Por: Bache3000

La concejal de La Cámpora denunció este jueves que el gobierno municipal firmó la resolución que autoriza el nuevo aumento del boleto del servicio de Mi Bus mientras la Comisión de Seguimiento del Transporte intentaba debatir el pedido de nulidad de la audiencia pública presentado por la Defensoría del Pueblo. La edil reveló que la reunión se desarrolló sin los responsables directos del sistema y que la información solicitada nunca fue proporcionada por la empresa operadora.

La Defensoría del Pueblo había emitido la Resolución de Recomendación RECO-DPB:4/2025, mediante la cual instaba a declarar la nulidad de la Audiencia Pública Obligatoria para la Revisión de la Tarifa del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, realizada el pasado 17 de diciembre en la Sala de Prensa de la Municipalidad.

La recomendación se fundamenta en graves irregularidades e incumplimientos normativos detectados durante el desarrollo de la audiencia, que vulneraron el procedimiento administrativo establecido en la Ordenanza 1744-CM-07 y en la Resolución municipal que convocó al acto.

"Reunión sin responsables, mientras pedíamos explicaciones, por detrás firmaban un nuevo aumento", sintetizó Ferreyra sobre lo ocurrido en el encuentro convocado para tratar el planteo de la Defensoría del Pueblo que cuestionaba las irregularidades en el proceso de audiencia pública. La concejal explicó que ni los representantes de los trabajadores del gremio de la UTA ni los representantes de la empresa asistieron a la reunión, alegando que el tema no era de su competencia, lo que dejó a la comisión sin interlocutores válidos para analizar el reclamo formal que había sido presentado.

La concejal relató que ante la ausencia de los actores fundamentales del sistema de transporte, la reunión derivó únicamente en una discusión sobre el monto del aumento tarifario sin poder abordar las cuestiones de fondo sobre transparencia y participación ciudadana. "Únicamente se abordó de cuánto podría ser el aumento, por lo que solicitamos la información que la empresa no brindó en la audiencia pública, incluyendo desde qué día comenzaría a regir el nuevo valor del boleto", explicó Ferreyra.

Lacconcejal peronista enfatizó que mientras la Comisión de Seguimiento del Transporte intentaba obtener respuestas sobre información básica que la empresa no había aportado durante la audiencia pública, el intendente Walter Cortés ya estaba firmando la resolución que autoriza el incremento. "Horas después, vemos que el Gobierno municipal publicó y firmó la resolución que autoriza el aumento del boleto a $2.045,71, sin que se respetara el procedimiento de participación ciudadana que corresponde", denunció en redes sociales sobre la decisión que se concretó sin resolver ninguno de los cuestionamientos planteados formalmente.

Ferreyra planteó una crítica política de fondo sobre el contexto en el que se produce este nuevo incremento tarifario, señalando que la crisis del transporte público no puede trasladarse a los usuarios sin garantizar mecanismos democráticos de debate. "El transporte es un servicio esencial y sus aumentos no pueden decidirse de espaldas a la gente, menos en un contexto de crisis económica profundizado por un Estado Nacional que mira para otro lado", expresó la concejal en referencia a la eliminación definitiva de los subsidios nacionales al transporte que el gobierno de Javier Milei suspendió.

 

Irregularidades detectadas por la Defensoría del Pueblo en la última audiencia pública 

Entre las principales situaciones observadas, la Defensoría del Pueblo señaló:

- Falta de dirección formal del acto, sin autoridades designadas conforme a la normativa vigente.Ausencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal con competencia directa para conducir la audiencia.

- Deficiencias en el registro audiovisual, sin transmisión oficial ni grabación completa que garantice la publicidad y transparencia del procedimiento.

- Imposibilidad de inscripción de vecinas y vecinos a través del sistema oficial previsto, lo que derivó en la exclusión inicial de oradores.

- Desorden en el uso de la palabra, interrupciones constantes y ausencia de moderación adecuada.

- Incumplimiento del procedimiento para la formulación de preguntas del público.

- Retiro anticipado del representante de la empresa concesionaria Amancay SRL – “Mi Bus”, sin responder la totalidad de las consultas.

- Estas irregularidades, según se expone en la resolución, vician de nulidad el procedimiento administrativo, al no garantizarse las condiciones mínimas de participación ciudadana, transparencia y legalidad que deben regir una audiencia pública obligatoria