Por: Bache3000

La mañana del 29 de enero de 2026 encontró a las trabajadoras y trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica en las calles. Mientras en Buenos Aires la protesta se desarrollaba dentro del Centro Atómico Constituyentes, en Bariloche salieron a la ruta a repartir volantes, a explicarle a la gente lo que está pasando con una institución que fue orgullo nacional durante más de siete décadas.

La Argentina integra un grupo reducido de países con capacidades nucleares avanzadas: forma parte del 3% de naciones capaces de diseñar y construir reactores de investigación, y del 16% que opera reactores de potencia. Esa posición no surgió de la nada. Es el resultado de más de 70 años de inversión pública sostenida a través de la CNEA, donde se produce conocimiento, se forman profesionales y se mantienen capacidades tecnológicas de largo plazo.

Pero esa capacidad no sirve solo para lo estrictamente nuclear. Alimenta múltiples ramas del entramado productivo nacional: desarrollos vinculados a tecnología satelital como el proyecto SAOCOM, medicina nuclear incluyendo iniciativas de protonterapia, ciencia e ingeniería de materiales con impacto en la industria metalmecánica, y muchas otras aplicaciones que requieren investigación, laboratorios, técnicos, ingenieros y continuidad institucional. Hoy todo eso se está destruyendo. Los trabajadores enumeran cinco formas en que se está llevando a cabo el desmantelamiento.

El primer punto es el deterioro de los recursos humanos. No se trata solo del salario, aunque el deterioro salarial empuja a trabajadores y trabajadoras altamente calificados a buscar alternativas en el sector privado o directamente a emigrar. El problema también está en el modo de contratación: más del 15% del personal de la CNEA está precarizado de alguna manera, con contratos a plazo, becas y otras modalidades sin estabilidad. En el último año la situación empeoró. Los funcionarios que presiden la institución —Martín Porro en la presidencia, Luis Rovere como vicepresidente y la gerencia de recursos humanos— ni siquiera comunican a los contratados si se les renovarán sus contratos y de qué manera. Los trabajadores denuncian el nivel de crueldad con que operan quienes consideran cómplices del vaciamiento de la CNEA. Sin estabilidad y sin respeto básico por las personas, argumentan, no hay continuidad técnica posible.

El segundo problema es el desfinanciamiento. No hay presupuesto para llevar adelante los proyectos que venían en marcha. La inversión nacional en ciencia y tecnología cayó a niveles históricamente bajos: en 2025 rondó el 0,16% del PBI, muy por debajo de lo que invierten los países que apuestan al desarrollo, donde el piso suele estar en el orden del 2% del PBI. A esto se suma un golpe institucional mayor: el artículo 30 del Presupuesto 2026 elimina los pisos y reglas que protegían el financiamiento de educación, ciencia y tecnología, habilitando recortes discrecionales. En términos concretos, se desfinancia lo que genera valor con trabajo y conocimiento, empezando por los primeros eslabones —las escuelas técnicas— y siguiendo por la formación superior. El impacto es directo en los institutos de formación asociados al sistema nuclear y tecnológico, como el Instituto Balseiro, el Dan Beninson y el Sábato, que dependen de continuidad presupuestaria y salarios capaces de retener vocaciones.

El tercer punto es la reforma laboral que promueven grandes empresarios y lo que los trabajadores llaman "la casta política liberal con todos sus negocios turbios". Bajo discursos de "ampliación de derechos" o "libertad de contratación", señalan, se oculta un punto básico: empleado y empleador no negocian en igualdad de condiciones. Esa relación es estructuralmente asimétrica, y si se debilitan los marcos colectivos y las garantías, quien pierde es la parte más vulnerable: la clase asalariada. Los derechos laborales que existen hoy son el resultado de luchas históricas para evitar abusos y explotación. Retroceder en ese terreno, advierten, es retroceder como sociedad.

El cuarto problema son las prestaciones de salud. La obra social Unión Personal recibe los aportes de los empleados públicos, pero no ofrece prestaciones de servicios. No se sabe a dónde va esa masa de dinero ni en qué bolsillos termina. Los trabajadores exigen auditoría, rendición de cuentas y cumplimiento efectivo. La salud no puede convertirse en una caja opaca ni en una variable de ajuste.

El quinto punto es el intento de privatizar las capacidades argentinas. El proceso comienza por NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.), empresa que opera reactores nucleares con superávit financiero. La pregunta que se hacen los trabajadores es obvia: ¿por qué privatizar una empresa que funciona bien y le genera ganancias al Estado? Además de ser una pérdida de soberanía y de control sobre un servicio público, el caso es peor aún porque antes de privatizarla quieren vaciarla, para venderla a precios de regalo. Recientemente salieron a la luz escándalos de sobreprecios en contratos que salpican a toda la cúpula actual de NA-SA, empezando por Damián Reidel y siguiendo por sus colaboradores, como Marcelo Famá y Hernán Pantuso.

Los trabajadores quieren impedir que el resultado sea la destrucción. Advierten que una vez que las instituciones comienzan a fallar debido a prácticas depredadoras de los recursos públicos, comienza una etapa de convalidación del discurso de desprestigio que arrancó hace décadas: "Lo público no funciona", "los científicos tienen que irse a lavar los platos", "la salud tiene que ser privada". Pero la CNEA colocó a Argentina dentro del 3% de países del mundo que manejan esta tecnología. Destruir este tipo de instituciones, la formación de recursos y la educación en el país, tiene un solo camino: la reprimarización de la economía, que consiste en vender productos del campo o la minería.

Los que son dueños de campos en Argentina son unos pocos. La Argentina productora de materias primas es un negocio para unos pocos. El mensaje de los trabajadores es directo: si sos argentina o argentino, la CNEA también es tuya. El CONICET es tuyo. Los institutos hospitalarios son tuyos. Y te los están robando.