobierno, y marca el inicio de una reconfiguración del gabinete de Alberto Weretilneck. Según trascendió, quien asumiría la conducción del IPROSS es Ivana Lorena Porro, actual vicepresidenta del organismo y una funcionaria considerada estratégica dentro del esquema del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez.

Durante la gestión de Ávila, el IPROSS se convirtió en blanco permanente de críticas. Los afiliados denunciaron demoras interminables en autorizaciones, especialmente en casos oncológicos donde cada día cuenta. Los empleados estatales aportan todos los meses, pero a cambio reciben una cobertura deficiente y un destrato constante. Los pacientes oncológicos deben atravesar peripecias burocráticas para que la medicación llegue en tiempo y forma, con autorizaciones que en muchos casos demoran semanas.

Pero lo que más indignación generó fue la decisión de la conducción del IPROSS de gastar cerca de cuatro millones de dólares en un edificio nuevo, mientras los afiliados seguían reclamando por prestaciones básicas. Esa prioridad invertida se transformó en el símbolo de una gestión que, según la oposición, atendió mejor a los funcionarios que al resto de los trabajadores estatales.

El legislador peronista Luciano Delgado Sempé venía reclamando la renuncia de Ávila desde hacía meses. "No es una cuestión personal, sino porque el IPROSS dejó de cumplir su función básica", señaló tras conocerse la dimisión. Delgado Sempé advirtió que en Río Negro existe un IPROSS para los funcionarios y otro muy distinto para el resto de los estatales, y que la obra social provincial se transformó en una caja que recauda puntualmente pero responde tarde, mal y nunca cuando el afiliado necesita atención.

Desde su sector, el legislador Santiago Ibarrolaza calificó la renuncia como "un nuevo fracaso del gobierno de Weretilneck en materia de salud" y sostuvo que "no logran sostener funcionarios clave y los problemas de gestión se acumulan". Ibarrolaza remarcó que "dos renuncias en un mismo día muestran desorden, improvisación y un modelo que claramente no está dando respuestas".

Para la oposición, la salida de Ávila no alcanza. La responsabilidad, dicen, es de toda la cúpula política del IPROSS y también del Poder Ejecutivo, que sostuvo esta gestión a pesar de las advertencias y el sufrimiento de miles de afiliados. Reclaman una renovación profunda, transparente y con un solo criterio: la salud de los trabajadores, no los privilegios de unos pocos.

Ávila, por su parte, manifestó que "haber integrado este equipo de Gobierno ha sido un honor" y destacó que durante su gestión la obra social atravesó "un proceso integral de reorganización y modernización". Sin embargo, el desgaste de la conducción y el malestar acumulado hicieron insostenible su continuidad.

Mientras el Ejecutivo se prepara para oficializar la aceptación de la renuncia y definir formalmente a su sucesora, el IPROSS vuelve a quedar en el centro de la escena política. El nombre de Porro no es nuevo en el radar del poder provincial: antes de su rol en el IPROSS, estuvo a un paso de desembarcar en Aguas Rionegrinas, lo que refuerza la idea de que se trata de una funcionaria de confianza dentro del esquema oficial.

La pregunta que queda flotando es si el cambio de nombres alcanzará para resolver los problemas estructurales de un organismo que, según miles de afiliados, dejó de estar al servicio de quienes lo financian con su salario.