Por: Bache3000

El episodio que derivó en la condena tuvo lugar el 27 de enero de 2026, cuando el imputado se apoderó de diversos efectos personales que se encontraban en el interior de un vehículo estacionado en calle Onelli, casi esquina Gallardo. Entre los objetos sustraídos figuraban dos valijas, una mochila, un bolso, una billetera con tarjetas bancarias, una licencia nacional de conducir y un documento nacional de identidad.

El accionar fue advertido por la víctima al regresar al rodado, lo que dio inicio a una persecución durante la cual el imputado intentó descartarse de parte de los elementos sustraídos. Finalmente fue demorado con la colaboración de transeúntes y puesto a disposición del personal policial. La mayor parte de los objetos fue recuperada en el momento, aunque algunos efectos personales, entre ellos la documentación y la billetera, no pudieron ser hallados.

Al día siguiente, el 28 de enero, se realizó la formulación de cargos en la que inicialmente se atribuyó el delito de robo. Sin embargo, durante la investigación se acreditó que no había existido fuerza sobre las cosas ni violencia sobre las personas, circunstancia que motivó la modificación de la calificación legal a hurto. La modificación se sustentó en distintos elementos probatorios reunidos con posterioridad a la detención, entre ellos registros fílmicos del sistema de emergencias, testimonios, la denuncia penal, el acta de procedimiento policial y la verificación de que el vehículo no presentaba signos de forzamiento.

La Defensa Pública Penal señaló durante la audiencia que su asistido había sido detenido en flagrancia y que la principal discusión se centró en la calificación legal del hecho. En un primer momento se evaluó la posibilidad de considerar el delito en grado de tentativa, tanto respecto del robo como del hurto, pero a partir de la manifestación de la víctima sobre la existencia de elementos que no fueron recuperados se entendió que no correspondía sostener una calificación más atenuada. La Defensa informó que explicó esta situación a su asistido, quien comprendió el alcance del acuerdo y expresó su conformidad con el trámite del juicio abreviado.

En ese contexto, el Juez de Juicio interviniente declaró la responsabilidad penal del imputado por el delito de hurto e impuso una pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional. Si bien se constató que el imputado no registra antecedentes penales computables en el país, se verificó su permanencia irregular en el territorio nacional, circunstancia que motivó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.

El organismo dispuso la expulsión del país y la prohibición de reingreso con carácter permanente. Personal de Migraciones se encontraba presente en la audiencia y procedió a ejecutar la orden de expulsión con traslado a la frontera bajo custodia de Gendarmería Nacional. La Defensa indicó que el imputado tomó conocimiento de las actuaciones administrativas vinculadas a su situación migratoria irregular y de sus consecuencias, manifestando su conformidad con la pauta del acuerdo que prevía su traslado para abandonar el país. El magistrado ordenó su traslado inmediato a la frontera para efectivizar la expulsión del territorio nacional.