Por: Bache3000

Integrantes de espacios culturales lo vieron. No era la primera vez. Ya lo habían cruzado en otras actividades, ya sabían que andaba por ahí, en algún lugar de la órbita del área de Cultura. "Está trabajando ahí", dicen algunos. Pero nadie sabe exactamente en qué. Nadie tiene un decreto, una resolución, un papel que diga qué hace Gustavo Ferrari en la Municipalidad de Bariloche. Porque Gustavo Ferrari no debería estar haciendo nada en la Municipalidad de Bariloche.

Ferrari es también Gustavo González. O era, cuando quería serlo. Usó ese alias para moverse en dependencias municipales durante buena parte de 2024. Se presentaba así en reuniones, firmaba con ese nombre, hablaba como si tuviera alguna investidura que nadie le había dado. En marzo de ese año, el entonces director del EMCO, Gastón Marchiolli, lo encontró en el Mercado Comunitario un domingo. "Sr. Gustavo González", escribió Marchiolli en un informe. El señor González había estado en una asamblea del CPA presentándose como "asesor legal y técnico de la Secretaría de Producción".

La secretaria de Producción es Silvia Ferrari. Su hermana.

Cuando la concejala Roxana Ferreyra preguntó en una reunión del Directorio quién era Gustavo González, Silvia Ferrari contestó sin rodeos: "un asesor mío". Pero no existe documentación que respalde esa figura. No hay resolución de designación, no hay contrato, no hay nada. Solo la palabra de una funcionaria diciendo que ese hombre es su asesor. Y ese hombre usando dos nombres según la ocasión.

El 24 de septiembre de 2014, Gustavo Daniel Ferrari fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala cuando intentaba salir del país. Llevaba en su equipaje 206.000 dólares sin declarar, más 7.540 euros, 2.178 pesos mexicanos, 70 francos suizos y 120 dólares de Hong Kong. No pudo explicar de dónde venía ese dinero.

Un tribunal guatemalteco lo condenó en mayo de 2015 a siete años de prisión por lavado de activos. Cumplió la condena completa. Siete años en una cárcel de Guatemala por no poder justificar el origen de más de doscientos mil dólares que llevaba escondidos en el equipaje.

Pero la historia de Ferrari no termina en Guatemala. Empieza antes. Entre 2011 y 2014, según la acusación que pesa sobre él en Argentina, Ferrari integraba una organización criminal vinculada al narcotráfico que transportaba grandes sumas de dinero de origen ilícito en vuelos internacionales. El método era simple y antiguo: doble fondo en los equipajes para eludir los controles aduaneros. Divisas que cruzaban fronteras escondidas entre la ropa y las valijas.

La acusación original mencionaba a cuatro hombres: Gustavo Ferrari, su hermano Marcelo Ferrari, José Luis Pérez y Rogelio Bonis. Marcelo era señalado como el jefe de la banda. Murió antes de ser juzgado. Rogelio Bonis también murió, y en abril de 2024 el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 declaró extinguida la acción penal en su contra. José Luis Pérez llegó a un acuerdo de juicio abreviado en noviembre de 2022, homologado en marzo de 2023, pero la fiscalía abandonó la calificación de lavado de activos agravado por integrar una organización criminal.

¿Por qué se la mantiene para Gustavo Ferrari? El juez Diego García Berro planteó esa pregunta en diciembre del 2024, cuando rechazó el acuerdo de juicio abreviado que Ferrari había firmado con la fiscalía. El pacto contemplaba cuatro años y seis meses de prisión más una multa de un millón ochocientos mil pesos, pero lo más importante era que incluía la unificación de esta condena con la ya cumplida en Guatemala. En la práctica, Ferrari no habría pasado un día más en prisión.

El juez dijo que no. Que las pruebas no alcanzaban para fundamentar una condena sin un juicio completo, que hacía falta "un mejor conocimiento de los hechos". Señaló que no estaba acreditado de qué delito específico provenía el dinero que Ferrari habría transportado, ni que existiera una relación causal entre ese dinero y una actividad ilícita concreta. Y ordenó que se realizara un juicio oral y público.

En la audiencia del 9 de diciembre de 2024, Ferrari declaró que había firmado el acuerdo porque no quería volver a estar preso. Es comprensible. Ya pasó siete años encerrado en Guatemala.

Mientras esperaba ese juicio, Ferrari apareció en Bariloche. No como visitante. Como alguien que trabaja, que se mueve, que usa recursos públicos. Empleados municipales lo vieron muchas veces. En el Puerto San Carlos, en el Mercado Comunitario, en el Fab Lab. En reuniones del ente autárquico del Puerto llegó a hablar de pedirle al contador que firmara un acuerdo de confidencialidad. Después de algunos conflictos internos lo sacaron de esa área. Ahora está en el Cóndor, dicen. Ahora está en Cultura, dicen otros.

Marchiolli, en su informe de marzo de 2024, detalló que solicitó explicaciones sobre las actividades que se desarrollaban en el Mercado Comunitario fuera del horario laboral y sobre el uso de bienes municipales sin la presencia del personal responsable. Observó mercadería de FUNBAPA cuya distribución estaba a cargo de particulares. Constató daños en equipamiento municipal: la ruptura de un carro zorra hidráulico con pérdida de aceite.

Ferrari no tiene designación formal pero usó la camioneta municipal. No cobra sueldo pero participó de reuniones oficiales. No figura en ninguna planta de personal pero está, siempre está, en algún lugar de la estructura municipal. Los empleados lo conocen. Lo han visto actuar. Han pedido explicaciones. Nadie las ha dado.

Este sábado 24 de enero volvió a aparecer en el Puerto San Carlos. "Baila Sin Fronteras", la celebración del tercer aniversario de Uniendo Raíces. La Subsecretaría de Cultura acompañando. Entrada libre y gratuita. Danzas andinas, murgas amigas, música hasta la noche. Y entre la gente, entre funcionarios y gestores culturales, Ferrari. Como si nada. Como si fuera uno más. Como si no tuviera una condena cumplida en Guatemala por lavado de dinero. Como si no estuviera procesado en Argentina por integrar una organización criminal vinculada al narcotráfico. Como si no hubiera usado un alias para moverse en dependencias municipales. Como si no hubiera usado bienes públicos sin ninguna designación que lo autorizara.

¿Quién explica esto?

Integrantes de espacios culturales lo vieron este sábado. Ya lo habían visto antes. Ya saben que está "trabajando" en el área de Cultura. Pero nadie sabe exactamente qué hace. Nadie tiene una respuesta. Solo la certeza de que está ahí, que sigue ahí, que va a seguir ahí mientras nadie diga que no puede estar.

Ferrari tiene una historia que no cabe en ninguna minuta de reunión. Tiene siete años cumplidos en una cárcel de Guatemala. Tiene un procesamiento pendiente en Argentina por lavado de activos agravado. Tiene un hermano muerto que era, según la acusación, el jefe de una banda. Tiene una hermana que es secretaria de Producción en Bariloche. Tiene una camioneta municipal que nadie justifica. Tiene una presencia que nadie cuestiona. Tiene un alias que usó cuando le convenía. Tiene un intendente que mintió diciendo que no lo conoce.

Y tiene, parece, un lugar en la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Sin cargo ni designación, obvio. Estuvo este sábado en el Puerto San Carlos, en un evento cultural con murgas y danzas. Como si nada. Como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí.

Como si la transparencia y el ciudado de los fondos (y bienes) públicos fuera una palabra que no significa nada.