Por: Bache3000

Veinte juntas vecinales y organizaciones de la sociedad civil de Bariloche alzaron la voz este martes contra lo que consideran un proceso viciado de irregularidades en torno al futuro del Cerro Catedral. El Foro de Juntas por el Ambiente, un espacio colectivo declarado de interés municipal por el propio Concejo, dirigió un comunicado contundente a la secretaria de Planeamiento Territorial, Sofía Maggi, y convocó a toda la ciudadanía a participar de la próxima instancia del Consejo de Planificación Municipal (CPM) programada para el lunes 9 de febrero a las 11 de la mañana en el edificio Polivalente de la Delegación Sur.

El núcleo de la denuncia apunta directamente contra la empresa concesionaria CAPSA, titular del derecho de explotación de los medios de elevación del cerro en virtud de la ordenanza 2929-CM-2018, que según las organizaciones vecinales busca aprobar un Plan de Desarrollo que permitiría enajenar setenta hectáreas de superficie protegida para un desarrollo inmobiliario que incorporaría trece mil nuevas plazas hoteleras a la oferta turística de la ciudad. Las juntas denuncian que este avance se produce con la anuencia de la Secretaría de Planeamiento y en un contexto de ausencia absoluta de políticas de planificación urbana a largo plazo, donde la excepción se ha convertido en regla para determinar el crecimiento del ejido municipal.

Las objeciones al proyecto son múltiples y abarcan prácticamente todos los aspectos imaginables del desarrollo urbano. En primer lugar, las organizaciones recuerdan las observaciones realizadas por la geóloga Silvia Uber ante el Concejo Municipal sobre la inestabilidad geológica de toda la zona y su falta de aptitud para desarrollos de este tipo, basándose en estudios del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) que desaconsejan la construcción en el área. A esto se suman objeciones jurídicas vinculadas a la imposibilidad de transmitir el dominio a quienes adquieran las unidades derivadas del plan, dado que la naturaleza temporaria propia del derecho de concesión no permite enajenar el suelo público en favor de particulares, una limitación que vuelve jurídicamente cuestionable todo el esquema inmobiliario propuesto.

Desde el punto de vista económico, el Foro plantea interrogantes que nadie parece haber respondido con solvencia: no existen estudios que den cuenta de cómo impactará la notoria ampliación de camas en la oferta del sector turístico actualmente existente, y las juntas se preguntan si esas trece mil plazas que se incorporarán en el Cerro no vendrán a reemplazar la capacidad hotelera de otros establecimientos céntricos, generando un proceso tendiente al monopolio del sector que concentraría la oferta en manos de un único actor privado en detrimento de la diversidad de la trama hotelera barilochense construida a lo largo de décadas.

Las cuestiones de infraestructura tampoco han sido resueltas satisfactoriamente, según denuncian las organizaciones vecinales. No se ha respondido con claridad a las preguntas sobre la forma en que serán provistos los servicios básicos, históricamente deficitarios en Bariloche, ni quién financiará las obras necesarias para llevar agua, cloacas, electricidad y gas a una zona actualmente deshabitada durante gran parte del año. Tampoco se ha explicado cómo se resolverá la pérdida de capacidad para asimilar la afluencia diaria de vehículos, toda vez que una de las áreas de ocupación concertada promovidas por el plan vendrá a reemplazar en el espacio al área de estacionamiento gratuito que actualmente utilizan miles de visitantes diarios durante la temporada invernal.

Las objeciones ambientales completan un cuadro preocupante que las juntas describen con detalle: arroyos que muestran signos de contaminación y precipitan sus aguas hacia las cuencas del Lago Gutiérrez y el Lago Nahuel Huapi, un uso intensivo del recurso hídrico para la fabricación de nieve artificial que ha dejado el polémico reservorio construido por la concesionaria vacío e inútil en caso de incendios durante la temporada estival, fauna desplazada por la carga humana que soporta el área y que se incrementará notablemente en caso de prosperar el plan, y escasos accesos para los servicios de emergencia y vías de evacuación acordes a la magnitud del desarrollo propuesto.

Pero las críticas del Foro no se limitan al proyecto inmobiliario en sí mismo, sino que cuestionan de raíz el proceso de participación ciudadana que la Secretaría de Planeamiento viene llevando adelante en torno al Cerro Catedral. Las organizaciones denuncian que cada convocatoria al CPM ha estado viciada por la parcialidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad, con una lectura restrictiva de la normativa que llevó a convocar únicamente a las juntas cercanas al Cerro bajo la comprensión de que los barrios aledaños son los únicos interesados, afectados o beneficiados por lo que ocurra con el Plan de Desarrollo. Ni siquiera estas pocas juntas han sido llamadas a participar en la totalidad de las convocatorias realizadas, según denuncia el comunicado, ya que algunas fueron convocadas en oportunidades puntuales solo para ser ignoradas en el siguiente llamado, impidiéndoles mantener una participación continua en el proceso.

Desde el Foro de Juntas reivindican el derecho de toda la ciudadanía a participar a través de sus organizaciones vecinales en los procesos de planificación urbana de la ciudad y en la defensa del ambiente, rechazando de plano la posibilidad de enajenar en parte o en todo el Cerro Catedral. "El Cerro es patrimonio inalienable de todos los habitantes de San Carlos de Bariloche y no una prenda de cambio entre administraciones municipales y el interés privado", sentencia el documento firmado por veinte organizaciones que van desde Villa Los Coihues hasta Las Margaritas, pasando por Llao Llao, Villa Catedral, Villa Lago Gutiérrez, Nahuel Malal, Cerro Chico y numerosos barrios más, junto a la Asociación Civil Pájaro Azul y comisiones de vecinos autoconvocados por la defensa de reservas naturales urbanas.

La convocatoria para el lunes 9 de febrero a las 11 de la mañana en el ex edificio Dinara de la Delegación Sur busca transformar en presencia ciudadana masiva lo que hasta ahora ha sido un proceso de consulta limitado y cuestionado. Las juntas llaman no solo a sus propios miembros sino a toda la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil a hacerse presentes en esa instancia del CPM, con la clara intención de disputar un modelo de desarrollo urbano que consideran impuesto desde arriba sin la participación genuina que la normativa vigente establece y que el espíritu democrático de la planificación territorial exige.