Por: Bache3000

El Poder Judicial de Río Negro resolvió archivar la causa por conflicto de poderes que se había originado tras la impugnación del referéndum convocado por el intendente Walter Cortés para el 9 de noviembre del año pasado. El proveído emitido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) cierra definitivamente el expediente en la instancia provincial, aunque el Ejecutivo municipal había presentado una queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tramita de manera unilateral entre las partes.

La controversia judicial se había desatado a fines de octubre cuando el STJ declaró la nulidad de las resoluciones del intendente que convocaban a consulta popular, argumentando que el llamado se había realizado en exceso de sus competencias e invadiendo facultades propias del Concejo Municipal. El fallo provincial fue contundente al establecer los límites entre las atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo local en materia de consultas ciudadanas.

La acción judicial había sido promovida por los concejales Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten del bloque Incluyendo Bariloche, Samanta Echenique (PRO) Roxana Ferreyra (La Cámpora) y Facundo Villalba de Primero Río Negro, que cuestionaron la legitimidad del procedimiento utilizado por Cortés para convocar el referéndum. La consulta popular que pretendía realizar el jefe comunal incluía diez preguntas sobre temas diversos que atravesaban la agenda política local, desde cuestiones económicas hasta decisiones sobre infraestructura y gestión de recursos naturales.

Entre los temas que el intendente buscaba someter a votación ciudadana figuraban la regulación del transporte por aplicaciones, la implementación de una contribución turística, la gestión de la Isla Huemul, el reemplazo de árboles de la costanera, la construcción de infraestructura municipal y la financiación de licencias sindicales. La amplitud temática de la consulta había generado debates sobre la pertinencia de utilizar este mecanismo de participación directa para resolver cuestiones que tradicionalmente corresponden al ámbito deliberativo del Concejo.

 

La opinión de los concejales opositores a Cortés

Facundo Villalba expresó su visión sobre el desenlace del conflicto y cuestionó duramente la gestión legal del municipio. Sus declaraciones apuntan tanto a los profesionales que asesoran jurídicamente al Ejecutivo como al propio intendente por las consecuencias económicas de las derrotas judiciales.

"Los abogados del municipio deberían empezar a devolver el dinero que cobran de honorarios porque lo único que hacen es perder juicios", afirmó Villalba, quien además reclamó al intendente que cumpla con compromisos asumidos durante la campaña electoral. "De paso, el intendente podría cumplir su promesa de campaña y poner de su bolsillo la guita que nos está haciendo perder por hacer las cosas mal", agregó el concejal en referencia a los costos que las derrotas judiciales representan para las arcas municipales.

El edil opositor también cuestionó la reacción del intendente frente a las observaciones que recibe desde el Concejo sobre la legalidad de sus decisiones. "Ahora si, cuando algún concejal le marca que está mandándose una cagada y que vamos a perder plata, explota contra nosotros porque ponemos palos en la rueda", señaló Villalba, sugiriendo que las advertencias de la oposición sobre posibles irregularidades legales no son tenidas en cuenta por el Ejecutivo.

El archivo de la causa en el STJ marca un punto final en la instancia provincial de este conflicto institucional, aunque la queja presentada ante la Corte Suprema de la Nación continúa su trámite independiente. Villalba cerró sus declaraciones con una evaluación sobre el estado anímico del jefe comunal tras estas derrotas legales, afirmando que "se lo nota muy inestable al señor intendente", en una observación que suma tensión al clima político que atraviesa el gobierno municipal de Bariloche