Por: Bache3000

Un documento presentado ante la Intendencia Municipal revela un nuevo capítulo en el conflicto habitacional que involucra a Julia Chávez y su familia, quienes enfrentan un proceso de desalojo en calle Onelli mientras el municipio instaló una casilla en el barrio Altos del Este sin cumplir los procedimientos administrativos correspondientes. La situación derivó en un reclamo formal del concejal Leandro Costa Brutten, quien rechazó la acción lesiva hacia los vecinos del sector y exigió transparencia en el manejo del caso. Los vecinos de Altos del Este ya iniciaron una junta de firmas para acompañar la presentación y exigir respuestas a la gestión de Walter Cortés.

El escrito, fechado el 16 de enero de 2026 y presentado ante el intendente, detalla que la instalación de la vivienda precaria se realizó "sin comunicación previa al Concejo Deliberante, sin constancia de acto administrativo público, sin instancia de participación vecinal" y en un espacio que, según la planificación urbana vigente y los antecedentes del barrio, tiene destino comunitario para seguridad. El documento incluye un plano catastral donde se identifica el lote en cuestión con la designación "RF Centro SEGURIDAD" en el sector 12 de Altos del Este.

Costa Brutten, quien conoce a Julia Chávez y su familia desde hace décadas, manifestó en declaraciones posteriores que la situación representa "un claro apartamiento de los procedimientos legales y administrativos" que deben regir el uso y afectación de bienes del dominio municipal. El concejal subrayó que si bien resulta indiscutible la obligación del Estado de atender situaciones de vulnerabilidad social, "ello no habilita a prescindir del marco normativo vigente, ni a modificar el destino de un espacio público mediante hechos consumados".

La movilización vecinal se produjo luego de que Bache3000 publicara un análisis sobre la compleja trama del caso Julia Chávez, donde se señalaban las irregularidades administrativas y las tensiones entre la urgencia habitacional y el respeto a los procedimientos institucionales. Según confirmó el concejal a los vecinos que impulsan la junta de firmas, "la línea de acción es la de la nota y análisis de Bache", lo que evidencia cómo el trabajo periodístico puede generar coincidencias entre el ftrabajo legislativo y los vecinos, motorizando la presentación formal ante la Intendencia con un pedido de solución del problema de todas las partes.

El reclamo formal plantea cinco exigencias concretas a la gestión municipal. En primer lugar, solicita que se informe de manera inmediata y por escrito el fundamento legal y administrativo que autorizó la instalación de la casilla en el espacio público designado para seguridad. También demanda que se remita al Concejo Deliberante copia de toda resolución, convenio, acta o expediente administrativo relacionado con la decisión, y que se aclare quién determinó el cambio de destino del espacio comunitario, indicando si existió desafectación formal conforme a la normativa vigente. El documento exige además la suspensión de nuevas intervenciones en el lugar hasta que se regularice la situación administrativa y legal, y solicita que se garantice una instancia de diálogo y participación con los vecinos del barrio.

El segundo punto del reclamo revela la postura del concejal respecto al caso de fondo. Costa Brutten manifiesta "pleno apoyo a la situación de la familia que pretende ser resuelta", entendiendo que "debe ser una situación de prioridad del Estado que deberá resolver con la entrega de un lote con la vivienda y servicios respetando los procedimientos y ordenanzas, sin generar a los vecinos de Altos del Este una situación disvaliosa o conflictiva". El concejal conoce a Julia Chávez desde los seis años y enfatizó que la familia merece "respuestas humanas y legales", no el "destrato de la gestión municipal de Cortés". "Convirtiendo a Julia y su familia en ocupantes no van a solucionar una situación de desalojo y abuso judicial", advirtió.

La tercera sección del documento introduce una propuesta concreta de solución institucional. Costa Brutten solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe y concrete la suscripción de un convenio con el Gobierno de la Provincia de Río Negro para utilizar un lote provincial destinado a infraestructura de seguridad. El objetivo sería fortalecer las políticas públicas de prevención y respuesta en materia de seguridad ciudadana, optimizando el uso de bienes estatales que ya se encuentran afectados a fines públicos vinculados con la seguridad.

El concejal argumenta que la creciente demanda de infraestructura adecuada para fuerzas de seguridad, dispositivos de prevención, logística y atención de emergencias hace necesario priorizar aquellos terrenos que ya están afectados a esos fines. La celebración de un convenio interjurisdiccional, según el planteo, permitiría poner en valor un lote con destino específico a infraestructura de seguridad, mejorar la coordinación entre el municipio y la provincia, fortalecer la presencia del Estado en el territorio y brindar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad a los vecinos de San Carlos de Bariloche.

El documento concluye solicitando que se instruya iniciar las gestiones necesarias ante el Gobierno Provincial para avanzar en un acuerdo que permita el uso efectivo del lote en beneficio de la comunidad, y solicita una respuesta formal dejando el expediente a disposición del Concejo Deliberante para las actuaciones que correspondan. La presentación lleva el sello de recibido de la Mesa de Entradas municipal con fecha 16 de enero de 2026.

La junta de firmas impulsada por los vecinos de Altos del Este busca respaldar las exigencias planteadas por Costa Brutten y presionar al Ejecutivo Municipal para que dé respuestas públicas sobre los procedimientos adoptados. Los vecinos coinciden con el planteo del concejal en la necesidad de garantizar una solución habitacional digna para Julia Chávez y su familia, pero rechazan que esto se realice mediante la modificación unilateral del destino de espacios públicos sin consulta vecinal ni fundamentos administrativos transparentes.

La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de asignación de viviendas sociales en contextos de emergencia habitacional y los límites de la discrecionalidad administrativa frente al ordenamiento territorial vigente. El caso involucra además tensiones entre la urgencia de dar respuesta a una familia en situación de vulnerabilidad que enfrenta un desalojo judicial y la necesidad de preservar espacios destinados a equipamiento comunitario en barrios planificados como Altos del Este.

El reclamo de Costa Brutten introduce además una dimensión de rendición de cuentas institucional, al exigir que el Ejecutivo Municipal fundamente públicamente las decisiones adoptadas y garantice instancias de participación vecinal en situaciones que modifican el destino de espacios públicos. La omisión de estos procedimientos, según advierte el concejal, "lesiona la confianza ciudadana en las instituciones y sienta un precedente de discrecionalidad incompatible con un Estado de Derecho".

La gestión municipal de Walter Cortés no ha emitido hasta el momento una respuesta pública al reclamo presentado. Tampoco se han conocido los fundamentos administrativos que habrían justificado la instalación de la vivienda en el lote de Altos del Este ni se ha convocado a los vecinos del sector a instancias de diálogo sobre la situación.