Por: Bache3000

Según la acusación fiscal, el hecho se produjo alrededor de las 20:00 horas en las inmediaciones de las calles Onelli y Sobral, donde el imputado habría actuado junto a otros dos hombres que aún no han sido identificados. "Actuando de manera conjunta, con acuerdo de voluntades y con la finalidad de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos", el grupo abordó a la víctima en plena vía pública y desató una agresión física que incluyó golpes de puño y el arrojamiento de piedras que impactaron en el rostro y otras partes del cuerpo, causándole lesiones graves.

La fiscalía detalló que "a partir de la violencia ejercida se produjo la sustracción de un millón doscientos mil pesos en efectivo, entre otras prendas de vestir que se encontraban en poder de la víctima al momento del hecho". Además, señaló que antes de retirarse del lugar, los agresores habrían amenazado a la víctima con expresiones destinadas a disuadirla de realizar la denuncia, buscando así asegurar la impunidad.

Por estos hechos, el Ministerio Público encuadró la conducta como robo en lugar poblado y en banda, conforme a los artículos 167 inciso 2, 164 y 45 del Código Penal, atribuyendo al imputado responsabilidad en carácter de autor. La calificación contempla agravantes por haberse cometido en zona urbana y con la participación de tres o más personas actuando en conjunto.

Para sustentar la imputación, la fiscalía presentó diversas pruebas que incluyen actas de constatación y procedimiento, la denuncia penal efectuada por la víctima, un certificado médico que da cuenta de las lesiones sufridas y una copia de la extracción bancaria correspondiente al monto sustraído, realizada el día previo al robo. También se incorporó el certificado de antecedentes del acusado y se señaló que la víctima lo reconoció como uno de los agresores.

Una vez formulados los cargos, la fiscalía requirió la prisión preventiva argumentando la necesidad de resguardar la investigación en curso. La defensa del imputado se opuso a esa petición y propuso en su lugar la aplicación de medidas menos gravosas que, según su criterio, resultaban suficientes para asegurar el desarrollo del proceso. Tras escuchar a ambas partes, el juez de garantías resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva por el plazo de la investigación.

El caso continúa en etapa de investigación mientras el Ministerio Público avanza en la identificación y localización de los otros dos hombres que habrían participado del violento episodio.