Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten formalizó este miércoles una denuncia penal contra el Departamento Ejecutivo Municipal y funcionarios del área de Hacienda por la aplicación de aumentos en las tasas municipales que considera ilegales, confiscatorios y carentes de fundamento normativo. La presentación ante la Fiscalía marca un punto de inflexión en el conflicto institucional que viene escalando desde principios de año, cuando cientos de contribuyentes comenzaron a recibir boletas con incrementos extraordinarios que en muchos casos superaron varios cientos por ciento.

En su escrito, Costa Brutten acusa a las autoridades municipales de haber violado principios fundamentales del derecho tributario, entre ellos el de legalidad, razonabilidad y reserva de ordenanza. Según el edil, los aumentos fueron determinados de manera unilateral por el Ejecutivo mediante resoluciones administrativas que carecían de competencia legal, dado que esa potestad corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante en su carácter de órgano legislativo. La jugada de la administración municipal habría consistido en eludir el control del cuerpo deliberativo para imponer incrementos que, de haber sido debatidos en sesión, difícilmente hubieran prosperado.

La denuncia cobra especial relevancia a partir de un hecho concreto que el concejal describe como "reconocimiento implícito de ilegalidad". A fines de enero, el propio Ejecutivo dejó sin efecto la Resolución 3203-I-2025 que establecía la actualización del módulo fiscal, decisión que fue difundida por el medio Bariloche Noticias el 25 de enero. Para Costa Brutten, esa marcha atrás confirma que la administración avanzó sobre atribuciones que no le correspondían y que intentó modificar parámetros tributarios por la vía administrativa, deliberadamente fuera del marco legal establecido.

El planteo no se limita a cuestionar la forma. Costa Brutten sostiene que los aumentos generaron un perjuicio concreto y masivo a miles de vecinos, muchos de los cuales quedaron en situación de imposibilidad material de afrontar el pago de las tasas. Más grave aún, advierte que aquellos contribuyentes que sí pagaron las boletas con valores ilegítimos entregaron sumas que el municipio estaría reteniendo de manera indebida. En ese sentido, la denuncia no solo apunta al momento en que se dictaron los actos administrativos cuestionados, sino también a la consecuencia actual de esa decisión: la retención de fondos sin respaldo legal.

Los delitos imputados en la presentación son abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplados en el artículo 248 del Código Penal y sus concordantes. Sin embargo, el concejal deja abierta la posibilidad de que durante la investigación surjan otras figuras penales vinculadas, como exacciones ilegales o administración fraudulenta. La estrategia legal busca que sea la propia Fiscalía quien determine, a partir de las pruebas que se reúnan, el alcance final de las responsabilidades penales.

Costa Brutten acompañó su denuncia con presentaciones administrativas previas y la determinación del Tribunal de Contralor municipal, organismo que ya había advertido sobre irregularidades en el procedimiento seguido por el Ejecutivo para fijar los nuevos valores. Ahora pide que se disponga la apertura de una investigación penal, se cite a los funcionarios denunciados y se ordenen todas las medidas de prueba necesarias para esclarecer los hechos. El expediente quedará en manos de la Fiscalía, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para impulsar una acción penal contra las autoridades responsables del área de Hacienda y la máxima conducción municipal.

El conflicto por las tasas municipales venía tensando la relación entre el Ejecutivo y el Concejo desde principios de año, cuando comenzaron a circular reclamos de vecinos y comerciantes por boletas impagables. La decisión de judicializar el caso eleva la apuesta y coloca a la administración municipal en una posición delicada, no solo desde lo político sino también desde lo penal. La denuncia presentada por Costa Brutten no busca solo revertir una medida considerada injusta, sino responsabilizar penalmente a quienes la impulsaron, bajo la premisa de que el ejercicio abusivo del poder público configura un delito cuando se ejerce sin competencia legal y en perjuicio del interés general.