Por: Bache3000

El trabajo territorial del Instituto se concentra actualmente en la regularización de barrios históricos de la ciudad. La Habana, Marí Marí, El Maitén y Manzana Weney están en proceso de finalización de trámites técnicos y administrativos ante la provincia. Sin embargo, el proyecto más ambicioso es el barrio 29 de Septiembre, donde unas cuatrocientas familias esperan concretar su situación dominial durante 2026.

Gallardo explicó que el Instituto también interviene en ocupaciones menores y revisa la situación administrativa de barrios populares con décadas de antigüedad, como Mutis y Arrayanes. Muchas familias de estos sectores tienen deudas que se remontan a la época de los australes, imposibles de actualizar por la legislación vigente. Para resolver esta situación, una ordenanza aprobada a fines de 2025 permite que cualquier persona con terreno municipal asignado por ordenanza cancele toda su deuda histórica con un pago de mil módulos fiscales, equivalentes hoy a trescientos setenta y cinco mil pesos.

Esta herramienta legal busca facilitar el acceso a la escrituración de bajo costo, que ronda los doscientos cincuenta mil pesos. El mecanismo contempla casos donde el lote fue asignado al abuelo en los años ochenta o noventa, pasó al hijo y ahora lo ocupa el nieto, siempre que pueda comprobarse la línea sucesoria. Gallardo destacó que esta regularización no solo otorga seguridad jurídica a las familias, sino que también activa el mercado inmobiliario al darle valor formal a propiedades que antes carecían de título.

El funcionario detalló que el Instituto realizó recientemente una reunión con vecinos de Arrayanes para explicar el mecanismo de regularización. Barrios como Mutisias, Arrayanes y Progreso, todos ubicados en la zona del Alto y el sur de la ciudad, serán los principales beneficiados por esta política que apunta a resolver un problema arrastrado por décadas.

Respecto a los lotes sociales, uno de los temas más consultados por la comunidad desde comienzos de 2025, Gallardo contextualizó el origen de la problemática. Al asumir la actual gestión, el Instituto se encontró con una gran demanda de cooperativas y asociaciones intermedias que operaban mediante convenios con la municipalidad. Estos acuerdos generalmente asignaban a las entidades terrenos donde resultaba muy difícil llevar servicios básicos, dejando tanto a los compradores como a las cooperativas en situaciones complicadas.

Históricamente, los desarrolladores privados compensaban las plusvalías de sus proyectos urbanísticos entregando al municipio espacios verdes, zanjas o desagües, es decir, las peores parcelas de sus emprendimientos. La visión del intendente Cortés cambió radicalmente esta lógica al establecer que las plusvalías debían materializarse en lotes con servicios, es decir, terrenos con calle, luz y agua, los elementos básicos que necesita una familia para vivir dignamente.

Durante 2025 se aprobaron tres grandes proyectos urbanísticos bajo el marco de la emergencia habitacional, un instrumento que Gallardo considera fundamental. El presidente del Instituto defendió este mecanismo argumentando que genera gran cantidad de lotes frente a una demanda enorme que afecta incluso a los familiares directos de los barilochenses, en una ciudad donde conseguir tierra para construir se ha vuelto extremadamente difícil. Gallardo subrayó que para el Estado resulta muy costoso producir lotes, ya que requiere contratar empresas para hacer calles, proyectos de agua y de luz, entre otras obras de infraestructura.

Las obras de urbanización de los terrenos entregados al municipio como plusvalía están actualmente en ejecución. El Instituto trabaja en la definición del sistema de sorteo, tarea que incluye establecer los requisitos para los postulantes, verificar la demanda real y cruzar datos para garantizar que los beneficiarios no sean herederos de propiedades ni hayan recibido anteriormente ayuda del Estado provincial o municipal.

La transparencia del proceso requiere un sistema informático específico que el municipio está contratando para evitar la doble percepción de beneficios. Gallardo anticipó que, inevitablemente, habrá cuestionamientos de quienes no resulten favorecidos, pero aseguró que el Instituto podrá demostrar la corrección de todos los procedimientos. El funcionario ejemplificó situaciones complejas que deben resolverse, como el caso de personas separadas que no tramitaron su divorcio ante la justicia y siguen administrativamente vinculadas a beneficios que recibió su ex pareja, ya sea una vivienda del IPPV o un terreno municipal.

El presidente del organismo reconoció la dificultad del trabajo que desarrollan, describiéndolo como una tarea permanente de reeducación hacia la comunidad sobre cómo funcionan los procesos administrativos. Nadie quiere tomar la determinación de cerrar ciclos y regularizar situaciones pendientes, lo que alarga los plazos y complica la gestión. El Instituto también coordina acciones con el Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda para detectar beneficiarios de otras localidades que intentan acceder a terrenos en Bariloche, situación que se ha presentado en algunos casos puntuales.

Gallardo destacó la presencia territorial del Instituto y el acompañamiento de la gente en los barrios donde intervienen. El funcionario aseguró que cuando realizan eventos de entrega de documentación, perciben el alivio en los vecinos que finalmente logran regularizar su situación después de décadas de incertidumbre, y esa satisfacción es la que motiva el trabajo diario del equipo.

El 2026 se presenta como un año decisivo para el Instituto Municipal de Tierras, con la meta de concretar regularizaciones postergadas durante décadas y materializar el sorteo de lotes sociales que miles de familias barilochenses esperan con ansiedad.