Por: Bache3000

La Asamblea de Trabajadores convocó a organizaciones políticas, sociales y sindicales de la ciudad para advertir sobre el contenido de la reforma laboral que el Congreso Nacional comenzará a debatir en febrero. El encuentro estuvo marcado por la crítica a las centrales sindicales, especialmente la CGT, a la que acusaron de intentar negociar con el gobierno de Javier Milei sin convocar a medidas de lucha concretas.

Los manifestantes señalaron que 2026 arranca con el gobierno nacional buscando aprobar una reforma laboral que profundizará el ajuste sobre las familias trabajadoras, en un contexto en el que los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo y el gobierno avanza con políticas de represión sobre derechos adquiridos en sectores como jubilados, universidades, hospitales y personas con discapacidad. Según expresaron los participantes de la asamblea, estas reformas forman parte de un plan extractivista que pone en riesgo bienes comunes de toda la población.

Otro de los puntos polémicos que el oficialismo del presidente Milei buscará poner en agenda parlamentaria es la modificación que se pretende realizar sobre la Ley Nacional de Glaciares, que actualmente protege estas reservas de agua dulce fundamentales para millones de argentinos. La reforma - señalaron los trabajadores - permitiría a las provincias hacer su propia reglamentación para habilitar megaminería en glaciares o zonas periglaciales, lo que según los manifestantes viola el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que las provincias solo pueden mejorar la protección ambiental sin contradecir normativas nacionales.

Desde la Asamblea de Trabajadores recordaron episodios como los derrames de cianuro que afectaron al río Jachal, con graves consecuencias ambientales y sanitarias, para ilustrar los riesgos que implica flexibilizar las regulaciones sobre actividades extractivas en zonas sensibles. Los presentes advirtieron que este tipo de modificaciones responde exclusivamente a intereses empresariales y del Fondo Monetario Internacional, sin considerar el impacto sobre las comunidades y el medio ambiente.

En cuanto a la reforma laboral propiamente dicha, los organizadores repartieron panfletos explicando los alcances del proyecto. Entre los puntos más cuestionados figura la eliminación del pago de horas extra mediante un sistema de banco de horas que permite a las empresas exigir jornadas de hasta doce horas sin compensación adicional, así como la facultad patronal de fijar vacaciones según conveniencia empresaria y no familiar. También se señaló la prohibición de realizar paros y huelgas argumentando la esencialidad de servicios, lo que según advierten prácticamente anula el derecho constitucional a la protesta laboral.