Por: Bache3000

La Junta Electoral Municipal confirmó esta tarde que Lucas Darío Pérez asumirá como concejal en los próximos días, ocupando la banca que dejó vacante Glenda Cohen tras su renuncia al Concejo Deliberante. Pérez ingresa por corrimiento de lista en Juntos Somos Río Negro, el espacio aliado del Partido Union y Libertad que gobierna la ciudad, pero lo hace en medio de una tormenta política y judicial que ya generó un pedido formal de expulsión del bloque antes incluso de que jure en el cargo.

Ahora la resolución de la Junta Electoral llegará al concejo, que debe tratar la renuncia de Natalia Almonacid, y luego la asucnión de Pérez.

El enredo comenzó cuando Natalia Almonacid renunció para asumir un cargo en la provincia. Antes de que esa renuncia se formalizara, Cohen también presentó la suya, y ahí quedó habilitado el corrimiento que llevó a Pérez al Concejo. Fue entonces cuando el apoderado de Juntos Somos Río Negro, Ignacio Rodríguez, desplegó una batería de gestiones ante la Junta Electoral para evitar que Pérez asumiera como parte del bloque. Con esta maniobra, el espacio ligado al gobernador Alberto Weretilneck quedará representado apenas por dos concejales en el recinto, una merma política que expone las tensiones internas del albertismo local.

El conflicto tiene dos aristas. La primera es judicial: Pérez está imputado por estafa en una causa que investiga la venta irregular de una vivienda ubicada en el barrio Villa Los Coihues. Según el expediente tramitado en la Fiscalía N°1 a cargo de María Fernanda Orticelli, Pérez habría actuado junto a Romina Belén Moreno en una maniobra para engañar a un hombre mayor, Carlos Riffo, aprovechando su deterioro cognitivo y su vulnerabilidad para vender su casa sin que él comprendiera las consecuencias del acto.

La operación, que se concretó entre marzo y abril de este año, terminó con tres damnificados que entregaron un vehículo Volkswagen Up, diez millones de pesos y treinta pagarés por un total de treinta y siete mil dólares. Días después de cerrada la transacción, Riffo apareció en el hogar Emaús, un refugio para personas en situación de calle, sin recordar nada de la venta. Los compradores advirtieron el engaño, abandonaron la propiedad y radicaron la denuncia.

La Fiscalía reformuló los cargos en diciembre pasado y Pérez quedó acusado como coautor de estafa junto a Moreno. La causa está en pleno desarrollo y no hay sentencia firme: Pérez goza de la presunción de inocencia y la Justicia aún debe determinar si existió delito y quiénes son responsables. Pero la sola existencia del expediente alcanzó para que la dirigencia de Juntos Somos Río Negro decidiera tomar distancia.

La segunda arista es política. Pérez es señalado dentro de su propio espacio por mantener vínculos estrechos con CREO Río Negro, el partido que lidera el gobernador Weretilneck y que se perfila como el principal rival de Juntos en las elecciones provinciales del año próximo. En una provincia donde las lealtades partidarias se miden con celo y las traiciones se cobran caro, la sospecha de que un concejal de Juntos pueda estar jugando para el otro equipo no es un tema menor. La dirigencia local del albertismo interpreta que Pérez podría actuar como una suerte de caballo de Troya legislativo.

El pedido de desafectación que formalizó Rodríguez ante la Junta Electoral menciona explícitamente las causas judiciales de Pérez y sus presuntos vínculos con CREO como fundamentos para negarle el ingreso al bloque. Pero la ley electoral no prevé mecanismos para impedir que un candidato con causas pendientes asuma en el Concejo Deliberante. En Bariloche no existe la figura de la "ficha blanca", ese requisito que exigen algunas jurisdicciones para que un funcionario público no tenga antecedentes penales o procesos en curso. Alcanza con haber sido candidato en una lista oficializada y que la Junta Electoral valide el corrimiento para que el cargo se concrete.

Así las cosas, Pérez asumirá, pero queda por ver si lo hará dentro del bloque de Juntos o si terminará conformando un monobloque propio, aislado de sus compañeros de lista y bajo sospecha de sus propios correligionarios. La situación es inédita: un concejal que llega al cargo empujado por la mecánica electoral pero rechazado por quienes deberían ser sus aliados naturales, enfrentado a una causa judicial que aún no lo condena pero que ya lo señala, y señalado políticamente por supuestas lealtades divididas en una ciudad donde la política se juega en clave provincial.

La Justicia dirá si Pérez es culpable o inocente de los hechos que se le imputan. Pero la política ya emitió su veredicto: dentro de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pérez es un problema antes de haber jurado como concejal.