Por: Bache3000

Rocky, el perro tipo Bulterrier que durante meses fue sometido a entrenamientos brutales para peleas clandestinas, ingresó este martes a los caniles de la Dirección de Sanidad Animal de Bariloche. El arribo se concretó después de una intensa presión ejercida por vecinos del barrio 2 de Abril, el concejal Leandro Costa Brutten y la cobertura periodística de Bache3000 que visibilizó el caso y obligó a las autoridades municipales a intervenir. Ahora, busca que una familia lo adopte.

El perro había sido rescatado días atrás por una fundación que prefirió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, con la colaboración directa de Costa Brutten, quien formalizó la denuncia penal contra el responsable del maltrato. Tras el operativo de rescate, dos vecinas se hicieron cargo voluntariamente de Rocky, sostuvieron su cuidado veterinario inicial y lo alojaron en sus domicilios mientras esperaban que el Municipio cumpliera con su obligación legal de brindarle resguardo preventivo.

Sin embargo, la respuesta institucional no llegó de inmediato. Durante varios días, las voluntarias insistieron ante Sanidad Animal para que el perro fuera admitido en las instalaciones municipales, pero la dependencia se resistió a recibirlo. Fue recién después de que el concejal Costa Brutten presentara una nota formal ante la Dirección solicitando el resguardo preventivo del animal, y de que Bache3000 publicara la historia completa del caso, que las autoridades accedieron a cumplir con el protocolo establecido por la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Animales.

En su presentación ante Sanidad Animal, Costa Brutten detalló que el dueño de Rocky había sido denunciado penalmente por maltrato y crueldad animal ante el Ministerio Público Fiscal, y el perro se encontraba en condiciones de abandono, falta de socialización, ausencia de control sanitario y sin tenencia responsable. Además, el concejal advirtió sobre manifestaciones de vecinos que daban cuenta de conductas agresivas del animal, con riesgo potencial para terceros, agravado por la inexistencia de medidas de contención adecuadas, lo que configuraba un peligro cierto para la comunidad.

La situación había derivado en la intervención de rescatistas que, luego de solicitar voluntariamente la entrega del animal en tenencia responsable y realizar inmediata atención veterinaria, constataron las múltiples heridas, cicatrices e indicadores conductuales que confirmaban que Rocky había sido utilizado para peleas de perros o actividades agresivas. Ese diagnóstico veterinario fue uno de los elementos clave que justificó la urgencia de la intervención municipal.

En su nota, Costa Brutten invocó la normativa vigente que faculta a la autoridad municipal a disponer el retiro preventivo del animal, su alojamiento en un espacio adecuado y la correspondiente evaluación veterinaria, priorizando tanto la protección de la comunidad como el bienestar del propio animal. El edil solicitó que se realizara una evaluación veterinaria integral, que se determinara el alojamiento del perro en un espacio municipal o convenido de resguardo hasta tanto se resolviera su situación definitiva en el marco administrativo y judicial correspondiente, y que se informara a la Fiscalía interviniente sobre las medidas adoptadas.

La presión ejercida por el concejal, sumada a la exposición pública del caso, finalmente obligó a Sanidad Animal a aceptar el ingreso de Rocky. El perro fue trasladado a los caniles municipales, donde ahora recibe atención veterinaria continua, control del dolor y seguimiento clínico permanente. Según el informe médico veterinario, Rocky presenta múltiples heridas cortopunzantes en cara y cuello, lesiones traumáticas en las patas traseras, dolor intenso, debilidad generalizada, signos de peleas con otros perros y un cuadro conductual compatible con estrés crónico, miedo extremo y sometimiento. El diagnóstico fue claro: estado grave, con pronóstico de salud reservado.

Desde el punto de vista técnico, el cuadro es altamente compatible con maltrato animal y omisión grave de cuidados. Toda la documentación sobre el caso fue elevada a la Fiscalía para que investigue los hechos y determine las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, Rocky permanece bajo resguardo municipal, donde el equipo veterinario trabaja día a día en su recuperación física y conductual.

El caso de Rocky vuelve a poner en evidencia la tensión entre el accionar ciudadano, las obligaciones legales del Estado municipal y la burocracia que muchas veces demora respuestas urgentes en situaciones de maltrato animal. Fueron necesarias la organización vecinal, la intervención de un concejal, una denuncia penal, una nota formal y la cobertura periodística para que finalmente el Municipio cumpliera con lo que la ordenanza vigente ya establece como deber: brindar resguardo preventivo a un animal en situación de peligro. Hoy Rocky está a salvo, pero su ingreso a los caniles municipales no fue producto de la diligencia institucional, sino de la presión ejercida por quienes no estuvieron dispuestos a mirar para otro lado.