Por: Bache3000

A veces uno piensa que las historias se escriben solas, que los hechos se van encadenando según alguna lógica interna que no depende de nadie, que las cosas simplemente pasan. Pero no pasan solas. Hay decisiones, hay personas que deciden, hay instituciones que funcionan o que no funcionan, hay protocolos que se cumplen o que se ignoran. Y en el medio de todo eso hay una mujer que denunció dos veces, que pidió ayuda dos veces, y que las dos veces fue devuelta al lugar del que intentaba escapar.

María Angélica Zapata tenía 51 años. Tenía cuatro hijos con el hombre que terminó matándola. Y tenía dos denuncias previas contra él que la justicia archivó como si fueran una cosa más. Y no se activaron los protocolos. Como un botón antipánico, por ejemplo.

La primera denuncia fue por golpes. Él la golpeó en todo un tramo de la Ruta 40. María Angélica llegó a la comisaría, hizo la denuncia, describió lo que había pasado. Pero no había cámaras que "probaran" lo que ella estaba diciendo. Como si el testimonio de una mujer golpeada no fuera suficiente. Como si las marcas en su cuerpo, si es que las tenía, no fueran prueba de nada. Como si la palabra de ella necesitara ser validada por un dispositivo tecnológico para ser creíble. La denuncia fue archivada.

La segunda denuncia fue mucho peor. Él la violó, la golpeó, y la amenazó con matarla si hacía la denuncia. María Angélica igual la hizo. Reunió fuerzas de donde no tenía, se presentó ante la justicia, y contó lo que había pasado. Narró el abuso sexual, los golpes, la amenaza de muerte. Todo quedó registrado en un expediente que después alguien, en algún escritorio, decidió que no ameritaba seguir adelante. Esa denuncia también fue archivada.

Dos denuncias. Dos oportunidades de intervenir. Dos momentos en los que el Estado, que tiene leyes y protocolos específicos para estos casos, podría haber hecho algo. Pero no hizo nada.

Y el viernes a la madrugada, los vecinos de la calle Tierra del Fuego escucharon los gritos. No eran gritos nuevos para ellos, porque sabían que en esa casa había discusiones frecuentes. Pero esta vez los gritos no pararon. Y después vino el silencio. Y después vieron salir al hombre con manchas de sangre en la ropa.

Cuando la policía entró a la casa, María Angélica Zapata ya estaba muerta. Según trascendió extraoficialmente, tendría al menos 14 puñaladas en el cuerpo. Catorce. La autopsia que se realizó este viernes confirmará la cantidad exacta de heridas y las causas precisas de la muerte, pero los datos preliminares hablan de un ataque brutal, sostenido, de alguien que apuñaló una y otra vez hasta que la vida se le escapó por la pérdida masiva de sangre.

Catorce puñaladas no son un acto impulsivo. Son la repetición de un gesto que busca destruir. Son el final de una escalada de violencia que María Angélica ya había denunciado dos veces. Que ya había intentado detener dos veces. Que el sistema ignoró dos veces.

Río Negro tiene desde 1996 la Ley 3040 de Atención Integral de la Violencia Familiar, que establece que ante una denuncia de violencia debe realizarse una evaluación de riesgo por parte de un equipo interdisciplinario. Si esa evaluación determina que hay riesgo, el juzgado debe ordenar medidas cautelares inmediatas: exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, asistencia médica y psicológica para la víctima. La ley nacional 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es aún más clara: garantiza el acceso gratuito, rápido y eficaz a los servicios de asistencia, y establece que las denuncias deben ser atendidas con celeridad, sin necesidad de pruebas adicionales al testimonio de la víctima.

Desde 2022, Río Negro cuenta además con un protocolo específico establecido por el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General para coordinar las acciones entre Juzgados de Familia, Juzgados de Paz, Fiscalías, Defensorías y la Policía en casos de violencia familiar y de género. El protocolo establece que ante cualquier indicio de delito debe haber comunicación inmediata a la Fiscalía, que deben adoptarse medidas protectoras iniciales para las víctimas, que debe brindarse asistencia interdisciplinaria para evitar la revictimización, y que las denuncias bajo la Ley 26485 tienen tratamiento prioritario.

Existe también la Oficina de Asistencia a la Víctima, OFAVI, con equipos interdisciplinarios de psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales que deben intervenir antes, durante y después de la denuncia en casos de violencia de género. La OFAVI tiene la obligación de brindar contención emocional, orientación sobre derechos y medidas de protección, acompañamiento integral con planes de emergencia adaptados a cada caso, y trabajo en red con otras instituciones para prevenir nuevas situaciones de violencia.

Todo eso existe. Todas esas herramientas están disponibles. Pero en el caso de María Angélica, nada de eso se activó.

No hubo evaluación de riesgo, o si la hubo, fue negligente. No se dictaron medidas cautelares de exclusión del hogar ni prohibición de acercamiento. No intervino la OFAVI para diseñar un plan de emergencia. No se le brindó contención emocional ni acompañamiento integral. No se comunicó de manera inmediata a la Fiscalía ante los indicios claros de delito que ella misma estaba denunciando: golpes, abuso sexual, amenazas de muerte. No se le dio tratamiento prioritario a sus denuncias. No se trabajó en red con otras instituciones para protegerla.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro tiene instrucciones específicas que prohíben las salidas alternativas en casos de violencia de género cuando hay armas involucradas, cuando la víctima está en estado de especial vulnerabilidad, cuando se cometieron actos con crueldad, cuando los hechos generan alarma social. María Angélica había denunciado abuso sexual y amenazas de muerte. Estaba en estado de especial vulnerabilidad. No debió haber ninguna salida alternativa. Debió haber protección inmediata.

Pero las denuncias fueron archivadas. Y María Angélica fue devuelta al mismo lugar donde vivía su agresor. Al mismo hombre que la había golpeado, violado y amenazado con matarla. Y el viernes, él cumplió la amenaza.

Hay líneas telefónicas gratuitas, hay refugios, hay dispositivos electrónicos de protección. Hay todo un andamiaje institucional que existe, al menos en el papel, para evitar que las mujeres terminen muertas a manos de sus parejas.

Pero entre el papel y la realidad hay una distancia enorme, y en esa distancia se pierden vidas. En esa distancia se perdió la vida de María Angélica Zapata, que había pedido ayuda dos veces. Que había confiado en que el Estado iba a protegerla. Que había hecho lo que se supone que hay que hacer: denunciar.

El hombre de 65 años fue detenido cerca del puesto de ruta, en el cruce de la Ruta 40 con Pasaje Gutiérrez. Llevaba todavía las manchas de sangre cuando lo interceptaron. Este sábado la fiscalía le formuló cargos por femicidio. Ahora sí intervino la OFAVI, pero ya es tarde: su trabajo es con la familia de María Angélica, que transita las primeras horas de un duelo atravesado por la violencia.

La fiscalía tiene las pruebas, tiene los testimonios de los vecinos, tiene el cuerpo de María Angélica en la morgue. Tiene todo lo que necesita para construir la acusación.

Hay preguntas que la fiscalía debería hacerse, que la justicia debería hacerse, que el sistema entero debería hacerse. Porque María Angélica hizo todo lo que tenía que hacer. Denunció. Confió. Pidió ayuda. Y el sistema la dejó sola. La devolvió al lugar donde sabía que corría peligro. Y ahora está muerta.