Por: Bache3000

La ordenanza 3557-CM-25, sancionada por el Concejo Municipal, había establecido la creación de una comisión con amplias facultades para verificar, supervisar y fiscalizar el contrato de concesión con Cerro Catedral S.A. (CAPSA). El organismo tendría atribuciones para requerir información, realizar análisis económicos, societarios y ambientales, y controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del centro de esquí.

Sin embargo, el Ejecutivo municipal cuestionó duramente la iniciativa legislativa. En los considerandos de la resolución, Cortés señaló que la ordenanza crea una estructura con funcionamiento propio sin establecer expresamente cómo se financiarán sus gastos, lo que implica afectar recursos públicos sin haber cumplido con la mayoría especial que exige la Carta Orgánica para ordenanzas que crean o modifican partidas presupuestarias.

El argumento central del veto apunta a la duplicación de funciones. El intendente sostiene que las atribuciones asignadas a la comisión coinciden sustancialmente con las que ya posee el Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (EAMCEC), creado en 2011 precisamente como organismo específico encargado de la fiscalización, control, seguimiento y evaluación del contrato de concesión. Según el Ejecutivo, el EAMCEC ya ejerce de manera permanente las tareas de control y supervisión del concesionario con atribuciones técnicas, económicas, jurídicas, ambientales y administrativas.

La resolución plantea que crear una comisión investigadora con facultades análogas implica una superposición de competencias, duplicación de estructuras e interferencia en el funcionamiento de un ente autárquico, afectando su autonomía. Además, cuestiona la incorporación del Tribunal de Contralor Municipal a la comisión, considerando que se trata de un organismo cuyas funciones están determinadas por la Carta Orgánica y resultaría improcedente su participación en un órgano de carácter político e investigativo.

Otro de los puntos objetados es la falta de precisiones operativas en la ordenanza. El veto señala que la norma no determina con claridad aspectos esenciales como el modo de designación de los integrantes de la comisión, la duración de los mandatos, criterios de selección, regímenes de incompatibilidades y responsabilidades, ni el mecanismo interno de funcionamiento. La ordenanza se limita a enumerar representantes de organismos públicos, privados, provinciales y particulares sin definir los parámetros de su designación, lo que según el Ejecutivo abre la posibilidad de conflictos de intereses.

La falta de previsión concreta sobre el financiamiento también fue cuestionada. La resolución indica que la ordenanza se remite genéricamente al Presupuesto Municipal sin identificar fuente de recursos, alcance del gasto ni mecanismos de control, comprometiendo el normal desenvolvimiento de la administración y los recursos públicos.

Con estos fundamentos, Cortés ejerció la facultad que le confiere el artículo 51 inciso 3 de la Carta Orgánica Municipal para vetar en forma total la ordenanza, que ahora vuelve al Concejo Municipal. Los concejales deberán decidir si insisten con la norma, para lo cual necesitarían los dos tercios de los votos, o si acatan el veto del intendente sobre un tema que había generado expectativa en diversos sectores que reclaman mayor transparencia en la gestión del principal centro de esquí de la región.