Por: Bache3000

La Junta Electoral Municipal fundamentó la asunción de Lucas Darío Pérez como concejal en un argumento que no admite interpretaciones: la Ley Provincial 2431 establece en su artículo 214 que cuando un concejal renuncia, corresponde designar en su reemplazo al suplente primario siguiente el orden de la lista. Pérez ocupa el sexto lugar en la lista de concejales suplentes de Juntos Somos Río Negro y esa posición lo habilita automáticamente para cubrir la vacante que dejó Natalia Almonacid tras su renuncia para asumir un cargo provincial.

La resolución 006-JEM-26, firmada el 3 de febrero, detalla con precisión administrativa el mecanismo que llevó a Pérez al Concejo Deliberante. Primero se produjo la renuncia de Almonacid, luego Glenda Cohen presentó su renuncia irrevocable el 16 de enero de 2026, y la Junta Electoral determinó que la vacante debía cubrirse con quien se encontrara en el sexto orden de la lista de suplentes. La normativa aplicable es clara: los artículos 152 y 153 de la Carta Orgánica Municipal, el artículo 38 del Código Electoral Municipal y el mencionado artículo 214 de la Ley Provincial 2431 obligan a la Junta Electoral a intervenir en caso de renuncia de un concejal y a comunicar al Concejo Municipal quién debe cubrir la vacante.

El documento no hace ninguna mención a las causas judiciales que pesan sobre Pérez ni a los cuestionamientos políticos que motivaron el pedido de desafectación formulado por el apoderado de Juntos Somos Río Negro, Ignacio Rodríguez. La Junta Electoral actuó en uso de las facultades que le confiere el artículo 149 de la Carta Orgánica Municipal y se limitó a aplicar la normativa vigente sin evaluar la idoneidad moral, la situación judicial o los vínculos políticos del suplente designado. Desde el punto de vista del derecho electoral, esas consideraciones son irrelevantes: lo único que importa es el lugar que ocupa el candidato en la lista oficializada en las elecciones del 3 de septiembre de 2023.

La resolución proclama las autoridades titulares y suplentes que resultaron electas en esos comicios según consta en la Nota N° 342-PCMSCB-26, recibida el 30 de enero de 2026 y remitida por el presidente del Concejo Municipal. Ese documento confirma que Pérez integra la lista de suplentes de Juntos Somos Río Negro y que su designación es consecuencia directa del mecanismo de corrimiento establecido por la ley provincial. La Junta Electoral no tiene margen para evaluar otra cosa que no sea el cumplimiento de ese procedimiento formal.

La fundamentación legal que esgrime el organismo electoral es contundente: la ley obliga a designar al suplente que sigue en el orden de la lista, sin excepciones ni consideraciones adicionales. En Bariloche no existe la figura de la ficha blanca ni ningún otro mecanismo que permita impedir la asunción de un concejal por tener causas judiciales pendientes mientras no exista condena firme. La presunción de inocencia ampara a Pérez y la ley electoral lo habilita para asumir. La Junta Electoral hizo exactamente lo que la normativa le ordena: comunicar al Concejo Municipal que Lucas Darío Pérez debe ser designado como concejal suplente primario en reemplazo de Natalia Almonacid.

El conflicto político que generó esa designación no es competencia del organismo electoral. La Junta resolvió lo que le correspondía resolver aplicando la ley provincial y municipal con rigor administrativo. Ahora el problema pasa al Concejo Deliberante, donde Pérez deberá jurar y definir si lo hace como parte del bloque de Juntos Somos Río Negro o como monobloque, aislado de sus propios compañeros de lista que ya dejaron en claro que no lo quieren entre ellos.