Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten presentó ante la empresa Transporte Amancay SRL (Mi Bus) una notificación formal donde advierte sobre la nulidad de cualquier modificación unilateral en el servicio de transporte público y exige el cumplimiento estricto del contrato de concesión actualmente vigente, en un movimiento que marca una escalada en el conflicto que atraviesa el sistema de transporte urbano de pasajeros en Bariloche.

La presentación, que fue cursada como formal y fehaciente notificación con todos los efectos legales correspondientes, llega en medio de anuncios de la empresa sobre cambios en líneas y recorridos que, según argumenta el edil, no pueden concretarse mientras la concesionaria mantenga el nivel de incumplimiento actual de sus obligaciones contractuales, situación que se evidencia en que apenas sesenta unidades en malas condiciones circulan por la ciudad cuando el contrato exige el doble, generando un servicio deficiente que deja usuarios en las paradas sin poder abordar colectivos repletos desde el inicio de sus recorridos en horas pico.

En el documento presentado ante la concesionaria, Costa Brutten fundamenta su posición señalando que la empresa ha tomado conocimiento de su intención de efectuar modificaciones de recorridos, cabeceras, ramales y del esquema general de prestación del servicio de transporte urbano, cambios que incluyen las líneas 70, 61, 40/41, 71/81, 82 y la creación de la línea 83, modificaciones que, sostiene el concejal, constituyen alteraciones sustanciales del servicio público concesionado al afectar recorridos, cobertura territorial, accesibilidad de los usuarios y condiciones esenciales de la prestación.

La notificación señala con contundencia que tales decisiones no pueden realizarse por quien incumple el contrato vigente, resultando ilegales, arbitrarias y carentes de validez por cuanto no pueden ser dispuestas unilateralmente por la concesionaria, requieren autorización expresa del poder concedente y el cumplimiento del procedimiento legal correspondiente, además de haber sido adoptadas sin audiencia pública ni instancia de participación ciudadana, en violación de los principios que rigen los servicios públicos y del marco normativo y contractual vigente que establece las reglas de juego entre el municipio y la empresa prestadora del servicio.

El concejal intima formalmente a la empresa a suspender de manera inmediata toda decisión, acto o medida unilateral que implique modificar recorridos, frecuencias, cabeceras, ramales o cualquier condición esencial del servicio concesionado, exigiendo cesar de inmediato en la aplicación de las modificaciones ya dispuestas, restablecer sin demora los recorridos, frecuencias y condiciones del servicio vigentes con anterioridad a los cambios anunciados o implementados, y cumplir en forma estricta e íntegra el contrato de concesión actualmente vigente y el marco normativo aplicable, dejando expresa constancia de que la persistencia en la alteración unilateral del servicio podrá configurar incumplimiento grave del contrato de concesión con las consecuencias legales, administrativas y patrimoniales que ello conlleva, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a los directivos, responsables técnicos y funcionarios intervinientes en estas decisiones que afectan el derecho de los usuarios al transporte público.

La presentación incluye una reserva expresa de acciones administrativas, judiciales y eventualmente penales en defensa del interés público, de la legalidad del contrato de concesión y de los derechos de los usuarios del servicio público de transporte, marcando una posición firme del edil respecto de un conflicto que lleva meses de desarrollo y que se profundiza con cada nueva decisión que involucra modificaciones en el servicio sin que la empresa haya regularizado previamente las deficiencias actuales en la prestación que fueron denunciadas reiteradamente tanto por concejales como por organizaciones de usuarios y vecinos de distintos barrios que se ven afectados por la falta de unidades suficientes para cubrir la demanda en horarios de mayor circulación de pasajeros.

Costa Brutten planteó en conversaciones con otros referentes políticos que para modificar los recorridos primero la empresa tiene que cumplir el contrato, señalando que el servicio actualmente se presta con la mitad de las unidades que exige el contrato de concesión, apenas sesenta unidades en malas condiciones en su mayoría y con roturas, suciedad y faltante de elementos, luces y partes que circulan en Bariloche, situación que genera colectivos repletos en horas picos casi desde el inicio del recorrido, dejando gente en las garitas que les hacen señas sin suerte para que se detengan, un panorama que se agrava con lo insólito de que sumaron la prestación de un servicio interjurisdiccional a Dina Huapi con los antecedentes de incumplimiento en Bariloche, mientras se registran colectivos que se incendian, se quedan en la nieve o no completan el recorrido por roturas, una situación tremenda que el concejal atribuye a un proceso de vaciamiento que comenzó en 2020 cuando la empresa se llevó unidades nuevas de Bariloche en una acción que se hizo a escondidas y apurones.

El edil exige que restituyan las unidades nuevas que fueron retiradas de Bariloche en aquel momento, señalando que esa operación constituyó una verdadera acción de vaciamiento del parque automotor que debía estar afectado exclusivamente al servicio de la ciudad, mientras otros referentes consultados sobre la situación señalaron que esto representa un retroceso de diez años atrás cuando los recorridos se resolvían entre la Municipalidad, la empresa, la UTA y las juntas vecinales sin dictamen técnico ni basándose en ninguno de los informes técnicos ya existentes, marcando el origen de la debacle del transporte urbano de pasajeros que hoy atraviesa una de sus peores crisis en términos de calidad de servicio, cumplimiento contractual y respuesta a las necesidades de movilidad de una ciudad que creció significativamente en población y extensión territorial durante los últimos años sin que el sistema de transporte público acompañara ese crecimiento con inversiones en infraestructura y unidades adecuadas.