Por: Bache3000
La jornada del miércoles 11 de febrero marcará un punto de inflexión en la discusión sobre el futuro del trabajo en Argentina. En Bariloche, se realizará una movilización convocada que concentrará a trabajadores municipales, organizaciones sindicales y sociales y diferentes vecinos que rechazan la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En paralelo, la senadora Patricia Bullrich negocia en el Congreso los últimos apoyos para blindar un proyecto que reconoce fisuras internas y puntos conflictivos aún sin resolver.
La convocatoria, que nucleará al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales SOYEM, la CTA Autónoma, ATE Bariloche, la Asamblea de Trabajadores y UTHGRA Seccional San Carlos de Bariloche, entre otras organizaciones de la CGT, comenzará a las 18 horas en la intersección de Onelli y Moreno para marchar hacia la plaza del Centro Cívico bajo la consigna de que los derechos laborales no se negocian sino que se defienden en las calles.
Desde SOYEM informaron serán parte de la marcha en defensa de los derechos laborales y contra cualquier intento de reforma regresiva, aunque aclararon que el paro previsto quedó suspendido en virtud del acatamiento a la conciliación obligatoria por el término de cinco días dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Río Negro.
ATE, por su parte, convocó a un paro, además de movilizar, contra lo que definieron como una reforma laboral regresiva que no viene a generar más empleo sino a quitar derechos que hoy tienen los trabajadores formales, además de asegurar más ganancia a grandes empresarios y garantizar que la inmensa masa de trabajadores informales nunca los tengan.
UTHGRA Bariloche sumó su voz de rechazo con una convocatoria dirigida a trabajadoras y trabajadores hoteleros y gastronómicos para concentrarse desde las 17 horas en el mismo punto de encuentro, denunciando que la reforma laboral atraza en los derechos y el bienestar de los trabajadores argentinos, viola la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, amenaza la pérdida de convenios colectivos de trabajo nacionales y zonales, implica la desaparición de las obras sociales y habilita el pago de las futuras indemnizaciones con fondos del ANSES.
Entre los puntos más cuestionados por las organizaciones sindicales figura la legalización de jornadas laborales de 12 horas con desaparición de las horas extras, la reducción de la indemnización por despido sin causa pagada con dinero de jubilados, el fraccionamiento de las vacaciones a criterio del empleador, el debilitamiento de la organización sindical y la negociación colectiva que deja a cada trabajador negociando individualmente ante el empleador con el evidente poder que tiene quien contrata por sobre quien trabaja.
(Mesa política del Gobierno nacional que negocia con los senadores de los gobernadores)
También denuncian la reducción del acceso a la justicia del trabajador mediante la eliminación del principio de favor para el trabajador, y la limitación del derecho a huelga al declarar servicios esenciales todas las actividades laborales con exigencia de hasta un 75 por ciento de presencialidad obligatoria en los sectores de trabajo.
Mientras en Bariloche se organizan para salir a las calles, en el Congreso se desarrolla una intensa negociación política que tiene como protagonista a la senadora libertaria Patricia Bullrich, quien tras una reunión en el Senado afirmó que el Gobierno llegó a un acuerdo muy sólido con sectores dialoguistas en un contexto donde el oficialismo reconoce que el mayor riesgo no está en la votación en general sino en sostener cada punto del texto durante el debate en particular.
"Tenemos una buena cantidad de votos", confió Bullrich a la salida del encuentro, y aseguró que las conversaciones permitieron despejar dudas en torno a los apoyos necesarios para atravesar el debate previsto para este miércoles a las 11 de la mañana, aunque artículos específicos continúan tensando el vínculo del Ejecutivo con las provincias por su impacto sobre el esquema tributario.
"Llegamos a un acuerdo muy sólido. Lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar. Así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias", declaró la senadora al término del encuentro, en un intento por mostrar fortaleza en las negociaciones que sin embargo deja entrever las concesiones que debió hacer el oficialismo para asegurar el tratamiento de la iniciativa.
Altas fuentes del bloque de Fuerza Patria en el Senado le confirmaron a BAE Negocios que no bajarán al recinto este miércoles 10 de febrero para debatir la Ley de Modernización Laboral. "El peronismo no da quórum para ninguna reforma laboral", dijeron, a pesar de que el Gobierno asegurara tener todos los votos necesarios para darle media sanción al proyecto.
Asimismo, mandatarios provinciales del justicialismo no alineados con el kirchnerismo negocian a contrarreloj con la mesa política del gobierno conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.
Por su parte, el radicalismo confirmó que acompañará la iniciativa en la votación en general aunque dejó abierta la puerta a objeciones puntuales, mientras que los bloques dialoguistas ya anticiparon que impulsarán una votación segmentada para diferenciar capítulos completos de los artículos más controvertidos, una dinámica que podría reconfigurar el resultado final y forzar nuevas concesiones del Ejecutivo en pleno debate.
Los puntos más conflictivos que siguen abiertos incluyen coparticipación, aportes sindicales, ultraactividad de convenios y plazos de implementación, cuestiones que amenazan con convertir la sesión del miércoles en una negociación en tiempo real que pondrá a prueba la solidez de los acuerdos que Bullrich presenta como cerrados pero que enfrentan resistencias tanto en el recinto como en las calles de las principales ciudades del país.
El oficialismo apuesta a cerrar filas en las próximas horas y llegar al recinto con el mayor nivel de consenso posible, mientras en Bariloche y otras ciudades del país los trabajadores se preparan para expresar en las calles su rechazo a una reforma que consideran que no es modernización sino precarización laboral.