Por: Bache3000

La polémica por el futuro del Cerro Catedral escaló este jueves cuando la oposición denunció que el oficialismo intentó forzar el avance del proyecto de desarrollo presentado por el intendente Walter Cortés sin respetar el proceso de análisis técnico acordado en el Consejo de Planeamiento Municipal. Según las declaraciones de los concejales Facundo Villalba, Julieta Wallace, y Leandro Costa Brutten, el gobierno municipal estaría apurando los trámites administrativos para llevar la iniciativa al recinto lo antes posible, en lo que calificaron como una maniobra ilegal que contradice el acta firmada por todos los sectores involucrados.

Villalba fue contundente al describir la situación. "Lo que hacen contradice el acta que se firmó, ya que el CPM es justamente para analizar técnicamente el proyecto, y no hubo análisis porque hubo un montón de preguntas y nadie expuso ni acercó alguna respuesta de parte de los autores del proyecto, que son el intendente Walter Cortés y sus funcionarios", afirmó.

El concejal advirtió que el apuro responde a una estrategia para evitar el debate y acelerar el arribo al Concejo Deliberante, donde el oficialismo buscaría los votos necesarios para su aprobación. "Tengo entendido que no están los votos hoy para esto, pero tal vez el intendente cree que puede dar vuelta una o dos voluntades. Uno nunca sabe y los muertos se cuentan fríos", señaló.

Para Villalba, la clave está en la movilización ciudadana que viene creciendo en torno al tema. "Por eso es fundamental la atención y la participación de los vecinos, porque básicamente estamos definiendo y discutiendo el futuro de nuestro recurso económico más importante, que es el Cerro Catedral, que genera una enorme cantidad de puestos de trabajo y atrae a un gran porcentaje de nuestro turismo", subrayó.

La concejala Julieta Wallace profundizó en las acusaciones contra el oficialismo y apuntó directamente contra la presidenta del CPM, Sofía Maggi, y algunos de los asesores del bloques que particparon. "Evidentemente la única forma que avanzan con Catedral es haciendo trampa. Ignoraron las mayorías y después nos dicen que somos irrespetuosos y tribuneros", disparó. Wallace denunció que la decisión de acelerar el proceso fue tomada de forma ilegal, en línea con lo que considera una práctica habitual del intendente. "Decidieron de una forma ilegal, cómo ya nos tiene acostumbrado el intendente y ahora se le suma Maggi y los asesores de Ferrari, Etchenique y Del Río", agregó.

La concejala advirtió que el proyecto está viciado desde su origen y anticipó que no logrará la aprobación necesaria. "Vamos a esperar el acta pero lo que sí les digo es que este proyecto no sale. ¿O no son capaces de leer las posturas de los distintos sectores? Está reflejada en el acta con las firmas de concejales, colegios profesionales, el sector privado y juntas vecinales", planteó. Wallace acusó al oficialismo de intentar "llevarse todo puesto" y después tildar de tribuneros a quienes defienden otra visión para el desarrollo del cerro.

"Nosotros seguiremos defendiendo nuestro Cerro, que necesita orden, pero no a la fuerza. Cortés, la corte de concejales y funcionarios demuestran una vez más ser violentos y jugar el peor juego para Bariloche: la ilegalidad", sentenció.

El concejal Leandro Costa Brutten sumó su mirada sobre el desgaste político que está pagando el oficialismo por insistir con el proyecto. "No quieren exponerse más al escarnio de la gente. No les da la cara para sostener el negociado", disparó. Costa Brutten enumeró a los actores que vienen manifestando su rechazo: colegios profesionales, asociaciones, vecinos y juntas vecinales. "Están juntando repudios y rechazos y pagando un costo extraordinario políticamente", concluyó.

La controversia por el desarrollo del Cerro Catedral concentra la atención de múltiples sectores de la ciudad, que ven en el recurso turístico más importante de Bariloche un punto de conflicto que excede lo técnico y alcanza dimensiones políticas, económicas y ambientales. La oposición sostiene que el oficialismo está forzando una iniciativa que no cuenta con respaldo suficiente y que intenta sortear instancias de debate y análisis para imponer una decisión que consideran perjudicial para la ciudad. Mientras tanto, el gobierno municipal no se pronunció oficialmente sobre las acusaciones, en medio de un clima de tensión que parece lejos de resolverse.