Por: Bache3000
Las palabras de la Policía tienen esa prolijidad institucional que suelen tener los comunicados cuando algo salió muy mal. "Compromiso con la transparencia", "respeto a los derechos humanos", "accionar conforme a la ley". Frases que suenan necesarias pero que contrastan con las imágenes que todos vimos: el maxilar fracturado, los hematomas extensos, la cara hinchada hasta deformarla, el oído que ya no escucha.
La investigación administrativa avanza mientras Franco todavía no puede masticar. La Unidad Regional Tercera aplicó protocolos mientras él sigue sin saber si recuperará la audición del oído derecho. La institución se comprometió con la transparencia el mismo día en que Franco pudo al fin radicar la denuncia formal en la Fiscalía N°3, con todas las fotos y la tomografía que certifica lo que cuatro policías le hicieron en el baño de la comisaría, ese lugar sin cámaras donde nadie puede ver lo que pasa.
Hay algo que se supo después de la publicación de la nota: el efectivo que aparece con el arma en el video que Bache3000 difundió en exclusiva no pertenece a la Regional de Bariloche sino al área de Toxicomanía de Viedma. Ese detalle añade una capa más a la confusión de aquella noche, cuando un perro atropellado y muerto en la calle terminó desencadenando una secuencia de violencia que empezó con un policía uniformado invitando a pelear a Franco y terminó con cuatro efectivos golpeándolo en el piso mientras estaba esposado.
También se supo otra cosa: en la golpiza habrían participado más personas, no solo los que aparecen en el video. La palabra "habrían" es importante porque todavía no hay certezas, solo indicios, testimonios que se van sumando a la denuncia original. Pero si eso se confirma, entonces la noche del martes en la Comisaría 28 no fue un episodio aislado de cuatro policías que perdieron el control, sino algo más sistemático, más grave.
La ciudad reaccionó rápido. Las fotos de Franco generaron indignación, comentarios, debates sobre el límite entre un procedimiento policial y una sesión de tortura. Algunos dijeron que Franco no debió aceptar la provocación del policía en la calle, que él también fue violento. Eso es verdad. Franco lo reconoce. Pero la discusión no es si Franco actuó bien o mal después de que le mataran al perro. La discusión es qué pasó dentro de la comisaría cuando ya estaba reducido, esposado, sin ninguna posibilidad de defenderse.
Un hombre mayor, padre de familia, sin antecedentes graves, que cometió un error en un momento de furia legítima, terminó con el maxilar fracturado y sordo de un oído. Esa desproporción es lo que molesta, lo que indigna. No hay ningún manual policial que justifique arrastrarlo hasta el baño y golpearlo entre varios mientras está en el piso. No hay ningún protocolo que autorice eso.
La investigación administrativa avanzará por su cauce burocrático. Habrá informes, declaraciones testimoniales, cruces de versiones. La Fiscalía N°3 investigará el caso en paralelo. Los policías involucrados probablemente nieguen todo o aleguen que Franco se resistió, que se cayó, que las lesiones ocurrieron durante la detención en la calle. Es lo que suele pasar en estos casos. La palabra de varios efectivos contra la palabra de un detenido, la institución cerrando filas para protegerse.
Pero esta vez hay algo diferente. Están las fotos que Franco se sacó apenas salió. Está el video que muestra su cara antes de entrar a la comisaría, prácticamente sin marcas. Está la tomografía con contraste que detectó el "extenso hematoma subgaleal extracraneal frontoparietal izquierdo" y la "fractura apófisis frontal del maxilar superior izquierdo con edema circundante". Está el informe del Hospital Zonal con todo el lenguaje clínico que describe una golpiza. Está su oído que no escucha.
La Policía dice que espera lo que determine la Justicia. Franco también espera, pero con la desconfianza de quien sabe que el sistema judicial argentino es lento y que los casos de violencia institucional suelen diluirse o archivarse. Espera mientras toma analgésicos para el dolor del maxilar, mientras se mira al espejo y ve su cara todavía deformada por la hinchazón, mientras intenta procesar que esa noche, en un calabozo de Bariloche, cuatro personas con uniforme decidieron que podían hacer lo que quisieran con su cuerpo.
Las investigaciones avanzan, dicen. Los protocolos se cumplen, aseguran. Todo está bajo control institucional. Pero Franco sigue sin poder masticar, sigue sin escuchar del oído derecho, sigue con las marcas en la cara. Y esas marcas son más elocuentes que cualquier gacetilla de prensa, más contundentes que cualquier compromiso con la transparencia. Son la evidencia física de lo que sucede cuando el Estado, que debería proteger, decide castigar.