Por: Bache3000

Lucas Pérez podría asumir como concejal por Juntos Somos Río Negro en los próximos días, pero su nombre desató un debate en los niveles provinciales del partido. La resistencia no proviene de Bariloche, sino de Viedma. En la cúpula provincial cuestionan si es correcto que alguien investigado —aunque no condenado— en un caso de corrupción municipal ocupe una banca en el Concejo Deliberante. Pero hay algo más: la foto con CREO. El partido que lidera Aníbal Tortoriello es la principal fuerza de oposición al gobierno de Alberto Weretilneck. Que Pérez aparezca como armador de CREO en la zona andina mientras figura en la lista de Juntos genera sospechas sobre su lealtad y alimenta el rechazo.

La vacante existe porque Glenda Cohen decidió no asumir, después de que Natalia Almonacid dejara la banca (en realidad, todavía no renunció) para incorporarse a la Secretaría de la Gobernación. En la lista de Juntos de 2023, Pérez le sigue a Cohen. Fue impulsado entonces por Arabela Carreras. Ahora, en agosto de 2025, apareció en una foto del partido CREO, presentándose como armador político en la zona andina. Entre una cosa y otra, está el expediente judicial que lo menciona sin poder acusarlo, la alianza con el principal opositor al gobierno provincial, y un partido que se pregunta si debe llamarlo a asumir.

El debate interno en Juntos gira alrededor de dos dimensiones que se superponen. Una es ética y legal: sin condena, no hay impedimento formal para que Pérez asuma, pero la dimensión ética excede lo estrictamente judicial. En estos tiempos, el partido no puede mostrar que alguien vinculado a un expediente de corrupción —investigado, aunque no condenado— ocupe una banca. La otra dimensión es política: Pérez fue fotografiado con CREO, el partido de Aníbal Tortoriello, que enfrenta al gobierno de Weretilneck desde la oposición. Para los niveles provinciales de Juntos, esa imagen no es un detalle menor.

La línea sucesoria no termina en Pérez. Después de él viene Claudia Torres, pero está jubilada. Para asumir tendría que renunciar a su jubilación, un trámite que pocos están dispuestos a hacer. Más atrás en la lista está Claudio Otano. Pero el debate no llega tan lejos todavía.

El caso de las licencias irregulares concluyó con cuatro condenas. Fue denunciado por la actual legisladora de JSRN, Marcela Abdala. Malén Castro, Mariana Villalobos y Alicia Vega formaban una asociación ilícita, según el fallo de febrero de 2023. Marcos Aguirre fue condenado en septiembre del mismo año por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y administración fraudulenta. Juan Marcelo Oyarzo, que llegó a ser jefe interino del área de licencias, aceptó su responsabilidad en octubre por haber omitido informar las irregularidades. Recibió seis meses de prisión condicional.

Durante casi dos años, entre diciembre de 2014 y agosto de 2016, se emitieron al menos 714 licencias sin respaldo. Los beneficiarios no acreditaron aptitud para conducir. El municipio quedó endeudado con el Ministerio del Interior por 121.625 pesos en certificados de antecedentes que nunca se liquidaron. Las licencias se confeccionaban los sábados por la mañana y los días de semana por la tarde, cuando el personal hacía horas extras. Todo quedó documentado en allanamientos, sumarios administrativos, análisis de sistemas informáticos, registros de fichadas y testimonios de quienes tramitaron licencias por vías irregulares.

Lucas Pérez fue investigado dentro de ese esquema. Cuando la fiscalía solicitó escuchas telefónicas, su línea quedó incluida. Los registros están identificados como NIR 40, NIR 49 y NIR 55. No hay transcripciones públicas de esas conversaciones. No hay detalles sobre qué se dijo o con quién. Pero funcionarios municipales que conocieron el caso desde adentro sostienen que la sospecha era mayor: no solo habría participado de la red, sino que habría sido una de las piezas clave en su funcionamiento. La justicia no logró probarlo. Las escuchas no fueron suficientes. No hubo acusación formal. El expediente cerró sin su nombre entre los condenados, pero tampoco sin absolverlo.

Ahora su nombre vuelve a circular, esta vez vinculado a una banca en el Concejo Deliberante. El debate en los niveles provinciales de Juntos no es solo sobre Pérez. Es sobre qué significa representar al partido en un contexto donde la confianza ciudadana en la política se erosiona con cada escándalo. Algunos argumentan que sin condena no hay responsabilidad que atribuir. Otros sostienen que la política no puede regirse solo por lo que la justicia puede probar, sino también por lo que la sociedad percibe como aceptable. Que el daño a la credibilidad del partido sería irreversible.

La foto con CREO agrega otra capa al problema, quizás la más delicada desde el punto de vista político. Pérez aparece sonriente, rodeado de dirigentes de esa fuerza, presentándose como armador en la región andina. Para los niveles provinciales de Juntos, esa imagen no solo evidencia una falta de lealtad, sino que plantea una pregunta concreta: ¿qué hace un candidato de Juntos trabajando para el partido que enfrenta al gobierno provincial? Las dudas sobre su doble juego político alimentan el rechazo tanto como el expediente judicial. Algunos dirigentes provinciales consideran que Pérez ya no representa al partido, y que llamarlo a asumir sería un error estratégico.

La sucesión debería ser automática, pero se ha convertido en un problema político que divide a Juntos Somos Río Negro desde Viedma hasta Bariloche. El reglamento indica que corresponde llamar al siguiente. Pero entre el reglamento y la política hay una distancia que a veces se mide en expedientes judiciales, en fotos con el partido del principal opositor provincial, en conversaciones telefónicas que alguien grabó hace años, en sospechas que la justicia no pudo convertir en condenas y en debates internos sobre qué límites éticos debe respetar un partido que aspira a gobernar con transparencia. Pérez espera. El partido discute. La banca sigue vacía.