Por: Bache3000

El planteo sostiene que el intendente carece de competencia para fijar o modificar las tarifas del transporte público de manera unilateral. Según la argumentación presentada, la Carta Orgánica Municipal establece de forma clara que cualquier modificación tarifaria debe ser aprobada mediante ordenanza del Concejo Municipal, previo cumplimiento de una audiencia pública válida. Una resolución del Poder Ejecutivo municipal, señala el concejal, no puede estar por encima de la ley ni de la Carta Orgánica.

El cuestionamiento no se limita a aspectos formales. La impugnación también apunta contra la calidad del servicio que reciben los usuarios. El concejal denunció que la cantidad de unidades que actualmente circulan por la ciudad se redujo a la mitad de lo exigido contractualmente, con el agravante de que la mayoría de los colectivos se encuentran en pésimas condiciones para circular. En ese marco, sostiene que autorizar un aumento tarifario cuando el servicio empeora representa una contradicción inaceptable.

La audiencia pública que precedió al aumento también quedó bajo la lupa. La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente la nulidad de ese acto por múltiples irregularidades detectadas durante su realización. Entre los incumplimientos señalados figuran la falta de designación de autoridades para conducir la audiencia, obstáculos a la participación de vecinos y vecinas, ausencia de funcionarios responsables que debían estar presentes, el retiro anticipado del representante de la empresa sin responder las preguntas formuladas, y la falta de transmisión y registro adecuado del encuentro.

El concejal advirtió que mientras la Defensoría del Pueblo analizaba estas irregularidades a pedido de la concejal Roxana Ferreyra, el intendente firmó apresuradamente la resolución que autorizó el aumento. Esa decisión, según el planteo, implicó ignorar los controles institucionales y dejar de lado la participación ciudadana en un tema que afecta directamente el bolsillo de los vecinos.

La impugnación administrativa presentada solicita la nulidad absoluta del aumento tarifario y la suspensión inmediata de sus efectos. El argumento central sostiene que no se puede gobernar por resolución, pasando por arriba del Concejo Municipal y de la comunidad. El concejal calificó la situación como un problema que excede lo tarifario y afecta dimensiones democráticas, institucionales y legales del funcionamiento municipal.

El planteo insiste en que el transporte público debe discutirse de cara a la comunidad, con reglas claras y respeto por la ley. Defender el bolsillo de los vecinos y exigir que el servicio no sea un castigo para quienes lo usan, concluye el concejal, es también defender la institucionalidad de Bariloche.