Por: Bache3000

La Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables (FADEHS) presentó un recurso administrativo ante la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Provincia de Río Negro para exigir el cumplimiento inmediato de la normativa que ordena el cierre, remediación y relocalización del vertedero municipal. La acción formal se concreta después de más de dos años de incumplimiento por parte de las autoridades de dos instrumentos legales vigentes: la Ordenanza Municipal 3349-CM-22 y la Ley Provincial 5491.

El recurso, firmado por Federico López Lambert como presidente de FADEHS e ingresado en Mesa de Entradas municipal el 16 de enero, marca un nuevo capítulo en el conflicto que enfrenta a organizaciones ambientalistas y vecinos con las administraciones municipal y provincial. La presentación formal constituye un paso previo necesario antes de una eventual judicialización del reclamo, tal como sucedió el año pasado cuando vecinos de la zona ganaron un amparo judicial que obligó a la gestión anterior a tomar medidas sobre el basural.

La Ley Provincial 5491, sancionada en 2020, estableció objetivos y procedimientos obligatorios para la gestión integral de residuos sólidos urbanos en toda la provincia de Río Negro. Entre sus mandatos más relevantes figura la erradicación de los basurales a cielo abierto, la clausura de sitios de disposición final en un plazo máximo de tres años desde su sanción —plazo que venció el 4 de diciembre de 2023— y la implementación de programas de remediación y recuperación ambiental de los predios afectados. La norma además creó un Fondo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos específicamente destinado a dar cumplimiento a estos fines.

Por su parte, la Ordenanza Municipal 3349-CM-22, actualmente vigente, adhiere expresamente a la ley provincial y dispone que el Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM) debe ser convertido en un centro de transferencia y agregado de valor para que la Asociación Recicladores Bariloche y otras entidades realicen tareas de recupero y reciclado de residuos. Simultáneamente, establece que el sitio de disposición final debe ser cerrado, remediado ambientalmente y relocalizado en una nueva ubicación regional.

Sin embargo, según denuncia FADEHS en su presentación formal, ninguna de estas obligaciones está siendo cumplida efectivamente. El documento señala que no se ha definido la localización de un nuevo sitio de disposición final, no se han realizado los estudios técnicos necesarios para determinar su factibilidad y tampoco se ha gestionado el financiamiento requerido. Mientras tanto, el vertedero actual continúa operando en condiciones de colapso, sin gestión adecuada ni las mínimas tareas de mantenimiento, lo que determina la recurrencia de incendios de interfase que afectan la salud de miles de vecinos y ponen en riesgo viviendas y mascotas de barrios aledaños.

"La Provincia está completamente ausente, luego de reiteradas promesas de involucramiento por parte de los gobernadores Weretilneck y Carreras", señala el comunicado de prensa que acompaña la presentación administrativa. El texto enfatiza que "la Municipalidad, por su parte, mantiene al vertedero en un estado de colapso, sin gestión ni las mínimas tareas de mantenimiento, lo que determina la recurrencia de incendios de interfase, que no sólo dañan el ambiente y la salud de miles de vecinos, sino que ponen en riesgo personas, viviendas y mascotas de barrios aledaños".

Desde FADEHS consideran que esta situación de desidia constituye una decisión política deliberada orientada a preparar el camino para aprobar un nuevo pliego de licitación que concesione las obras y operación de una nueva celda, nuevamente en el mismo predio del CRUM, postergando por al menos diez años más el cierre definitivo del vertedero. Esta estrategia implicaría, según la fundación, un flagrante incumplimiento de las normas vigentes que expresamente ordenan la relocalización del sitio de disposición final.

El recurso administrativo presentado exige formalmente que las autoridades municipales y provinciales se ajusten a lo establecido en las ordenanzas y leyes vigentes. El documento advierte que, ante la persistencia del incumplimiento, se evaluará la promoción de acciones administrativas y judiciales adicionales, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder. Esta estrategia replica el camino seguido durante 2024, cuando vecinos organizados lograron un amparo judicial que forzó a la gestión de Gennuso a implementar medidas correctivas sobre el basural.

Tomás Guevara, vecino de la zona afectada y especialista en temas urbanos que viene trabajando en la problemática desde hace años, expresó la preocupación del sector ambientalista: "Nuevamente, vemos con preocupación que quieren patear para adelante el problema sin darle una solución. Pero hay ordenanzas y leyes vigentes que mandan al cierre y relocalización. No es optativo cumplir o no. No se gobierna por capricho del intendente ni del gobernador ni de nadie, acá hay leyes que hay que cumplir".

Guevara fue enfático sobre las consecuencias del incumplimiento: "Si no se cumplen, lamentablemente nos van a obligar a tomar medidas legales otra vez. Es muy desgastante, pero está en juego nuestra salud y sobre todo la de nuestros hijos. Sería mucho más fácil para nosotros descansar y mirar cómo se hacen bien las cosas, pero no son los gobernantes que tenemos". El referente recordó los antecedentes judiciales favorables: "Ya les ganamos el amparo el año pasado y por eso toman medidas ahora. Igual que pasó con Gennuso, Cortés lo hace por presión, pero lamentablemente otra vez toma medidas equivocadas, busca atajos, no tiene el coraje para darle solución al problema como hace falta".

El integrante de FADECHS concluyó con una advertencia clara a las autoridades: "Tendremos que volver a tomar medidas. No nos van a ganar por cansancio, de eso no tengan dudas". Esta declaración refleja la determinación de los sectores ambientalistas y vecinales de mantener la presión legal y política hasta lograr el cumplimiento efectivo de la normativa que ordena el cierre y relocalización del vertedero municipal.

La presentación del recurso administrativo coloca nuevamente bajo los reflectores una problemática que el gobierno municipal de Walter Cortés parecía haber relegado en su agenda. Con la sanción judicial del año pasado como antecedente y con normativa provincial y municipal que vencieron sus plazos de cumplimiento, la administración actual enfrenta ahora la disyuntiva entre acatar las obligaciones legales vigentes o enfrentar un nuevo conflicto judicial que, a juzgar por los precedentes, podría resultar nuevamente adverso para las arcas y la gestión municipal.