Por: Bache3000

La bomba estalló ayer con la presentación de dos documentos en la Junta Electoral de San Carlos de Bariloche. Primero llegó la renuncia de Natalia Almonacid, concejala del bloque Juntos Somos Río Negro, quien deja su banca para asumir como funcionaria provincial. Después, como si fuera un segundo acto cuidadosamente coreografiado, el apoderado del partido Ignacio A. Rodríguez presentó un pedido formal de desafectación contra Lucas Pérez, el candidato que debería ocupar naturalmente esa vacante según el corrimiento de lista. El argumento es devastador: Pérez mantendría afiliación política con el partido CREO, no participa de los espacios de formación y debate del bloque, y arrastra causas judiciales que incluyen investigaciones por estafa y su presunta participación en una red de venta de licencias de conducir falsificadas.

El documento dirigido a la Junta Electoral no deja lugar a interpretaciones ambiguas. "El Sr. Pérez mantendría afinidad política con el partido CREO, circunstancia que resulta de público conocimiento conforme lo expresado en diversos medios periodísticos", dice el texto firmado por Rodríguez. La acusación va más allá de lo meramente político: según el apoderado, Pérez no solo no comparte la línea ideológica del partido que lo llevó como candidato, sino que directamente no participa de las actividades internas, "lo que evidencia una falta de coincidencia ideológica con los lineamientos y la visión política del partido respecto de las problemáticas de la ciudad de San Carlos de Bariloche". Es decir, estaría ocupando un lugar en la lista sin pertenecer realmente al espacio.

Pero el problema se vuelve más denso cuando aparecen las causas judiciales. Rodríguez menciona "eventuales acciones penales que se encontrarían en trámite" contra Pérez, y aunque no detalla cada expediente, hace referencia explícita a investigaciones por estafa y a su involucramiento en una red de venta de licencias de conducir truchas que en su momento sacudió a la provincia. El apoderado considera que estas situaciones "pueden ser dirimidas con absoluta libertad por la Justicia", pero deja flotando la pregunta incómoda: ¿puede asumir como concejal alguien con ese historial judicial pendiente?

Lucas Pérez llegó a la lista de Juntos Somos Río Negro por una vía particular. No fue un militante de base que escaló posiciones, ni un referente territorial con años de trabajo en el partido. Ingresó directamente por pedido de Arabela Carreras, la entonces candidata a intendenta que comandó el frente electoral. Carreras, figura central del espacio provincial, impulsó su incorporación en un momento en que el armado de listas requería acuerdos y equilibrios internos. Ahora ese respaldo parece haberse convertido en un problema para el bloque, que enfrenta la posibilidad de tener entre sus filas a alguien cuya lealtad partidaria está en duda y cuya situación judicial podría estallar en cualquier momento.

La renuncia de Almonacid, presentada el 29 de enero ante el presidente del Concejo Municipal Gerardo del Río, abre formalmente la vacante. La concejala agradeció en su carta a sus pares y al personal de planta del Concejo, destacó su orgullo por haber participado en la elaboración de normas valiosas para la ciudad y prometió seguir trabajando "de manera articulada y respetuosa" con la institución desde su nuevo rol provincial. El tono es cordial, institucional, sin fisuras aparentes. Pero detrás de esa formalidad se abre un abismo político: si el corrimiento de lista se concreta y Pérez asume, el bloque que integraría tendría la opción de activar un mecanismo que ya se comenta en los pasillos del Concejo.

Fuentes cercanas al cuerpo deliberante aseguran que, de asumir Pérez, habría votos suficientes para suspenderlo mediante una moción interna. El argumento sería su doble militancia, la falta de compromiso partidario y las causas judiciales pendientes. La jugada sería contundente: permitir que asuma formalmente para luego dejarlo fuera del Concejo mediante una decisión mayoritaria que lo suspendería en sus funciones. Sería un golpe político sin precedentes recientes en Bariloche, una forma de demostrar que el bloque no está dispuesto a aceptar lo que considera una imposición externa o un error de origen en el armado de listas.

El pedido formal de desafectación ahora está en manos de la Junta Electoral, que deberá resolver si Pérez puede o no asumir la banca. Rodríguez, el apoderado que firmó la solicitud, cierra su carta con una frase que parece sacada de un manual de urbanidad institucional: "Sin otro particular, y quedando a la espera de una resolución favorable, saludo a Ustedes muy atentamente". Detrás de esa cortesía formal se esconde una batalla política que recién empieza, una disputa que mezcla lealtades partidarias, causas judiciales y la pregunta central sobre quién puede y quién no puede representar a la ciudadanía en el Concejo Municipal de Bariloche.