Por: Bache3000

"No se venden, no se ceden, no se transfieren. Pero la discusión está en otro lado. Están demorando el progreso moviendo el foco de la discusión mientras nuestros competidores avanzan y nos toman de ejemplo", declaró el funcionario en diálogo con Bache3000.

Guzmán caracterizó la postura opositora como "oposición por la oposición misma" y la enmarcó en "relatos populistas que no dan de comer, no aportan mejoras ni generan trabajo". Apuntó también contra lo que llamó "maniobras subterráneas que solo contemplan el beneficio propio mientras hablan del común". Describió las tierras del Catedral como "una fuente de riqueza para desarrollar con los debidos parámetros el Centro de deportes invernales" y advirtió sobre los tiempos: "Tiempo que no hay".

"La competencia se frota las manos —en el País y en el exterior—, viendo como dilatamos decisiones cruciales mientras ellos nos tienen en el objetivo; antes para mirarnos y hoy para superarnos", cerró el secretario.

El proyecto de Costa Brutten será tratado en el Concejo Municipal en los próximos días. La iniciativa se apoya en la propia Carta Orgánica de Bariloche, que ya declara esas tierras como inalienables, por lo que el concejal sostiene que el municipio no tendría facultades legales para transferirlas bajo ninguna forma, incluido el fideicomiso que plantea el Ejecutivo en acuerdo con CAPSA.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el valor de esas tierras. El plan oficial contempla que el municipio recibiría como contraprestación diez dólares por metro cuadrado vendible, o el 8% del precio de venta final de cada lote. Para dimensionar esa cifra, Costa Brutten señala que el mercado inmobiliario actual ubica el valor del suelo en zonas comparables muy por encima de ese número: en Cerro Chico, entre 330 y 580 dólares el metro cuadrado; en la propia Villa Catedral, entre 250 y 350.

El Colegio de Arquitectos de Río Negro llegó a la misma conclusión: lo que el municipio recibiría representa menos del 6% del valor real de mercado que esas tierras tendrían una vez que se les asignen parámetros urbanísticos. Es decir, la suba de valor que genera la propia aprobación del plan quedaría casi en su totalidad en manos del desarrollador privado.

El debate está abierto.