Por: Bache3000

La defensora del Pueblo de Bariloche, Mariana Minuth, presentó una acción de amparo ante el Juzgado de Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo de Tercera Circunscripción Judicial para frenar el aumento del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y solicitó una medida cautelar que suspenda de manera inmediata los nuevos valores del boleto.

La funcionaria consideró que la suba fue dispuesta de manera irregular y violando el procedimiento legal obligatorio, al no haberse garantizado una Audiencia Pública válida y conforme a la normativa vigente, lo que vicia de nulidad la resolución que autorizó el incremento tarifario.

En un comunciado oficial, la Defensoría señaló que tomó la decisión de recurrir a la justicia como última instancia luego de haber agotado las vías administrativas y ante la falta de diálogo con el Ejecutivo Municipal, que avanzó con el incremento tarifario sin respetar una instancia esencial de participación ciudadana. En este sentido, señalaron que la Municipalidad implementó el aumento sin cumplir con los requisitos legales que garantizan el derecho de la comunidad a informarse, opinar y participar en decisiones que impactan directamente sobre un servicio público esencial como el transporte.

En paralelo a la acción judicial, la Defensoría presentó prontos despachos ante el Ejecutivo y la Secretaría Legal y Técnica, exigiendo información clave sobre el aumento, el dictamen legal que lo respalda y la forma de implementación de la medida. En particular, el organismo solicitó que se aclare de manera urgente si el aumento podría aplicarse con efecto retroactivo al 26 de enero: "Nótese la peligrosidad de los actos emitidos por el Sr. Intendente Municipal que pretende a través de una Resolución emitida el 28 de enero, aumentar una tarifa de un servicio público con RETROACTIVIDAD al día 26 de enero de 2026", señala la presentación judicial.

La Defensoría también interpuso un Recurso de Revocatoria contra la decisión del Ejecutivo de no anular la Audiencia Pública, señalando múltiples irregularidades en su realización que afectaron el derecho de acceso a la información pública y el derecho de participación ciudadana. Entre las irregularidades detectadas se encuentran el incumplimiento de los pasos mínimos exigidos por la ordenanza, la ausencia de transmisión en vivo y falta de acceso público a la grabación del evento, la omisión de instancias formales para preguntas del público y la falta de respuesta a pedidos de informes realizados por la propia Defensoría.

"La ley es clara, no se puede modificar la tarifa de un servicio público esencial sin una Audiencia Pública válida. No es una formalidad, es una garantía para que la comunidad pueda informarse, opinar y participar", remarcó el organismo en el documento presentado ante la justicia. El organismo enfatizó que estas irregularidades procedimentales no constituyen simples defectos formales sino vulneraciones sustanciales al derecho de participación ciudadana en decisiones que afectan la vida cotidiana de miles de vecinos.

La presentación judicial solicita que se suspendan de inmediato los nuevos valores del boleto, que se declare la nulidad de la resolución que autorizó el aumento y que se convoque a una nueva Audiencia Pública Obligatoria con información clara, acceso público y participación real de la comunidad. La Defensoría fundamentó su reclamo en que el procedimiento seguido por la Municipalidad no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y participación que exige la normativa municipal para modificar tarifas de servicios públicos esenciales.

Asimismo, se advirtió que además del vicio legal que invalida el procedimiento, el aumento impacta de manera directa en el bolsillo de miles de vecinas y vecinos, profundizando las dificultades para acceder al trabajo, la educación y la salud en un contexto económico ya crítico. El organismo destacó también que la suba tarifaria afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población que dependen del transporte público para su movilidad diaria y que no cuentan con alternativas accesibles.

"El problema no es solo el aumento, es que se decidió de espaldas a la comunidad y por fuera de la ley. Vamos a defender el derecho a participar y el derecho a un transporte accesible", afirmaron desde la Defensoría al confirmar la presentación judicial. El organismo manifestó que continuará ejerciendo todas las acciones legales y administrativas necesarias para garantizar que cualquier modificación tarifaria en servicios públicos esenciales se realice con pleno respeto a los derechos de participación ciudadana y acceso a la información pública que establece la normativa vigente.