Por: Bache3000

La declaración, firmada en Buenos Aires el 22 de enero, sostiene que el proyecto representa "la demolición, liquidación, extinción y cancelación" de los contenidos más esenciales del conjunto de normas y valores universales e irrenunciables que rigen las relaciones de trabajo en Argentina. Según el Foro, esta reforma afectará de manera trágica a la totalidad de la clase trabajadora del país "a un nivel jamás alcanzado por ningún otro proyecto y en ningún otro estadio de su desarrollo".

Lejos de la modernización que proclama el gobierno, las organizaciones firmantes advierten que la aprobación de esta ley retrotraería al país al siglo XIX. Entre los aspectos más críticos, señalan la indefensión que quedarán enfrentando los trabajadores y trabajadoras en sus relaciones laborales individuales, sumada a una reducción extrema de la presencia y acción sindical. El proyecto limita el derecho de reunión y restringe de modo "prácticamente prohibitivo" el ejercicio del derecho de huelga.

Un golpe particularmente demoledor, según la declaración, es el ataque a la negociación colectiva por actividad mediante el fomento de sindicatos de empresa que negocien a la baja en ámbitos reducidos. Esta estrategia fragmentaría la capacidad de organización colectiva de los trabajadores y debilitaría su poder de negociación frente a los empleadores.

El Foro también desmiente dos de los argumentos centrales que el gobierno utiliza para justificar la reforma. Por un lado, califica de "falso" que las leyes laborales contribuyan a la creación o destrucción de empleo, recordando que en Argentina, con la legislación vigente, se crearon millones de puestos de trabajo y también se perdieron. Lo que determina el crecimiento positivo de los indicadores sociales, enfatizan, es la política económica, y la del gobierno actual "va en sentido contrario".

Igualmente consideran irreal la existencia de una supuesta "industria del juicio laboral". Rechazan este argumento tanto en términos cuantitativos como conceptuales, señalando que la litigiosidad existente deriva del alto nivel de ilegalidad en el mundo del trabajo y de una verdadera "industria del incumplimiento patronal".

La eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a incumplimientos laborales, según las organizaciones, no hará más que incrementar los niveles de precarización existentes, favoreciendo la evasión laboral, previsional y la informalidad. Adicionalmente, la implementación del Fondo de Asistencia Laboral reducirá en tres puntos porcentuales las contribuciones patronales, desfinanciando los ya escasos recursos de la seguridad social en detrimento de trabajadoras y trabajadores.

Otro punto crítico es la progresiva eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, que según el Foro encubre el propósito de impedir que los trabajadores reclamen sus derechos en igualdad de condiciones. La asignación de competencias al Fuero Contencioso Administrativo elimina la garantía del juez natural y la existencia de una justicia especializada. Además, denuncian que se impone una "obediencia debida" que solo se les exige a los jueces del trabajo, afectando su independencia.

Frente a este panorama, el Foro considera impensable la discusión de aspectos parciales, secundarios o sectoriales del proyecto, por lo que exige su rechazo total. Las organizaciones sostienen que las discusiones necesarias deberían orientarse hacia un fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral y una política estatal que elimine la precarización para un universo que ya representa la mitad o más de la fuerza de trabajo activa en el país.

Como respuesta, el Foro anunció que llevará adelante acciones de resistencia en todo el territorio nacional, exigirá reuniones con gobernadores y legisladores para que asuman su responsabilidad institucional, y denunciará en todas las instancias nacionales e internacionales la gravedad del proyecto. La coalición se mantiene en estado de alerta permanente en defensa de la dignidad de quienes trabajan.