Por: Bache3000

Hay proyectos que nacen con una promesa clara: cambiar las cosas. El Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche (PITBA) surgió en 2015 con esa ambición. La idea era ordenar los usos industriales dispersos por la ciudad y, al mismo tiempo, diversificar una economía que desde hace décadas depende casi exclusivamente del turismo. Era una respuesta a una demanda que viene de los años ochenta, cuando ya se hablaba de los límites de un modelo económico anclado en la llegada de turistas que, temporada tras temporada, rondaba siempre los mismos números.

Cuarenta años después, Bariloche sigue siendo rehén de esa matriz. Y el PITBA, según revela un informe técnico elaborado por investigadores de CONICET y especialistas en políticas públicas, no está logrando modificar esa dependencia. Al menos no por ahora.

El documento, firmado por Tomás Guevara y Fernando del Campo para la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables (FADEHS), analiza los primeros años de implementación del parque y llega a una conclusión incómoda: el PITBA está funcionando más como una herramienta de ordenamiento territorial que como un verdadero impulsor de transformación productiva. En otras palabras, ordena el espacio, pero no cambia la economía.

La primera etapa del proyecto se inauguró en 2022, después de años de espera y financiamiento a través del Plan Castello, un ciclo de endeudamiento provincial autorizado durante el gobierno de Mauricio Macri. Se urbanizaron 67 hectáreas, se vendieron 138 parcelas y se radicaron 89 empresas. Hasta ahí, todo parecía encaminado.

Pero cuando se mira el perfil de esas empresas, aparece el problema. Más del 40% pertenece a los rubros de comercio, distribución, logística y construcción. Solo el 21% corresponde a industria y apenas el 18% a tecnología, el sector que debía ser el corazón del proyecto. La ley de creación del PITBA había establecido que el 20% de la superficie total debía reservarse para un "Complejo Tecnológico", orientado a empresas de base científica, innovación y desarrollo. Ese cupo se cumplió formalmente, pero sin que eso implique una transformación real de la base económica local.

Lo que está ocurriendo, entonces, es una especie de traslado organizado. Empresas que antes operaban dispersas por la ciudad, especialmente en la zona del arroyo Ñireco y alrededores de la Avenida Esandi, ahora ocupan terrenos planificados en el parque. Es un avance en términos de ordenamiento urbano, sin dudas. Pero no es diversificación. Es consolidación de lo que ya existía.

El informe también señala otro dato importante: casi el 60% de las empresas radicadas ya tenían su domicilio fiscal en Bariloche antes de comprar en el PITBA. Otro 28% provenía del resto de Río Negro. Es decir, no se están atrayendo nuevas inversiones ni actividades productivas foráneas. La mayoría son empresas locales o regionales que encontraron en el parque una oportunidad de relocalizarse, muchas veces con importantes subsidios implícitos en el precio del suelo.

Acá entra otro punto sensible. El informe estima que el costo del suelo urbanizado en el PITBA ronda los 42,5 dólares por metro cuadrado, mientras que en el mercado privado de la zona ese mismo suelo se vende entre 80 y 120 dólares. La diferencia es considerable y equivale a un subsidio directo a las empresas que compran allí. Eso es compatible con una política de promoción industrial, por supuesto. El problema es que no está clara cuál es la contraprestación: creación de empleos, desarrollo tecnológico, encadenamientos productivos. No hay información pública detallada al respecto.

Los autores del informe solicitaron formalmente datos económicos al Ente Promotor del PITBA, el organismo autárquico encargado de administrar el parque. No obtuvieron respuesta. Esa falta de transparencia es un problema en sí mismo, porque dificulta evaluar si el subsidio público está generando los beneficios que justifican su existencia.

Además, desde su inauguración el PITBA ya sufrió modificaciones que ponen en tensión su vocación original. En 2023, después de un debate polémico, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que habilitó la extracción de áridos en el parque, algo que no estaba previsto en el plan inicial. La medida se justificó por la necesidad de financiar las obras de infraestructura y por la carencia estructural de áridos para caminos en Bariloche. Pero también representó una desnaturalización del proyecto: un parque industrial que se convierte en cantera no es exactamente lo que se había imaginado.

Poco después, la entonces gobernadora Arabela Carreras impulsó la instalación de un centro de transferencia de residuos sólidos urbanos en el PITBA, como parte de un plan para cerrar el vertedero municipal. La propuesta cayó en medio de la campaña electoral para intendente, donde Carreras competía sin éxito contra Walter Cortés. Ninguna de estas iniciativas —ni la cantera ni el centro de residuos— terminó de concretarse, pero dejaron en evidencia algo más profundo: una crisis de vocación.

¿Qué es, finalmente, el PITBA? ¿Un parque tecnológico? ¿Un área logística? ¿Un espacio para resolver problemas de infraestructura municipal? La falta de claridad sobre esa pregunta es, tal vez, el problema más grande.

El informe señala que el impacto urbano del PITBA depende, en buena medida, de su articulación con otras políticas de gestión del suelo. En particular, con la refuncionalización del predio ferroviario en la desembocadura del Ñireco, una zona de más de 50 hectáreas que hoy está degradada y subutilizada. Si las empresas industriales y logísticas se trasladan al PITBA, esas áreas centrales podrían liberarse para otros usos: vivienda, equipamiento público, nuevas centralidades. Pero eso requiere planificación concertada, instrumentos de gestión del suelo que capturen plusvalías y una visión estratégica que, por ahora, no está clara.

El Plan Estratégico e Integral de Desarrollo (PEID) de Bariloche, aprobado en 2021, ya anticipaba esta articulación necesaria. Pero falta ejecución. Y sin ejecución, el PITBA termina siendo una pieza suelta: ordena un pedazo del territorio, pero no transforma la ciudad.

La historia de los parques industriales en Argentina es larga. Los primeros surgieron en los años setenta, impulsados por un Estado planificador y desarrollista. En los noventa hubo una segunda ola, más privatizada, en el marco de la apertura económica. Después de la crisis de 2001 quedaban menos de cien parques en todo el país. A partir de 2010, con financiamiento nacional, volvió el impulso: hoy hay más de quinientos. Bariloche llegó tarde a esa historia, pero llegó con un proyecto ambicioso. El problema es que la ambición no alcanza si no hay coherencia entre los objetivos fundacionales y las decisiones de gestión.

El PITBA fue pensado para diversificar, pero está reforzando. Fue diseñado para innovar, pero está ordenando. Fue imaginado como motor de cambio, pero funciona como herramienta de administración. Nada de eso es necesariamente malo. El ordenamiento territorial es importante. La infraestructura es necesaria. Pero no era eso lo que se prometió. Y cuando un proyecto público no cumple con lo que prometió, conviene preguntarse por qué.

 

 

 

 

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Tal vez Bariloche necesite preguntarse, otra vez, qué quiere ser cuando crezca. Porque la dependencia del turismo no es solo un problema económico: es un problema de identidad. Y resolver problemas de identidad requiere algo más que suelo urbanizado y parcelas vendidas. Requiere una estrategia de desarrollo territorial que subordine el planeamiento urbano a una política orientada a crear redes, fortalecer cadenas de valor regionales, articular lo urbano con lo rural, proveer servicios estratégicos. Requiere, en definitiva, que el parque sea parte de un proyecto mayor.

Mientras tanto, el PITBA sigue creciendo. Se construyen galpones, se venden lotes, se instalan empresas. Pero la pregunta persiste: ¿todo esto para qué? ¿Para ordenar lo que ya existía? ¿O para construir algo nuevo?

La respuesta, por ahora, sigue siendo esquiva.