Por: Bache3000

La resolución 071-I-26, firmada por el propio Ejecutivo municipal junto a la secretaria Legal y Técnica, Yanina Sánchez, será el único punto del orden del día y podría terminar sepultando la iniciativa que buscaba indagar en los detalles de la controvertida concesión del centro de esquí más importante de la región. La decisión marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Ejecutivo municipal y los sectores del Concejo que vienen cuestionando la falta de transparencia en torno al manejo del área protegida y el acuerdo con la empresa CAPSA.

El veto fue firmado en enero, y ahora deberá ser ratificado (o no) en la sesión extraordinaria convocada específicamente para abordar este punto. Todo, en un contexto "efervescente" en donde el tema Cerro Catedral ha cobrado centralidad y ha generado múltiples denuncias públicas, movilizaciones ciudadanas y debates acalorados en el recinto del Concejo (y en el CPM) durante los últimos meses.

La ordenanza vetada había sido impulsada por concejales de la oposición (especificamente Leandro Costa Brutten) que venían reclamando mayor información sobre las condiciones de la concesión, los controles ambientales, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el impacto en el patrimonio público. La creación de la comisión investigadora era vista como una herramienta institucional para que el Concejo pudiera ejercer su rol de contralor sobre las decisiones del Ejecutivo en uno de los activos turísticos más valiosos de Bariloche.

Desde el Ejecutivo, en su veto, señalaron que el organismo se superponía con las funciones ya existentes en el EAMCEC, órgano que reune a diversos sectores para dirigir y controlar los destinos de la concesión. 

Si el Concejo confirma el veto mañana, el debate de este proyecto terminará allí. Si obtiene 8 votos, se ratificará la ordenanza y quederá trunco el veto del intendente.

La sesión extraordinaria de mañana se suma a una larga lista de cruces entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal, que ,mantiene una relación marcada por diferencias profundas en temas presupuestarios, laborales y de gestión territorial que han convertido al recinto deliberativo en un escenario de permanente tensión política.