Por: Bache3000

A escasas semanas de su previsible tratamiento en la Cámara alta del Congreso, el Foro emitió una contundente declaración en la que rechaza íntegramente el proyecto que el gobierno nacional denomina "de reforma y modernización del derecho del trabajo en Argentina". En el documento, las organizaciones sindicales y sociales alertan sobre las consecuencias que tendría la aprobación de una normativa que consideran incompatible con los tratados internacionales, la Constitución Nacional y los principios básicos de los derechos humanos.

El núcleo de la crítica apunta a que el proyecto representa la liquidación de los contenidos más esenciales del derecho laboral. "Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto de tratamiento legislativo es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT, la Constitución Nacional Argentina, los principios generales y específicos del derecho internacional y nacional del trabajo y de la seguridad social", sostiene la declaración del Foro, que además advierte que la iniciativa no tiene "nada de moderno" y que su aprobación retrotrae el país "al siglo XIX".

Entre los aspectos más cuestionados figura la restricción de la actividad sindical y el derecho de huelga, además de un golpe directo a la negociación colectiva por actividad. El Foro denuncia que el proyecto busca fomentar "la creación de sindicatos de empresa para que negocien a la baja en ese reducido ámbito", lo que implicaría una fragmentación del movimiento obrero y un debilitamiento estructural de la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos. La declaración subraya que "a la indefensión individual de los trabajadores y trabajadoras en las relaciones sociales de trabajo se suma la reducción a límites extremos de la presencia y acción sindical".

Las organizaciones también refutan los argumentos del gobierno nacional sobre la relación entre legislación laboral y empleo. "Es falso que las leyes laborales contribuyan a la creación de empleo o a su destrucción. En Argentina, con la ley vigente, se crearon millones de puestos de trabajo y, de igual modo, se perdieron", afirma el documento, que señala que los indicadores sociales dependen de la política económica y no de la flexibilización de derechos laborales. En ese sentido, responsabilizan directamente al gobierno por impulsar una política económica que va "en sentido contrario" a la creación de empleo genuino.

Otro punto central del rechazo se relaciona con la eliminación del sistema de indemnizaciones y sanciones por incumplimientos patronales. El Foro desmiente la existencia de una "industria del juicio laboral", argumento que el gobierno utiliza para justificar la reforma, y sostiene que la litigiosidad existente deriva del "alto nivel de ilegalidad del mundo del trabajo y de una verdadera industria del incumplimiento patronal". Las organizaciones advierten que suprimir las indemnizaciones y sanciones solo incrementará los niveles de precarización, favoreciendo la evasión laboral, previsional y la informalidad.

La implementación del Fondo de Asistencia Laboral, que forma parte del proyecto, también genera alarma entre las organizaciones. Según el Foro, este mecanismo disminuirá los ingresos del Sistema Previsional mediante la reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales, lo que desfinanciará aún más los "ya escasos recursos de la seguridad social en detrimento de trabajadoras y trabajadores". Además, el documento cuestiona la progresiva eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, que consideran un intento de "impedir que los trabajadores puedan reclamar sus derechos en igualdad de condiciones".

Frente a este escenario, el Foro anunció que mantendrá "acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país" y que no admite "más que el rechazo total" del proyecto. Las organizaciones adelantaron que exigirán reuniones con gobernadores y legisladores nacionales, denunciarán la iniciativa en instancias nacionales e internacionales y se mantendrán "en estado de alerta permanente en defensa de la dignidad de quienes trabajan". El documento concluye señalando que las discusiones necesarias deberían apuntar al fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral y no a su desmantelamiento.