Por: Bache3000

La provincia de Río Negro está a punto de dar un giro decisivo en su política penal. Los legisladores Lucas Pica y Facundo López presentaron un proyecto de ley que, de aprobarse, modificará sustancialmente la Ley S 3008, que regula la ejecución penal provincial, estableciendo que quienes sean condenados por delitos graves deberán cumplir la totalidad de sus condenas sin posibilidad de salidas transitorias ni libertad anticipada. Es decir: si mataste, si violaste, si secuestraste, cumplís hasta el último día. Sin beneficios, sin contemplaciones, sin que el simple paso del tiempo opere como atenuante.

La propuesta no surge de la nada. Mendoza tomó este camino en 2012, y el Estado nacional lo siguió en julio de 2017 con la sanción de la Ley Nacional 27.375. Ahora Río Negro se suma a esa línea, con una particularidad: el proyecto establece un catálogo taxativo de delitos excluidos de cualquier beneficio carcelario. Entre ellos figuran el homicidio simple y agravado (artículos 79 y 80 del Código Penal), los delitos contra la integridad sexual (artículos 119 a 130), el robo agravado (166), el homicidio en ocasión de robo (165), la tortura seguida de muerte (144 tercero) y el secuestro extorsivo con resultado de muerte (170). La lista no es casual: apunta a los crímenes que más conmoción generan, aquellos que dejan víctimas irreparables, familias destrozadas, comunidades aterrorizadas.

Esta iniciativa se inscribe en una política penal más amplia impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, que ha venido endureciendo el sistema judicial de la provincia, señalaron los legisladores. Primero fue la ley de "reiterancia", diseñada para cerrar la puerta giratoria y permitir que se dicte prisión preventiva contra quienes cometan más de un delito con formulación de cargos. Luego vino la ley de "doble condena", que establece que aquellos con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia puedan seguir apelando ante la Corte Suprema, pero desde la cárcel, no desde sus casas. Ahora llega este proyecto, que completa el círculo: si cometiste un delito grave, no salís hasta que termines de pagar.

"Ya no puede haber contemplaciones", dijo el legislador Pica al presentar la iniciativa. "Quien comete un delito grave no podrá, por el simple paso del tiempo, salir antes de cumplir su condena. Si estamos con la víctima no podemos permitir esto. Además, ¿cuántos casos vemos a diario de que los que gozan de salidas transitorias siguen delinquiendo? En Río Negro esto ya no lo queremos más."

La polémica en torno a la eliminación de las salidas transitorias para delitos graves no es nueva. A nivel nacional tuvo un nuevo capítulo el 8 de abril de 2025, cuando la Cámara Federal de Casación Penal, mediante el Acuerdo N° 7/2025 (Plenario N° 16), en los autos "Tobar Coca, Néstor s/ inaplicabilidad de ley", sostuvo la constitucionalidad del sistema de ejecución penal que restringe beneficios carcelarios a delincuentes condenados por determinados delitos. Ese fallo le dio un espaldarazo judicial a la política de mano dura que venía siendo cuestionada por sectores garantistas y abolicionistas, que veían en estas restricciones una violación al principio de resocialización que debe regir toda pena.

Pero para Pica y López, el garantismo y el abolicionismo penal han hecho demasiado daño. "Quienes cumplan condena por delitos graves no podrán salir como si nada antes", afirmaron ambos legisladores. "Se acabaron las salidas transitorias y la libertad anticipada para estos casos. Es lo que queremos en Río Negro: quien comete una falta grave deberá purgar la totalidad de la condena. El garantismo y el abolicionismo penal han hecho mucho daño. Nosotros privilegiamos a la víctima."

La discusión de fondo es filosófica, pero también brutalmente concreta. Por un lado están quienes creen que la pena debe servir para reintegrar al delincuente a la sociedad, que el encierro perpetuo sin horizonte de reinserción es inhumano y contraproducente. Por el otro están quienes sostienen que hay crímenes tan graves que merecen el castigo completo, sin reducciones, sin beneficios, sin que el Estado se ponga en el lugar del victimario antes que en el de la víctima. Este proyecto de ley toma partido: dice que en Río Negro, a partir de ahora, el criterio rector será la gravedad del delito, no la conducta del condenado durante su encierro. Dice que hay delitos que no se perdonan, que no se atenúan, que se pagan hasta el final.

Si prospera la iniciativa, Río Negro se sumará a un grupo de provincias y al Estado nacional en una política que está redefiniendo el sentido mismo de la pena en Argentina. El debate está abierto, pero la dirección parece clara: menos beneficios para los condenados, más peso para las víctimas, más tiempo tras las rejas para quienes cometieron los delitos que la sociedad considera imperdonables.