Por: Bache3000

Las clínicas y sanatorios privados de la Patagonia que atienden a afiliados de PAMI se encuentran al borde de una crisis de prestaciones que podría afectar a miles de jubilados y pensionados de la región. Un grupo de aproximadamente 30 instituciones médicas presentó en las últimas horas una nota formal al director del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Dr. Esteban Leguizamo, alertando sobre la situación crítica que atraviesan y anunciando una limitación progresiva de servicios a partir del 10 de febrero si no obtienen respuestas concretas sobre el pago de las deudas acumuladas.

La situación que atraviesan estos prestadores se ha tornado insostenible por la confluencia de dos factores principales que describen en el comunicado de prensa emitido este miércoles. "Uno de ellos es el atraso en los pagos. Desde el mes de noviembre, PAMI atrasó un mes los pagos de prestaciones ambulatorias. Es fácil inferir que, si en el transcurso de tres meses, sólo se abonaron dos, y sin expectativas a que esta situación se resuelva en el corto plazo, el impacto financiero es muy difícil de paliar", señalaron las instituciones en su declaración pública, donde además advirtieron que la situación se agravó aún más al no cumplir la obra social con el pago de las prestaciones de internación correspondientes al mes de enero.

El problema adquiere dimensiones dramáticas cuando se analiza la dependencia económica que estas instituciones tienen respecto de PAMI. En el conjunto de las clínicas y sanatorios firmantes, los ingresos provenientes de la obra social de jubilados por la atención médica a sus afiliados representan el 40% de su recaudación mensual, con varios centros médicos que superan ampliamente ese porcentaje. Esta realidad hace que cualquier atraso en un ingreso de semejante magnitud sea imposible de administrar financieramente, provocando serias dificultades para afrontar el pago de los salarios del personal de los establecimientos médicos, especialmente considerando que históricamente dichos pagos se efectúan el último día hábil de cada mes.

(Esteban Leguizamo, director de PAMI)

En la nota presentada a Leguizamo, los prestadores explican con crudeza la situación operativa que enfrentan. "Las clínicas dependen del cobro de la facturación correspondiente a los módulos de Nivel II y III para afrontar el pago de los salarios del personal. El corrimiento de esta fecha implica, en numerosos casos, la imposibilidad material de abonar los haberes, con las graves consecuencias que ello conlleva para la operatividad de los prestadores", advirtieron en el documento formal, dejando en claro que no se trata de un reclamo de rentabilidad sino de supervivencia operativa básica de las instituciones.

Al problema de morosidad se suma una gran depreciación de los precios de los servicios que brindan estas instituciones. En el comunicado público, los prestadores denunciaron que solo durante el año 2025, los aranceles que reciben de PAMI se desvalorizaron en el equivalente a la mitad de la inflación del año, lo que hace que muchas prestaciones no puedan brindarse porque los costos de insumos, medicamentos y materiales resultan imposibles de ser absorbidos por los aranceles que abona la obra social.

Esta combinación de atraso en pagos y depreciación arancelaria ha llevado a una situación límite donde la continuidad de los servicios ya no puede garantizarse únicamente mediante el esfuerzo de las clínicas y sanatorios. Las instituciones plantearon tres requerimientos concretos al director de PAMI en su presentación formal. Solicitaron la regularización inmediata de la deuda existente, la concreción de una reunión urgente para abordar estas problemáticas y consensuar soluciones que garanticen la continuidad de los servicios en condiciones sustentables, y la reactivación inmediata de una mesa técnica de trabajo orientada a implementar las adecuaciones necesarias en los aranceles.

"Confiamos en la gestión de las autoridades centrales del Instituto y estamos a disposición para lo que sea pertinente para poder sostener los servicios. Rescatamos y valoramos el diálogo que mantenemos con los funcionarios a cargo, eso nos permitió llegar hasta la fecha sin mayores afectaciones a los servicios. Pero ya no nos resulta posible, si no se resuelven estas cuestiones de fondo", expresaron en el comunicado.

Ante la falta de respuestas concretas, los prestadores advirtieron que implementarán una afectación progresiva de servicios a partir del 10 de febrero, comenzando por las prestaciones ambulatorias y programadas, con el objetivo de preservar en la medida de lo posible la atención de urgencias y emergencias. "Resulta fundamental que se comprenda que estas acciones no constituyen medidas de fuerza, ni responden a una voluntad deliberada de los prestadores, sino que son la consecuencia inevitable de la situación descripta, en un contexto donde la continuidad de los servicios no puede garantizarse", señalaron, advirtiendo que de persistir la falta de respuesta a los requerimientos planteados, la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable, con el consiguiente perjuicio para los pacientes, los prestadores y el propio Instituto.