Por: Bache3000

La historia de este aumento tiene su origen en diciembre pasado, cuando el oficialismo intentó aprobar la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2026 junto al presupuesto municipal. Ahí estaban los aumentos, negros sobre blanco, considerados excesivos por varios concejales. El Concejo aprobó el presupuesto pero rechazó las tasas. El gobierno no consiguió los votos. Parecía que la pelea había terminado.

Pero no. Días después, el intendente firmó una resolución desde el Ejecutivo municipal aumentando las tasas directamente, sin pasar por el Concejo. Un atajo administrativo que ahora tiene nombre puesto por Costa Brutten: ilegal.

El 8 de enero, el concejal Leandro Costa Brutten impugnó formalmente la maniobra. "No se puede justificar un aumento de tasas pasando por encima de la ley", escribió en su reclamo administrativo ante la municipalidad. Costa Brutten no habla de diferencias políticas: habla de violación a la Carta Orgánica Municipal y al principio de legalidad tributaria. "El Intendente no puede fijar ni prorrogar valores fiscales por resolución", insiste.

Y tiene razón. La Constitución provincial y la Carta Orgánica son claras: solo el Concejo Deliberante puede crear, modificar o actualizar tributos. Es la división de poderes, ese principio básico que a veces parece letra muerta cuando alguien decide que gobernar es imponer.

"Lo que debería ser una tasa por servicios se está usando, de hecho, como si fuera un impuesto encubierto", explica Costa Brutten a Bache3000. "Eso es ilegal y arbitrario. Las tasas solo pueden cobrarse por servicios efectivamente prestados. No pueden desnaturalizarse para tapar deuda municipal o desmanejos de gestión."

Porque detrás de estas boletas hay algo más que números: hay una gestión municipal que, según el concejal, está endeudada crónicamente por obras sin recupero a frentistas. "Mientras los vecinos de los barrios barilochenses pagaron en Frutillar, Lera o los kilómetros sus obras de servicios y asfalto, el intendente está haciendo que todos los demás paguemos obras de otros frentistas, cuando en realidad cada uno ya pagó por sus obras", denuncia.

El argumento que el oficialismo solía usar para justificar aumentos era que las tasas estaban por debajo de la inflación. Ahora, con incrementos del 323%, ese discurso ya no cierra. "El actual Intendente está endeudando a los barilochenses con obras sin recupero y sin control de calidad de ejecución alguna, lo que ni siquiera garantiza su durabilidad", agrega Costa Brutten. "Improvisación y manipulación que el intendente quiere que paguemos con un aumento desproporcionado e ilegal de tasas."

Y hay algo más: "Transformaron las tasas en un impuesto ilegal. La tasa es retributiva de servicios prestados, algo que en esta gestión de Walter Cortés no respetan."

Este lunes, Costa Brutten formalizará una denuncia penal contra el ejecutivo. También pondrá a disposición de los vecinos un escrito modelo (hacer click para descargar) para que puedan realizar reclamos administrativos conjuntos. "Vamos a impulsar presentaciones judiciales junto a los vecinos perjudicados", anticipa. El edil recibirá personalmente a todos los afectados en su oficina del Concejo, y el formulario estará disponible en sus redes sociales para completar, firmar y enviar por mail o llevar personalmente al Concejo Deliberante.

"No vamos a permitir intimaciones o intentos de ejecuciones por imposibilidad de pagos de montos desproporcionados e ilegales", advierte el concejal. Porque detrás de cada boleta hay una familia que tiene que elegir qué pagar, una jubilada que no llega a fin de mes, un comerciante que ya no sabe cómo hacer para sostener su negocio.

Las cuentas del Estado no se equilibran metiendo la mano en el bolsillo de la gente con maniobras ilegales, explica el concejal. Y menos cuando lo que está en juego no es solo plata: es el respeto a las instituciones, la división de poderes, el derecho de los vecinos a no ser ajustados arbitrariamente mediante mecanismos ilegales.

Los vecinos furiosos que escribieron a Bache3000 en estos días no están enojados solo por la plata. Están enojados porque alguien decidió que podía hacer lo que quisiera, aunque la ley dijera lo contrario. Y eso, en una ciudad que quiere creer en sus instituciones, es un problema que va mucho más allá de una boleta.