Por: Bache3000

El Tribunal de Contralor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche emitió la Resolución N° 11-TC-2026, mediante la cual ratificó que la Resolución N° 163-I-2026 para aumentar las tasas municipales carece de sustento legal. La decisión llega tras la impugnación presentada por la concejal Julieta Wallace, quien había denunciado que el Ejecutivo municipal aplicó aumentos de entre 100% y 1000% en las facturas de los contribuyentes sin contar con la aprobación del Concejo Deliberante.

Según el documento al que accedió Bache3000, el Tribunal declara abstracta la presentación de Wallace porque se basó en actos administrativos que posteriormente fueron derogados por el propio Ejecutivo. Sin embargo, la resolución es contundente al confirmar la ilegalidad del procedimiento utilizado para fijar el nuevo módulo fiscal.

El asesor letrado del Tribunal, en su dictamen incorporado a la resolución, señaló que "las resoluciones, hoy ya derogadas, eran ilegales, y el dictado las mismas no se ajustaba a la ley". El funcionario agregó que la derogación de estas resoluciones ilegales "es el acto que correspondía realizar, por lo que el Poder Ejecutivo no es inocente en esta cuestión".

Wallace: "¿Qué hacemos con un intendente que firma resoluciones ilegales?"

La concejal Julieta Wallace cuestionó duramente tanto al intendente como al Tribunal de Contralor. "Nadie puede alegar su propia torpeza, es una máxima del derecho", afirmó Wallace en declaraciones a este medio.

"El Tribunal de Contralor ratifica que la resolución es ilegal. ¿No cabe ninguna sanción? ¿Nos olvidamos? ¿Hacemos como si nada pasara?", cuestionó la concejal, quien adelantó que solicitará al organismo de control que juzgue la conducta del intendente.

Wallace también criticó la postura del Tribunal: "Esto de que el Tribunal exhorte al Concejo es un mamarracho. Está invadiendo las funciones del Concejo. Que se preocupen por controlar —cosa que no hacen— antes de meterse en las facultades de otro poder".

Respecto a los argumentos del Ejecutivo sobre la falta de recursos presupuestarios, Wallace fue categórica: "Ningún ejecutivo gasta toda la plata del presupuesto al mes de junio. No es verdad que no guarda relación con el presupuesto. En junio, en función de cómo vaya la ejecución, hablamos. Tienen plata. Una cosa es el presupuesto, que es una proyección, y otra es cuánto recaudas y cuánto gastas".

Costa Brutten: "Es un saqueo, vamos a exigir la devolución"

El concejal Leandro Costa Brutten también se pronunció sobre la situación y anunció acciones legales. "Les vamos a exigir la devolución de los montos. Para eso es la denuncia penal por apropiación indebida", advirtió.

"Se decidió desconocer la normativa aplicable y cobrar lo que el Ejecutivo cree que tiene que percibir. Si el fiscal no quiere intervenir, es un saqueo", agregó Costa Brutten, quien trabaja en un análisis detallado de los aumentos aplicados.

Vecinos de Bariloche han reportado incrementos extraordinarios en sus facturas municipales. Algunos casos documentados muestran aumentos con incrementos que en ciertos inmuebles alcanzaron el 1000% respecto al período anterior. Un contribuyente reportó facturas que pasaron de aproximadamente 280.000 pesos anuales a 2,8 millones de pesos.

El conflicto se originó cuando el Concejo Deliberante rechazó el proyecto de Ordenanza Fiscal y Tarifaria enviado por el Ejecutivo para el año 2025. Ante esta negativa, el Gobierno intentó modificar el valor del módulo fiscal mediante resoluciones administrativas, un mecanismo que tanto el Concejo como ahora el Tribunal de Contralor consideran ilegal.

La Carta Orgánica Municipal establece que es atribución exclusiva del Concejo Deliberante sancionar anualmente la Ordenanza Fiscal, que determina la estructura tributaria y los montos que deben pagar los contribuyentes. El Ejecutivo carece de facultades para modificar estos valores por decreto o resolución.

El Tribunal de Contralor exhortó al Concejo a considerar "en lo inmediato" el tratamiento de la Ordenanza Tarifaria y Fiscal, señalando que la falta de coherencia legislativa "es exclusiva de dicho Poder Legislativo". Sin embargo, tanto Wallace como Costa Brutten sostienen que esta exhortación constituye una intromisión indebida en las facultades del órgano legislativo municipal.