Por: Bache3000

La autonomía municipal no es un concepto abstracto ni una mera declaración de principios. Es la garantía constitucional de que las comunidades puedan gobernarse a sí mismas, dictar sus propias normas, administrar sus recursos y decidir sobre su territorio. Así lo plantea el arquitecto Raúl Martinau en un análisis sobre la situación del Cerro Catedral y las facultades del gobierno municipal, de cara al debate que se desarrollará este año para modificar la Carta Orgánica de Bariloche.

El proceso de reforma requerirá la elección de convencionales constituyentes mediante el voto popular, quienes tendrán la responsabilidad de actualizar la norma fundamental que rige la vida institucional de la ciudad. En ese marco, Martinau señala la importancia de fortalecer los mecanismos que garanticen la soberanía vecinal frente a posibles intervenciones externas.

Según explica el arquitecto, tanto la Constitución Nacional en su artículo 123 como la Constitución Provincial en su artículo 225 reconocen este principio fundamental de nuestra organización política. El municipio es definido como "una comunidad natural, célula originaria y fundamental de la organización política e institucional de la sociedad fundada en la convivencia". Esta definición implica que la gobernabilidad nace desde lo local, desde la soberanía vecinal, y que las decisiones deben ser tomadas por las autoridades comunales y los concejales que los vecinos eligen.

El análisis reconoce que el Superior Tribunal de Justicia ha señalado en distintos fallos que la Provincia y la Nación tienen responsabilidades constitucionales indelegables en materia de salud, seguridad y educación. Sin embargo, nunca se ha establecido que esas instancias deban intervenir en las decisiones locales vinculadas al desarrollo urbano, la infraestructura o los servicios que exceden esos ámbitos.

La actual Carta Orgánica Municipal ya refuerza este principio al establecer mecanismos concretos de participación y control. La norma prevé la existencia de Entes y Consejos de Planificación que cumplen un rol esencial en el diseño y evaluación de las políticas de desarrollo urbano, ambiental y territorial. Estos espacios institucionales garantizan que las decisiones estratégicas de la ciudad no dependan de voluntades externas, sino de un proceso democrático y transparente en el que los vecinos tienen voz y voto.

El Cerro Catedral se encuentra en territorio bajo jurisdicción de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Según el planteo de Martinau, es el gobierno local junto con sus instituciones y la participación ciudadana el único que tiene legitimidad para decidir sobre su futuro. Ninguna otra instancia gubernamental puede imponer políticas, concesiones o proyectos de desarrollo urbano sin pasar por los mecanismos previstos en la Carta Orgánica Municipal.

Toda injerencia externa vulnera la autonomía municipal y, en definitiva, la capacidad de los vecinos de decidir sobre su propio territorio. La advertencia cobra mayor relevancia cuando esas intervenciones provienen de áreas de gobierno ajenas, con concesiones temporales o decisiones que no responden a la realidad ni a las necesidades de la comunidad local.

Defender la autonomía municipal, concluye Martinau, no es un capricho sino defender la democracia en su expresión más cercana y directa. Es garantizar que las decisiones sobre Bariloche las tome Bariloche, a través de sus instituciones y de la participación vecinal. Renunciar a esa facultad significa dejar de ser protagonistas del propio destino y permitir que otros decidan por la comunidad. El debate sobre la reforma de la Carta Orgánica será una oportunidad clave para reforzar estos principios fundamentales.